Bloomberg — El IRS puede compartir datos de los contribuyentes con funcionarios federales de inmigración solo en casos que involucren a inmigrantes con órdenes de deportación definitivas o investigaciones criminales en curso, según un acuerdo recientemente desvelado entre los departamentos del Tesoro y de Seguridad Nacional.
El memorando de 13 páginas, firmado en abril por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se hizo público el martes por orden de un tribunal federal de Washington. Permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas solicitar registros fiscales en virtud de una sección del código tributario que permite revelaciones limitadas para asuntos penales no fiscales.
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Aunque el memorándum no especifica qué casos penales no fiscales pueden acogerse a la medida, sí especifica otras normas. Para obtener los datos del IRS, el ICE debe facilitar el nombre, la dirección y la fecha de la orden de deportación, y está obligado a salvaguardar toda la información recibida.
Al aceptar compartir los datos de los contribuyentes, el IRS está dando un paso sin precedentes que rompe con las garantías de larga data de que dicha información no se utilizaría para ayudar en la aplicación de la ley de inmigración. Melanie Krause dimitió como comisionada en funciones del IRS el mes pasado mientras se ultimaba el acuerdo de intercambio de datos.
Un juez federal ordenó el lunes que el acuerdo IRS-ICE, en su mayor parte redactado, fuera “desclasificado casi en su totalidad” en respuesta a una petición del grupo de vigilancia American Oversight. En el mismo fallo, el juez denegó una solicitud de dos grupos de defensa de los inmigrantes con sede en Chicago para bloquear el acuerdo de intercambio de datos, alegando que carecían de legitimación para impugnarlo.
Durante décadas se ha animado a los inmigrantes a pagar impuestos sobre la renta independientemente de su estatus. En 1996, el IRS creó un número de identificación de contribuyente individual para los extranjeros que no tienen derecho a un número de la Seguridad Social, lo que les permite presentar declaraciones.
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La administración Trump, como parte de un esfuerzo más amplio para poner en marcha su prometido esfuerzo de deportación masiva, ha reinstaurado un sistema de registro de inmigrantes de la era de la Segunda Guerra Mundial y ha prometido multar y acusar penalmente a quienes se encuentren en EE.UU. sin permiso y no se registren.
La Casa Blanca ha argumentado que los datos son necesarios para ayudar a los agentes del ICE a confirmar la presencia continuada de extranjeros concretos que viven ilegalmente en EE UU. Una portavoz del DHS ha defendido repetidamente el acuerdo, argumentando que la administración está utilizando todas las herramientas disponibles para ayudar a encontrar a los inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso.
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