Bloomberg — El Pentágono dijo el miércoles que 10 migrantes indocumentados han sido transportados a sus instalaciones de detención en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el último esfuerzo de la administración Trump para demostrar su uso agresivo de los militares para hacer cumplir las restricciones de inmigración.
El anuncio se produce después de que Trump ordenara la semana pasada a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que ampliaran la capacidad de detención en la estación naval, con el objetivo de poder albergar en última instancia hasta 30.000 personas.
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El Departamento de Defensa se refirió a los detenidos en un comunicado como “extranjeros ilegales de alta amenaza”, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que son miembros de la banda Tren de Aragua, originaria de Venezuela.
ICE se ha negado a proporcionar más detalles, incluidos nombres, países de origen y condenas o cargos penales pendientes. La administración no ha dicho por qué se necesitan las instalaciones de la Bahía de Guantánamo para albergar a ciertos migrantes.
“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está tomando esta medida para garantizar la detención segura y protegida de estos individuos hasta que puedan ser transportados a su país de origen u otro destino apropiado”, dijo el Pentágono en el comunicado.
El presidente Donald Trump y su gabinete, en particular la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han intensificado las muestras públicas de aplicación de la ley de inmigración, incluidas redadas dirigidas a inmigrantes indocumentados con condenas penales y el despliegue de unidades militares a lo largo de la frontera sur.
La base naval de la Bahía de Guantánamo se ha utilizado durante mucho tiempo como centro de detención temporal para un pequeño número de inmigrantes capturados en el mar. En 1991, el presidente George H.W. Bush la utilizó para alojar temporalmente a miles de refugiados haitianos que huían de ese país por mar.
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Las instalaciones militares de detención de la isla también se utilizaron para alojar a sospechosos relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre y a otras personas implicadas en la Guerra Mundial contra el Terrorismo, medidas que el gobierno ha argumentado que eran necesarias para la seguridad nacional pero que, según los críticos, estaban diseñadas para negarles el debido proceso. Los defensores de los inmigrantes han planteado preocupaciones similares sobre el uso de las instalaciones y la posible denegación de ciertas protecciones legales.
La administración Trump también ha estado negociando con gobiernos latinoamericanos para que acepten deportados. El miércoles, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, dijo al secretario de Estado Marco Rubio, que estaba de visita, que el país estaría dispuesto a ser un denominado tercer país seguro y a aceptar a los no guatemaltecos deportados de EE.UU. A principios de esta semana, El Salvador llegó a un acuerdo similar, que incluye la retención de ciudadanos estadounidenses condenados en su sistema penitenciario.
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