Bloomberg — El Departamento de Justicia de EE.UU. instó a un juez a rechazar las declaraciones de funcionarios salvadoreños que sugieren que la administración Trump mantuvo la autoridad legal sobre los migrantes venezolanos que envió a una prisión salvadoreña.
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Las declaraciones de El Salvador se incluyeron en un informe de la ONU divulgado a principios de este mes por abogados que buscan el retorno de algunos migrantes. En abril, El Salvador declaró ante un grupo de derechos humanos de la ONU que “la jurisdicción y la responsabilidad legal” sobre los detenidos “recaen exclusivamente” en Estados Unidos en virtud de un acuerdo entre ambos países.
Pero los abogados del gobierno estadounidense argumentaron en una presentación judicial el lunes que las declaraciones de El Salvador son anticuadas, poco fiables y carecen de contexto. Dijeron que el Departamento de Estado de EE.UU. concluyó que El Salvador había “actuado en general de forma coherente” con el entendimiento de que los detenidos están exclusivamente bajo la custodia de ese país. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses también indicaron que puede haber un malentendido o incluso tergiversaciones intencionadas por parte de algunos dentro de ese gobierno sobre el acuerdo.
Los opositores a la administración sostienen que el informe de la ONU demuestra que la administración engañó a los jueces que supervisan las demandas en las que se alega que algunas de las deportaciones fueron ilegales o se dirigieron a personas por error. Los funcionarios estadounidenses afirman que no tienen la custodia ni el control sobre los detenidos en virtud de un acuerdo con El Salvador, lo que complica su capacidad para traer de vuelta a los migrantes incluso si así se lo ordenan los tribunales.
“Una presentación de hace tres meses de un funcionario salvadoreño no identificado, modificada por el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, no puede superar las declaraciones juradas de altos funcionarios del Departamento de Estado de que Estados Unidos ‘no retiene la custodia, constructiva o de otro tipo, sobre los individuos deportados’”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
El gobierno citó un cable del Departamento de Estado de mayo en el que se afirmaba que “‘[c]iertos elementos dentro del gobierno salvadoreño’ pueden no haber ‘captado el mensaje o están diciendo deshonestamente a terceros que Estados Unidos retiene algún tipo de autoridad en la toma de decisiones, quizás para desviar la responsabilidad o evitar decisiones difíciles’”.
El gobierno pidió a un juez que archivara bajo sello el pasaje sobre las tensiones en el seno del gobierno salvadoreño, citando la preocupación de causar “un daño significativo a los intereses de relaciones exteriores de Estados Unidos”. Sin embargo, el documento estaba disponible públicamente en el sumario del tribunal con el texto aún accesible.
Los portavoces del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del Departamento de Estado respondió que no hacen comentarios sobre litigios pendientes.
Representantes de la oficina del presidente de El Salvador y del Ministerio de Asuntos Exteriores no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
El controvertido informe de la ONU se elaboró como parte de una investigación sobre las acusaciones de que El Salvador era responsable de la desaparición de personas enviadas a sus prisiones desde Estados Unidos en marzo. El Salvador negó haber actuado mal y envió respuestas al grupo de trabajo de la ONU en abril, afirmando que EEUU seguía siendo legalmente responsable de los detenidos.
En su presentación judicial del lunes, el Departamento de Justicia dijo que las declaraciones de El Salvador en el informe aparecían “copiadas y modificadas con elipsis” y que no estaba claro si se referían a la autoridad legal sobre la expulsión de los migrantes de EEUU, en contraposición a su detención en curso en El Salvador.
El informe de la ONU no se hizo público hasta que los abogados de un grupo de migrantes que demandan a la administración lo presentaron ante los tribunales a principios de este mes. Eso hizo que los jueces de varios juicios relacionados con migrantes enviados a El Salvador pidieran al gobierno que lo abordara.
El caso es J.O.P. contra el Departamento de Seguridad Nacional, 19-cv-1944, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Maryland (Greenbelt).
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