Bloomberg — La administración Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee la orden de un juez que exige que el gobierno notifique a las personas con 10 días de anticipación y les dé la oportunidad de objetar antes de que sean deportadas a un llamado tercer país.
La solicitud de emergencia se deriva de un caso ante un juez federal de Massachusetts, quien la semana pasada dijo que la administración violó su orden anterior al intentar enviar a un grupo de migrantes condenados por delitos a Sudán del Sur.
Este es el último enfrentamiento en la Corte Suprema que pone a prueba los límites de la facultad del gobierno para deportar a personas a lugares hostiles o potencialmente peligrosos con mínima antelación. El alto tribunal ha dictaminado que la administración debe conceder a las personas un “plazo razonable” para impugnar sus deportaciones, pero no ha especificado exactamente qué significa eso.
La nueva presentación se refiere a los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional para deportar a personas a lugares distintos de su país de origen o a un país alternativo ordenado por un juez de inmigración.
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El procurador general de EE.UU., D. John Sauer, dijo al Tribunal Supremo que el caso implica a “algunos de los peores extranjeros ilegales”, personas que cometieron crímenes tan atroces que sus países de origen no los aceptan de vuelta. Sauer dijo que la orden del juez de distrito estadounidense Brian Murphy “perturba delicados esfuerzos diplomáticos, de política exterior y de seguridad nacional”.
Murphy dictaminó el 18 de abril que un grupo de hombres no podía ser deportado sin tener la oportunidad de impugnar el destino elegido por el gobierno.
Los hombres “simplemente están pidiendo que se les diga que van a ser deportados a un nuevo país antes de que sean llevados a tal país, y que se les dé la oportunidad de explicar por qué tal deportación probablemente resultará en su persecución, tortura y/o muerte”, escribió Murphy. “Este pequeño mínimo de proceso está ordenado por la Constitución de los Estados Unidos”.
El caso se encuentra entre un creciente número de instancias de jueces que encuentran que los funcionarios estadounidenses no cumplieron plenamente con las órdenes judiciales derivadas de las políticas de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump.
En una orden posterior emitida el 26 de mayo, Murphy afirmó que la administración violó su decisión anterior al “apresurarse a embarcar a seis miembros de la clase en un avión con destino a la inestable Sudán del Sur”. Añadió que los migrantes recibieron menos de un día de aviso antes de ser embarcados.
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Esos seis forman parte de un grupo de ocho delincuentes convictos a los que los jueces federales de inmigración habían ordenado deportar y a los que los funcionarios de inmigración estadounidenses dijeron que serían enviados a Sudán del Sur. Uno de los hombres es de Sudán del Sur y el gobierno ha dicho que otro hombre, que es de Myanmar, será finalmente deportado a su país de origen.
Aunque el avión tenía como destino inicial Sudán del Sur, aterrizó en Yibuti después de que Murphy bloqueara temporalmente su traslado mientras el vuelo estaba en el aire.
Murphy ha ordenado que los seis hombres restantes, entre ellos un ciudadano mexicano y dos cubanos, permanezcan bajo custodia estadounidense hasta que hayan tenido la oportunidad de hablar con un abogado y oponerse a su deportación a Sudán del Sur.
El caso es Departamento de Seguridad Nacional de EEUU contra D.V.D., 24A1153.
Con la colaboración de Zoe Tillman y Alicia A. Caldwell.
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