Bloomberg — La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que Harvard y otras universidades podrían recuperar parte de la financiación federal recortada por la administración Trump si cambian sus políticas.
“Mi objetivo sería que si los colegios y universidades acatan las leyes de Estados Unidos y hacen lo que esperamos de ellos, que puedan esperar programas financiados por los contribuyentes”, dijo la secretaria en un evento de Bloomberg News el martes.
McMahon dijo que la administración estaba “progresando en algunas de las discusiones” con Harvard, a pesar de las continuas luchas legales.
El secretario dijo que los fondos federales tienen un papel que desempeñar en la investigación académica.
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“Creo que si consideramos nuestra investigación como para el bien público, que creo que es lo que se pretende, entonces los contribuyentes están dispuestos a que sus impuestos apoyen ese tipo de investigación realmente buena. Y por eso estoy segura de que eso continuará en el ámbito universitario”, afirmó.
El presidente Donald Trump ha congelado más de US$2.600 millones en fondos federales para investigación a Harvard, la universidad más rica y antigua de EE.UU., y ha tomado medidas para cancelar sus contratos federales. La administración ha presentado esas acciones como parte de un esfuerzo para erradicar el antisemitismo en el campus.
Harvard ha llevado su lucha a los tribunales con dos demandas contra la administración, impugnando tanto la pérdida de financiación federal como la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de revocar su licencia para admitir estudiantes internacionales.
La administración pidió a la universidad que compartiera sus registros sobre la mala conducta de los estudiantes internacionales en el campus, pero dice que la universidad no ha ofrecido suficiente información para satisfacer sus peticiones. Un juez impidió temporalmente que el gobierno prohibiera la entrada en EE.UU. a sus estudiantes e investigadores extranjeros. Se programó otra audiencia para el 16 de junio.
El secretario dijo que se han barajado los decretos de consentimiento como herramienta para resolver las preocupaciones de la administración con las universidades, refiriéndose a un acuerdo legal vinculante que podría poner a las escuelas bajo la observación de un monitor ordenado por un tribunal.
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La Universidad de Columbia negó previamente un informe del Wall Street Journal que decía que la escuela estaba discutiendo una propuesta de decreto de consentimiento, diciendo que se basaba “enteramente en rumores y no tiene mérito”.
Trump ha criticado sistemáticamente a Harvard desde que asumió el cargo, criticando sus supuestos sesgos izquierdistas y sus prácticas de contratación y admisión. Ha reflexionado sobre la necesidad de canalizar su financiación federal a las escuelas de formación profesional y ha pedido que se le retire su exención de impuestos.
]El presidente ha dicho recientemente que la escuela, con sede en Massachusetts, estaba “empezando a comportarse”.
Un grupo de 18 universidades respaldó la demanda de Harvard contra el gobierno por el financiamiento federal para investigación, argumentando que los despidos “causan un grave daño” a las universidades. Harvard ha rechazado las exigencias de la administración para implementar la “diversidad de puntos de vista” en sus procesos de contratación y admisión. Los conservadores han argumentado desde hace tiempo que los campus de élite no fomentan entornos donde sus perspectivas sean representadas o bien recibidas.
Columbia, que ha perdido unos US$400 millones en fondos federales, no se adhirió notablemente al argumento del “amigo del tribunal”.
También ha visto amenazado su estatus de acreditación, ya que la administración notificó al acreditador de la escuela que había considerado que Columbia violaba el Título XI.
El estado de acreditación de otras universidades también podría verse sometido a escrutinio, según el secretario. “Estamos examinando la acreditación en general de las universidades, porque ha habido algunas quejas al respecto”, dijo McMahon. “Es como un verdadero monopolio en algunas áreas”, continuó, señalando que la American Bar Association acredita a la mayoría de las facultades de derecho.
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Préstamos estudiantiles
Como parte del esfuerzo de Trump por cerrar el Departamento de Educación, que el Partido Republicano ha tachado durante mucho tiempo de agencia innecesaria, el presidente ordenó inicialmente a la Administración de Pequeñas Empresas que se hiciera cargo de la gestión de la enorme cartera de préstamos federales del Gobierno, valorada en más de un billón de dólares.
McMahon sugirió que una transición a la SBA, la agencia que ella dirigió previamente durante el primer mandato de Trump, todavía estaba en discusión. “Todo eso sigue siendo parte de la discusión. No es una asignación de ninguna manera”, dijo McMahon, señalando que el Tesoro ha reanudado recientemente de forma generalizada el cobro de los préstamos estudiantiles después de que se levantara el alivio de la era de la pandemia.
Los senadores del Partido Republicano debaten actualmente un megaproyecto de ley que contiene varios cambios en el sistema federal de préstamos estudiantiles que serían aplicados por el Departamento de Educación. Las medidas restringirían las becas Pell para prestatarios de bajos ingresos a aquellos matriculados en al menos 15 horas de crédito al semestre, frente a las 12 horas de crédito. También eliminaría gradualmente los préstamos subvencionados para estudiantes universitarios y los llamados préstamos Grad PLUS.
Si se aprueba, el proyecto de ley pondría topes a las ayudas federales a los estudiantes basados en el cálculo del Departamento de Educación del costo medio de asistencia a nivel nacional para el programa o campo de estudio elegido por un estudiante. McMahon dijo que su agencia “definitivamente” haría públicas esas cifras.
Los cambios en el proyecto de ley probablemente se adelantarían a un proceso de elaboración de normas que McMahon inició en abril para renovar los planes de reembolso del gobierno basados en los ingresos para los prestatarios de préstamos estudiantiles. Trump también ha ordenado a la agencia que elimine la elegibilidad para la condonación de préstamos del servicio público a los empleados de organizaciones sin ánimo de lucro que practiquen la “discriminación ilegal” o violen las leyes de inmigración.
Con la ayuda de Hadriana Lowenkron y Stephanie Lai.
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