Bloomberg — Un Tribunal Supremo de Estados Unidos dividido permitió al presidente Donald Trump reanudar el uso de una ley de guerra para tratar de deportar a presuntos miembros de bandas venezolanas, dando a la administración un impulso en un enfrentamiento de alto perfil sobre los límites del poder presidencial.
Concediendo una petición de emergencia de Trump en una votación de 5-4, los jueces anularon una orden de un tribunal inferior que había puesto en pausa las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros mientras continúa el litigio. La mayoría dijo que los detenidos deben tener la «oportunidad de impugnar su expulsión» ante los tribunales antes de ser deportados.
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En una opinión no firmada, el tribunal restó importancia a su decisión, diciendo que solo exigía que los detenidos impugnaran su deportación a través de un caso de habeas corpus presentado en la jurisdicción en la que están detenidos. La mayoría no abordó los argumentos de que muchas personas han sido deportadas sin tener la oportunidad de alegar que no son miembros de bandas.
La jueza Amy Coney Barrett se unió a los tres liberales en disidencia.
Trump ha hecho un uso sin precedentes de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley invocada anteriormente solo en la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La medida permite al presidente eludir la ley federal de inmigración para deportar a “enemigos extranjeros” cuando EE.UU. está involucrado en una guerra declarada o una nación extranjera ha iniciado o amenazado con una “invasión o incursión depredadora”.
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La administración ya ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a más de 130 presuntos miembros de la banda Tren de Aragua a una prisión de El Salvador el 15 de marzo, a pesar de que el juez de distrito estadounidense James Boasberg ordenó verbalmente a los dos aviones que transportaban a los venezolanos que dieran la vuelta en pleno vuelo. El juez está estudiando ahora si el gobierno violó sus órdenes.
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