Bloomberg — Un juez federal rechazó una solicitud de organizaciones de defensa de los inmigrantes para bloquear una norma de la administración Trump que exige a millones de inmigrantes que se registren ante el gobierno federal.
El juez Trevor N. McFadden, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, consideró que los demandantes no habían establecido la probabilidad de legitimación para impugnar la norma del registro. El requisito de registro, que entra en vigor el viernes, da a la administración Trump otra herramienta para promulgar su agenda de deportación masiva.
En una demanda presentada el mes pasado, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y la Unión de Campesinos argumentaron que la regulación del Departamento de Seguridad Nacional violó los requisitos de notificación y comentario bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
El DHS emitió el mandato de registro como una regla final provisional el 12 de marzo, citando un estatuto de la era de la Segunda Guerra Mundial que requiere que ciertos inmigrantes se registren o corran el riesgo de ser procesados.
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McFadden, una persona designada por Trump, consideró que los perjuicios citados por los demandantes eran especulativos. Ellos “no han logrado demostrar que el mero requisito de acatar la ley, incluso si es cierto que la regulación que la acompaña burló los requisitos de procedimiento cuando fue promulgada, constituye un perjuicio concreto a efectos de legitimación”, escribió en una orden memorándum.
En un discurso en una conferencia sobre seguridad fronteriza el martes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la administración Trump usaría todas las leyes disponibles para ayudar a los funcionarios a llevar a cabo el prometido plan de deportación masiva del presidente, incluida la Ley de Registro de Extranjeros de la era de la Segunda Guerra Mundial. Esa ley dice que los inmigrantes en el país por más de 30 días sin autorización deben registrarse con el gobierno federal o ser acusados penalmente, dijo.
“Podemos entrar y sacarle de su casa y deportarle fuera de este país”, dijo Noem.
Cualquiera que no se registre también se enfrentará a multas diarias de hasta US$1.000, añadió.
Nicholas Espíritu, subdirector legal del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo en un comunicado que los inmigrantes afectados por la norma deberían consultar a un abogado sobre las consecuencias de registrarse o no.
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“Este decepcionante fallo desafortunadamente significa que el esquema de Trump para forzar a la gente a una elección imposible entre registrarse y arriesgarse a la deportación inmediata, o negarse y enfrentar sanciones, sigue adelante por ahora”, dijo Espíritu.
Los demandantes, entre los que también figuran Make the Road New York y CASA Inc., están representados por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, el Consejo Americano de Inmigración, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles y Derechos Humanos Robert F. Kennedy. El Departamento de Justicia representa al DHS.
Con ayuda de Alicia Caldwell
El caso es Coal. for Humane Immigrant Rights v. DHS, D.D.C., No. 1:25-cv-00943, 4/10/25.
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