Bloomberg Línea — Mientras que la administración estadounidense del presidente Donald Trump suavizó las críticas hacia El Salvador en materia de derechos humanos, endureció su postura respecto a Brasil, donde consideró que hubo un “deterioro” en esta cuestión durante 2024.
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó el 12 de agosto su informe anual de Prácticas de los Países sobre los Derechos Humanos. Lo llamativo no solamente fue que lo presentara con varios meses de retraso —usualmente era difundido entre abril y junio—, sino un giro en comparación con los reportes de la era Biden, al parecer, a favor de sus nuevos aliados.
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Acerca de El Salvador, por ejemplo, el reporte consigna que no “hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos” y, además, evita ahondar en las condiciones de cárceles como el CECOT, cuestionadas incluso por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), que evidencian casos de tortura y desaparición forzada.
En el apartado dedicado al país centroamericano, que es 75% menor en comparación con el último informe de la administración Biden, por el contrario, se le reconoce la baja en los indicadores de violencia entre pandillas.
“Se mantuvieron en un mínimo histórico durante el estado de excepción, ya que las detenciones masivas reprimieron la actividad de las pandillas”, dice el reporte publicado el martes.
El cambio de postura frente a El Salvador no es gratuito, toda vez que Nayib Bukele ha sido el único presidente latinoamericano recibido por Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca durante su segundo mandato, con quien estrechó sus lazos al recibir 252 migrantes venezolanos provenientes de EE.UU., supuestamente vinculados con el Tren de Aragua.

El politólogo e internacionalista Manuel Camilo González dice a Bloomberg Línea que hay una “intención discursiva de dividir la región en dos mitades”, entre aliados de Estados Unidos y aquellos que no lo son.
“Una de las formas de hacerlo es utilizar este tipo de informes para deslegitimar la autoridad de gobiernos que no se pliegan a las demandas o simplemente sus funcionarios son vistos con hostilidad, como el caso de Brasil”, dice González.
En contraste, se aplaude a gobiernos alineados con la administración Trump, según el experto, “recompensando su posición, pasando por alto los lunares en derechos humanos en nombre de la seguridad nacional, como el caso salvadoreño”.
González añade que la importancia de este tipo de informes radica en que son tenidos en cuenta a la hora de aprobar el paquete de ayuda exterior en los comités y plenos del Congreso de Estados Unidos.
“Fabricar este tipo de realidad puede incidir en los legisladores para aprobar recortes, mantener o, por el contrario, aumentar las ayudas como un mecanismo de apoyo a los Gobiernos amigos de la administración Trump”, reseña.
EE.UU. habla de “deterioro” en Brasil
El Departamento de Estado de EE.UU. aseguró que la “situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró durante 2024″.
A juicio de la administración Trump, los tribunales de Brasil atentaron contra “la libertad y expresión en internet” bloqueando la red social X, de la cual es propietario Elon Musk, mientras que el Gobierno “socavó el debate democrático al restringir el acceso a contenido en línea reprimiendo desproporcionadamente la expresión de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro”.
Brasil es en este momento el país de la región que más fisurada tiene la relación con EE.UU., que en la primera semana de agosto incrementó los aranceles al 50% al gigante sudamericano, argumentando que supuestamente orquesta una “caza de brujas” contra Jair Bolsonaro, viejo aliado de Trump, a quien la justicia le ordenó prisión domiciliaria.
El politólogo e internacionalista Gabriel Clavijo dice a Bloomberg Línea que la posición de EE.UU. evidencia que Trump, más que como jefe de Estado, piensa “como un empresario que antepone sus intereses personales” y prioriza a “quienes considera sus amigos, como Bolsonaro”.
“Trump piensa la política internacional en términos de lo bueno, que sería lo que él representa, y lo malo, que es lo que lo contraviene”, dice el experto. “En ese sentido, va a tener cierta deferencia a quienes piensan como él”.
Clavijo también explica que, en todo caso, cualquier informe, dependiendo de quién lo elabore, siempre va a haber una inclinación hacia uno u otro lado. “Dentro de las relaciones internacionales no hay nada totalmente impoluto”, agrega.
¿Qué dice el informe sobre Venezuela?
EE.UU., que hace unos días aumentó a US$50 millones la recompensa por Nicolás Maduro, a quien señala de liderar el grupo narcotraficante Cártel de los Soles, sostuvo que la situación de los derechos humanos en Venezuela empeoró significativamente.
“A lo largo del año, y en particular tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, Nicolás Maduro y sus representantes cometieron graves abusos contra los derechos humanos”, dice el reporte del Departamento de Estado.
Pese a los cuestionamientos de Trump a Maduro, su administración negoció con Venezuela la liberación de rehenes de estadounidenses y presos políticos a cambio de la deportación de quienes estaban detenidos en el CECOT de El Salvador. Y recientemente permitió que la petrolera estadounidense Chevron Corp. (CVX) retome su producción en el país caribeño.
Además, Estados Unidos ha dejado sin muchas opciones a quienes huyen del régimen, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW).

La directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, dice a Bloomberg Línea que Trump no ha tenido una estrategia clara frente a Venezuela, “ni siquiera una con la que uno pueda estar en desacuerdo”.
“Personas que salieron de Venezuela huyendo porque habían recogido las actas luego del fraude electoral de hace un año y que tenían citas para presentarse en los centros de movilidad segura en Colombia, son luego desactivados por la administración Trump y con sus citas canceladas”, dice Goebertus.
“Estas personas, que se dedicaron a defender la democracia y tenían supuestamente el respaldo de Estados Unidos para hacerlo, se quedaron absolutamente abandonados y sin protección alguna”, añade.
Y el resto de la región, ¿qué?
El informe anual de Prácticas de los Países sobre los Derechos Humanos establece que en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos durante el año”.
En contraste, dice que en Ecuador los “secuestros y la extorsión por parte de grupos criminales aumentaron”, y añade que “entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen denuncias fidedignas de ejecuciones arbitrarias o ilícitas”.
Menciona, además, que el “Gobierno adoptó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios responsables de abusos contra los derechos humanos”.
Por otra parte, acerca de Haití, sostiene que “la situación de los derechos humanos empeoró significativamente durante el año debido a la falta de capacidad del Estado para proteger a los civiles de la creciente violencia de las pandillas”.
La violación de derechos humanos también se recrudeció en Nicaragua, donde “el Gobierno intensificó los ataques a las libertades civiles y también violó la libertad religiosa”, documenta el Departamento de Estado de EE.UU.
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