Bloomberg — El presidente Donald Trump pidió que se pusiera fin a un programa bipartidista de subvenciones a semiconductores de US$52.000 millones que ha estimulado más de US$400.000 millones en inversiones de empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) e Intel Corp. (INTC).
“La Ley de Chips es algo horrible”, dijo el presidente en un discurso en horario de máxima audiencia ante el Congreso el martes. Trump imploró al presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, que “se deshiciera” de la legislación y utilizara “lo que quede” para “reducir la deuda o cualquier otra razón que desee”.
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Sus comentarios fueron recibidos con aplausos en una cámara que hace menos de tres años aprobó la Ley de Chips y Ciencia de forma bipartidista. El vicepresidente JD Vance, cuyo estado natal de Ohio ganó un enorme proyecto de Intel gracias a la ley, se puso de pie para mostrar su apoyo a su revocación.
La Ley de Chips es una de las incursiones más importantes de EE.UU. en la política industrial en más de una generación. Reservó US$39.000 millones en subvenciones, además de préstamos y exenciones fiscales del 25%, para revitalizar la fabricación estadounidense de semiconductores, así como US$11.000 millones para investigación y desarrollo de chips. El objetivo es reducir la dependencia de Asia para los diminutos componentes electrónicos que impulsan todo, desde microondas hasta misiles.
Demócratas y republicanos han promocionado la Ley de Protección de la Industria Nacional como crucial para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, y Trump podría tener dificultades para conseguir los votos necesarios para derogarla. Decenas de legisladores republicanos votaron a favor de la medida, y muchos distritos republicanos han ganado fábricas u otros proyectos apoyados por la ley.
Trump ha expresado su apoyo al objetivo general de impulsar la fabricación nacional de chips, pero ha ridiculizado constantemente la Ley de Chips como medio para lograrlo. En su lugar, el presidente ha pedido aranceles para impulsar la inversión en Estados Unidos, y ha señalado que los gravámenes a la importación de chips podrían llegar el próximo mes, sin ofrecer más detalles. El lunes, atribuyó la amenaza de esos aranceles a la decisión de TSMC de invertir US$100.000 millones adicionales en Estados Unidos.
Trump volvió a promocionar la inversión de TSMC el martes, citando una cifra de US$165.000 millones que también incluye los compromisos anteriores de la empresa. La empresa anunció inicialmente planes para invertir US$12.000 millones en Arizona durante la primera administración de Trump, y aumentó esa promesa a US$65.000 millones (para tres fábricas) bajo Biden. La empresa está en condiciones de ganar US$6.600 millones en subvenciones de la Ley de Chips para apoyar esas tres instalaciones, en virtud de un acuerdo alcanzado durante el mandato de Biden.
“No les estamos dando dinero”, dijo Trump a los legisladores el martes. No está claro si se refería al apoyo del gobierno a la última promesa de US$100.000 millones de TSMC, que no formaba parte de su concesión de la Ley de Chips, o si está amenazando con retirar los incentivos a los que el gobierno de EE.UU. ya se ha comprometido. TSMC se negó a hacer comentarios.
TSMC es una de las 20 empresas que alcanzaron acuerdos vinculantes para el apoyo de la Ley de Chips antes de que Biden dejara el cargo. Los acuerdos, que representan más del 85% de los incentivos a la fabricación disponibles en el marco del programa, están diseñados para apoyar a instalaciones de vanguardia de empresas como TSMC, Intel, Samsung Electronics Co. y Micron Technology Inc. (MU), así como a fábricas de generaciones anteriores de empresas como GlobalFoundries Inc. (GFS) y Texas Instruments Inc. (TXN).
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En términos generales, las empresas han considerado que esos acuerdos son inquebrantables, independientemente de quién esté en el cargo. Pero a algunas empresas les preocupa que la administración Trump pueda tratar de modificar los términos, según ha informado Bloomberg.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha dicho que no puede comprometerse a cumplir los contratos existentes sin revisarlos primero. Pero más allá de eso, sus intenciones para el programa siguen sin estar claras. Hasta ahora, sus preguntas al personal actual para el esfuerzo se han centrado en la justificación de las decisiones de adjudicación y en la autoridad legal del gobierno para recuperar el dinero, ha informado Bloomberg.
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