Bloomberg — La administración Trump y California se enfrentaron el lunes en los tribunales al inicio de un juicio de tres días sobre la decisión del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional y a los marines en Los Ángeles.
Trump envió a las tropas a la segunda área metropolitana más grande del país en junio para hacer frente a las protestas contra las detenciones de inmigrantes, en contra de los deseos del gobernador Gavin Newsom. La mayoría de las tropas han sido retiradas, pero un fallo a favor de California podría obstaculizar la capacidad del presidente para responder a emergencias domésticas, argumenta el gobierno.
Apenas unas horas antes de que comenzara el juicio, Trump anunció que desplegaría a la Guardia Nacional en Washington DC, para reprimir lo que calificó de delincuencia fuera de control.
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El juez de distrito estadounidense Charles Breyer en San Francisco está escuchando testimonios y argumentos legales para determinar si el despliegue violó la Ley Posse Comitatus, una ley federal que limita estrictamente la aplicación de leyes civiles por parte de miembros del ejército.
Trump desplegó unos 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenándoles que salieran a las calles bajo control federal. Trump también envió a unos 700 marines en servicio activo a la ciudad.
Los abogados de California presentaron pruebas e interrogaron a testigos el lunes, incluidos los oficiales militares que supervisaron el destacamento de marines y guardias. Los abogados mostraron publicaciones en las redes sociales con fotos y videos que, según ellos, mostraban a soldados del grupo operativo patrullando en el mismo terreno que agentes de la ley locales en situaciones en las que no había una amenaza clara por parte de los manifestantes.
El general de división Scott Sherman, comandante del Grupo Operativo 51, dijo que a las tropas federalizadas se les dijo que su responsabilidad era defender al personal y las instalaciones federales en la zona y que los soldados estaban autorizados a actuar en defensa si los miembros del público representaban una amenaza.
Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos demócratas, han argumentado que las tropas no eran necesarias y que su presencia exacerbó las tensiones. Newsom ha dicho que las tropas fueron desviadas de tareas más importantes, como la extinción de incendios forestales y la ayuda en la lucha contra el contrabando de drogas en la frontera con México.
“La ciudad no se sentía peligrosa. Pero, ¿es esa una decisión que deba tomar yo?”. dijo Jon Michaels, profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, antes del juicio. “¿Es esa una decisión que deba tomar Gavin Newsom? ¿Es una decisión que debe tomar el juez Breyer? ¿O depende de los funcionarios federales? Quien en última instancia tome esa decisión dictará cómo saldrá este caso”.
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A principios de este año, Breyer ordenó a Trump que devolviera la Guardia Nacional al control de Newsom, pero un tribunal federal de apelaciones de San Francisco suspendió la orden, dictaminando que Trump probablemente había actuado dentro de la ley.
En Washington, Trump dijo el lunes que tomaría el control del Departamento de Policía Metropolitana y desplegaría 800 efectivos de la Guardia Nacional. Pintó un cuadro de pesadilla de una capital que ha sido “invadida” por “criminales sedientos de sangre” y “turbas errantes de jóvenes salvajes” que chocaba directamente con las estadísticas que muestran una caída en picado de los índices de criminalidad.
‘Gran importancia’
Breyer dijo que en el transcurso de los procedimientos de esta semana evaluará si las tropas federales fueron utilizadas ilegalmente para actividades tradicionales de aplicación de la ley y, de ser así, si existe el riesgo de que vuelva a ocurrir.
“Ahora que el presidente Trump habla cada vez más de utilizar tropas para hacer cumplir la ley, este juicio tiene una gran importancia”, dijo en una entrevista Erwin Chemerinsky, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.
Una victoria de Trump podría verse como una luz verde para que los presidentes empleen unilateralmente a los militares para vigilar a los ciudadanos dentro de EE.UU.
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La administración Trump ha argumentado que el presidente tiene un poder amplio y unilateral para federalizar a la Guardia Nacional cuando determine que hay una “rebelión” o “invasión” o cuando las “fuerzas regulares” son incapaces de hacer cumplir la ley. Un abogado del Estado ha calificado de “aterradora” la perspectiva de que un presidente pueda ordenar la entrada de tropas en ciudades estadounidenses sin revisión judicial.
El caso podría ser decidido en última instancia por el Tribunal Supremo de EE.UU., mucho después de que las tropas hayan abandonado Los Ángeles. Casi todas han sido retiradas ya, y solo queda un pequeño contingente para montar guardia en algunas instalaciones federales.
El caso es Newsom contra Trump, 25-cv-04870, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Norte de California (San Francisco).
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