Bloomberg Línea — El Gobierno estadounidense anuló una decisión de la administración anterior de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Haití por 18 meses, anunció este jueves la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.
Como parte de esta medida, que cumple la promesa del presidente Donald Trump “de rescindir las políticas que eran imanes para la inmigración ilegal e inconsistentes con la ley”, el TPS de Haití finalizará el domingo 3 de agosto de 2025, en lugar de febrero de 2026.
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El estatus, anunciado por primera vez en 2010 tras el devastador terremoto, protegía a unos 500.000 haitianos de la deportación, lo que significa que ahora están en riesgo de perder sus permisos de trabajo y podrían ser elegibles para ser expulsados del país en agosto.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene la facultad de designar un país para el TPS si existen condiciones excepcionales y temporales, como un conflicto armado, un desastre ambiental u otras circunstancias extraordinarias, lo que permite a los extranjeros residir temporalmente en EE.UU.
Según la actual administración, “durante décadas, el sistema TPS ha sido explotado y abusado”, con cada extensión de la designación del TPS de Haití “ se permitió que más ciudadanos, incluso aquellos que ingresaron ilegalmente a los EE.UU., calificaran para el estatus de protección legal”.
En mayo de 2011, el DHS estimó que 57.000 haitianos eran elegibles para registrarse en el TPS. Para agosto de 2021, esa cifra aumentó a 155.000 bajo una nueva designación y para julio de 2024, la estimación alcanzó los 520.694.
Noem dijo que el expresidente Joe Biden y ex subsecretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, “intentaron atar las manos de la administración Trump al extender el TPS de Haití por 18 meses, mucho más de lo justificado o necesario”.
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La decisión genera incertidumbre debido a que el país caribeño continúa al borde de un colapso violento liderado por pandillas armadas.
El mes pasado, la titular del DHS rescindió de manera similar la extensión del TPS de Venezuela de la administración anterior, que amparada a 350.000 personas. Aún no hay claridad sobre qué tan pronto podrían ser deportados una vez expiren sus protecciones.
