Bloomberg — Una jueza federal expresó repetidamente el viernes su frustración por el hecho de que la administración Trump no haya respondido a sus preguntas sobre lo que está haciendo para facilitar el regreso de un residente de Maryland deportado por error a una tristemente célebre prisión en su El Salvador natal.
La jueza de distrito estadounidense Paula Xinis celebró una audiencia para presionar a los abogados del Departamento de Justicia sobre si el Gobierno puede invocar privilegios legales para evitar responder a preguntas sobre sus esfuerzos para traer de vuelta a Estados Unidos a Kilmar Abrego García.
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La jueza está presionando a la administración del presidente Donald Trump para que cumpla con una orden del Tribunal Supremo de EE.UU. del 10 de abril para “facilitar” el regreso de Ábrego García. Xinis lleva semanas expresando su frustración por no haber sido devuelto a EE.UU., mientras que el caso ha llegado a simbolizar el desdén de Trump por los tribunales en medio de las deportaciones masivas del presidente.
Los funcionarios de inmigración admitieron que Ábrego García fue deportado erróneamente el 15 de marzo, pero Trump y sus principales asesores afirmaron que no pueden traerlo de vuelta. En los últimos días, argumentaron que los privilegios de “secreto de Estado” y “proceso deliberativo” les impiden responder a las preguntas de los abogados de Ábrego García.
El viernes, el Tribunal Supremo de EE.UU. impidió que la administración Trump utilizara una ley de guerra para enviar a unos 176 venezolanos a la prisión salvadoreña, culpando al gobierno de no haber avisado adecuadamente a los hombres sobre sus planes de deportación.
En la audiencia, Xinis dijo que las deposiciones presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional no respondían a las preguntas que el juez había planteado sobre la facilitación del regreso de Ábrego García.
“No pueden decirme que las deposiciones que he leído son un esfuerzo de buena fe”, dijo Xinis en el tribunal federal de Greenbelt, Maryland.
La jueza también dijo que no puede evaluar la afirmación estadounidense del privilegio de los secretos de Estado, incluso por parte del secretario de Estado Marco Rubio, porque el gobierno no le ha dado suficiente información para determinar si existe un peligro razonable para los asuntos exteriores.
A última hora del viernes, Xinis emitió una orden escrita en la que ordenaba al gobierno que diera una explicación más completa de por qué cree que el privilegio de los secretos de Estado le permite retener información sobre el acuerdo con El Salvador para retener a los detenidos estadounidenses. El juez también accedió a la petición de los abogados de Ábrego García de interrogar bajo juramento a otros tres funcionarios de la administración sobre el caso.
Algo que revisar
“Tengo que tener algo que revisar”, dijo Xinis durante la vista. “De lo contrario se deja al capricho del poder ejecutivo que me diga cuándo se deben cortar las pruebas en un caso y tampoco podemos tener eso”.
El abogado del Departamento de Justicia Jonathan Guynn protestó, diciendo que el gobierno había proporcionado amplia información sobre cada una de las preguntas planteadas por el juez. Pero el abogado de Ábrego García, Andrew Rossman, dijo que hay “cero pruebas” en el expediente de que el gobierno esté cumpliendo las órdenes del tribunal.
“Una vida está en la balanza”, dijo Rossman. “El debido proceso está en la balanza”.
Xinis había puesto en pausa el caso el 23 de abril, después de que la administración Trump dijera que había entablado “conversaciones diplomáticas apropiadas” con El Salvador sobre Abrego García.
En ese momento, eso marcó un cambio dramático en la posición después de que Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habían dicho previamente que no tenían poder para devolver a Abrego García a Estados Unidos. Trump dijo más tarde en una entrevista con la NBC el 4 de mayo que tenía el poder de traer de vuelta a Ábrego García pero que no lo haría porque sus asesores no le habían dicho que debía hacerlo.
Ábrego García fue deportado el 15 de marzo a pesar de que una orden judicial de 2019 decía que no podía ser enviado a su país natal.
La administración dice que Ábrego García es miembro de la banda MS-13 y un delincuente peligroso, pero nunca fue acusado de un delito y niega ser miembro de una banda. Inicialmente fue recluido en el tristemente célebre Centro de Confinamiento para el Terrorismo de El Salvador, pero posteriormente fue trasladado a otro centro.
Xinis había dado a EE.UU. dos semanas para responder a amplias preguntas en una demanda presentada por Ábrego García sobre lo que estaba haciendo para facilitar su regreso. La administración Trump presentó una moción de emergencia para detener ese descubrimiento, pero el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU. denegó su solicitud en una opinión ampulosa de un juez conservador.
“El gobierno está afirmando un derecho a esconder a residentes de este país en prisiones extranjeras sin la apariencia del debido proceso que es la base de nuestro orden constitucional”, escribió el juez J. Harvie Wilkinson el 17 de abril. “Afirma en esencia que porque se ha librado de la custodia no hay nada que hacer. Esto debería resultar chocante no sólo para los jueces, sino para el sentido intuitivo de la libertad que los estadounidenses alejados de los juzgados siguen apreciando.”
Wilkinson también dijo que EE.UU. había despreciado “no tan sutilmente” al Tribunal Supremo al adoptar una definición estrecha de “facilitar” que el gobierno veía como algo parecido a no hacer “esencialmente nada”. Más bien, dijo, era un “verbo activo” que requería que “se tomaran medidas”.
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En un caso de Washington, un juez está sopesando si tiene el poder de ordenar a la administración Trump que busque el regreso de más de 100 venezolanos deportados a la prisión de El Salvador al mismo tiempo que Abrego García, incluso cuando el juez ordenó verbalmente que dos aviones dieran la vuelta.
El caso de Maryland es Abrego García contra Noem, 25-cv-00951, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Maryland. El caso de Washington es J.G.G. contra Trump, 25-cv-766, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Columbia.
Con ayuda de Robert Burnson.
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