Bloomberg — Un juez federal presionó duramente a la administración Trump sobre su autoridad para desplegar la Guardia Nacional de California para responder a las protestas en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador del estado.
“Hablamos del presidente ejerciendo su autoridad, y el presidente, por supuesto, está limitado a ella”, declaró el juez federal de distrito Charles Breyer durante una audiencia el jueves en San Francisco. “Esa es la diferencia entre un gobierno constitucional y el rey Jorge”.
Breyer hizo repetidas referencias a las monarquías y señaló a “este pequeño libro llamado Constitución” mientras interrogaba a un abogado del Departamento de Justicia sobre la decisión del presidente Donald Trump de activar miles de tropas de la Guardia Nacional después de que las manifestaciones callejeras por las redadas de inmigración en la segunda ciudad más grande del país se tornaran violentas durante el fin de semana.
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El presidente emitió una proclama el 7 de junio afirmando que las protestas son una “forma de rebelión contra la autoridad del gobierno de los Estados Unidos”.
Los abogados del gobernador Gavin Newsom y de California están instando a Breyer a que limite temporalmente el papel de los militares a la protección de la propiedad y el personal federales, y deje estrictamente en manos de las fuerzas de seguridad locales la vigilancia de las protestas. Breyer no se pronunció inmediatamente pero prometió emitir una decisión “muy pronto”.
Breyer, un juez de alto rango que es hermano del juez retirado de la Corte Suprema Stephen Breyer, se mostró escéptico cuando el abogado del Departamento de Justicia Brett Shumate argumentó que el presidente tiene el poder de “federalizar” unilateralmente a la Guardia Nacional bajo la ley estadounidense.
“El estatuto dice que las órdenes para estos fines, es decir, la federalización de la guardia nacional, deberán ser emitidas -dice deberán, no podrán, podrían- deberán ser emitidas a través de los gobiernos de los estados”, dijo el juez.
El abogado del Departamento de Justicia argumentó que la ley federal permite al propio presidente evaluar si una “rebelión” o “invasión” justifica la activación de la guardia - y que esta decisión no puede ser revisada por los tribunales.
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“Este estatuto exuda deferencia hacia el presidente y los juicios que puede emitir”, dijo Shumate.
Breyer desafió la noción de que Trump tiene total discreción.
“Mi pregunta para usted es: ¿Qué autoridad tiene para esa proposición?”, dijo el juez.
Los abogados de California citaron preocupaciones sobre las implicaciones constitucionales más amplias del enfoque de la administración. Argumentaron que la decisión del presidente de desplegar a la Guardia Nacional en las calles de una ciudad civil siempre que perciba desobediencia a una orden es “una concepción expansiva y peligrosa del poder ejecutivo federal”.
“La versión del poder ejecutivo para vigilar comunidades civiles que el gobierno está avanzando es de un alcance impresionante”, dijo a Breyer Nicholas Green, abogado del Estado. “No hay límites”.
La disputa ha dividido a otros líderes estatales. Un grupo de fiscales generales demócratas de 18 estados, incluido Nueva York, se hizo eco de las preocupaciones de California de que el despliegue era inconstitucional. Mientras tanto, 19 estados y el territorio de Guam expresaron su apoyo a la decisión de la administración Trump de desplegar la Guardia Nacional sin el consentimiento de California.
El caso es Newsom contra Trump, 25-cv-04870, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Norte de California (San Francisco).
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