Bloomberg — Un juez retrasó temporalmente la fecha límite del 6 de febrero para que millones de trabajadores federales decidan si aceptan la oferta de la administración Trump de renunciar con la promesa de meses de salario completo, mientras avanza una pelea sobre la legalidad del impulso de la compra.
El juez de distrito estadounidense George O’Toole anunció en una breve audiencia el jueves que bloquearía la aplicación de la oferta por parte de la administración hasta que celebre otra conferencia el 10 de febrero sobre una paralización a más largo plazo. O’Toole, que se encuentra en Boston, dijo que impedía a los funcionarios estadounidenses llevar a cabo la directiva para dar tiempo a una “consideración adecuada” de las cuestiones.
Los empleados federales recibirán una notificación formal de la orden del juez, según confirmó un abogado del Departamento de Justicia estadounidense durante la vista. El juez no escuchó argumentos sobre el fondo de la lucha legal.
Lea más: ¿Qué hay detrás de las órdenes arancelarias de Trump a Canadá, México y China?
Más de 50.000 empleados, que representan alrededor del 2% de la plantilla, se habían apuntado a la oferta de dimisión antes de la fecha límite del 6 de febrero, según una persona familiarizada con la situación que no estaba autorizada a discutirla públicamente. En los próximos días, las agencias seguirán tramitando las notificaciones de dimisión presentadas por los trabajadores que reúnan los requisitos para acogerse al programa, dijo la persona.
Un portavoz de la Oficina de Gestión de Personal no respondió a una solicitud de comentarios.
“Nos complace que el tribunal haya suspendido temporalmente este plazo mientras se escuchan los argumentos sobre la legalidad del programa de renuncia diferida”, dijo en un comunicado Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, uno de los sindicatos que presentaron la demanda. “Seguimos creyendo que este programa viola la ley, y continuaremos defendiendo agresivamente los derechos de nuestros miembros”.
Los empleados federales recibieron la oferta el 28 de enero a través de un correo electrónico, haciéndose eco de un memorando similar que Elon Musk, el CEO de Tesla Inc. CEO que dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, envió a los empleados de la plataforma de medios sociales Twitter después de que la comprara y la rebautizara como X. El mensaje decía que los empleados estadounidenses que aceptaran la oferta no tendrían que seguir desempeñando su trabajo y mantendrían su salario y sus prestaciones hasta septiembre. Incluía un lenguaje que los sindicatos describieron como “amenazas apenas veladas” de ser despedidos si no dimitían.
Vea más: DOGE, liderado por Elon Musk, detendrá pagos del Tesoro a contratistas estadounidenses.
Los sindicatos sostienen que la administración provocó un "caos absoluto" al intentar importar "el cuestionable modelo de negocio del sector privado de Musk al gobierno federal". Argumentaron que la oferta de dimisión era un pretexto para eliminar puestos en las agencias federales y rellenarlos con nuevos contratados "sobre una base ideológica". Dijeron que la directiva era una medida ilegalmente "arbitraria y caprichosa" de la OPM y que prometía una paga que el Congreso no había autorizado en un presupuesto el pasado mes de marzo.
Los demandantes argumentaron que era necesario un aplazamiento temporal porque se verían “irreparablemente perjudicados por los impactos duraderos de la elección apresurada y mal informada que la Directiva Fork ha impuesto a sus miembros: mientras los demandantes gastan recursos que no se pueden recuperar tratando de ayudar a sus miembros a entender el ultimátum siempre cambiante de la OPM, se ven frustrados en el asesoramiento a los miembros por falta de información consistente y corren el riesgo de perder miembros en cantidades significativas”.
Con la colaboración de Gregory Korte.
Lea más en Bloomberg.com
