Bloomberg — Walt Disney Co. (DIS) notificó a los empleados con sede en Florida que están perdiendo la residencia legal temporal en Estados Unidos que sus trabajos serán terminados el próximo mes después de que la Corte Suprema dictaminara el lunes que la administración Trump podría revocar las protecciones para 350.000 venezolanos.
La empresa envió un correo electrónico a los empleados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) el martes informando que habían sido colocados en una licencia sin goce de sueldo de 30 días a partir del 20 de mayo. Aquellos que no puedan proporcionar una nueva autorización de trabajo válida al final de la licencia serán despedidos, según la comunicación interna vista por Bloomberg.
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Un empleado venezolano bajo estatus TPS que trabajaba para un resort de Disney fue rechazado en las instalaciones cuando se presentó a trabajar el martes, dijo el trabajador, que pidió no ser identificado ya que se trata de información privada.
“Mientras resolvemos las complejidades de esta situación, hemos otorgado a los empleados afectados licencia con beneficios para garantizar que no infrinjan la ley”, declaró Disney en un correo electrónico. “Nos comprometemos a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos nuestros empleados y sus familias, y nuestros equipos de recursos humanos y legales asisten a los empleados que puedan estar abordando las cambiantes políticas de inmigración y cómo estas podrían afectarles a ellos o a sus familias”.
Unos 45 trabajadores están afectados, dijo la empresa.
La medida de Disney, con sede en Burbank, California, uno de los mayores empleadores de Florida, sigue a la decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración Trump ponga fin a las protecciones legales para los venezolanos bajo el TPS, despojándolos del derecho a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos y abriendo a muchos de ellos a la perspectiva de la deportación.
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Los derechos de los migrantes venezolanos se han convertido en un tema recurrente en la Corte Suprema. El viernes, los magistrados extendieron una orden que impide al gobierno usar una ley de guerra para enviar a unos 176 presuntos pandilleros venezolanos a una conocida prisión salvadoreña.
La última decisión permite al Departamento de Seguridad Nacional cancelar una extensión del TPS que la administración Biden implementó justo antes de dejar el cargo. La medida afectará a más de la mitad de los 600.000 venezolanos que actualmente están cubiertos por el programa. Otros permanecerán bajo estatus de protección hasta septiembre.
Un juez federal de California celebrará una audiencia la próxima semana sobre el caso que impugna los planes de la administración Trump de cancelar el TPS para los venezolanos. El juez federal de distrito Ed Chen había bloqueado previamente la eliminación de las protecciones, argumentando que la justificación del gobierno “carece por completo de respaldo probatorio”.
El fallo de la Corte Suprema no abordó los méritos de la demanda original, pero dio permiso al gobierno para poner fin al programa mientras continúa el litigio.
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Hay aproximadamente 360.000 personas con estatus de TPS en Florida, el 60% de las cuales son de Venezuela. El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a los migrantes de países que experimentan conflictos armados, desastres ambientales u otras catástrofes.
Actualmente, ciudadanos de 17 países están cubiertos por el programa. Venezuela se agregó a la lista en 2021, tras un período de colapso económico y político bajo el presidente Nicolás Maduro.
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