Bloomberg — Un juez federal denegó una solicitud de la administración Trump de anular una orden temporal que prohibía nuevas deportaciones de pandilleros venezolanos acusados basándose únicamente en la Ley de Enemigos Extranjeros, lo que intensificó aún más el enfrentamiento entre los tribunales y la Casa Blanca.
El juez de distrito estadounidense James Boasberg en Washington dictaminó que su orden temporal seguirá en vigor, restringiendo dichas expulsiones hasta que los hombres tengan la oportunidad de impugnar si están relacionados con la banda Tren de Aragua. El fallo se produjo horas antes de que un tribunal federal de apelaciones escuche los argumentos sobre la cuestión.
“Cada uno niega vehementemente ser miembro del Tren de Aragua”, dijo el juez en un fallo el lunes. “De hecho, varios afirman que huyeron de Venezuela para escapar de las depredaciones del grupo, y temen graves consecuencias si son deportados únicamente por el etiquetado indiscutible del Gobierno”.
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El fallo es el último acontecimiento en una creciente desavenencia entre los poderes judicial y ejecutivo sobre el alcance del poder del presidente Donald Trump para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que se aplica cuando EE.UU. se encuentra en estado de “guerra declarada” o sufre una “invasión o incursión depredadora”. Después de que Boasberg emitiera sus TRO, Trump pidió la destitución del juez, lo que provocó una rara reprimenda al presidente por parte del presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts.
Boasberg ha criticado al gobierno por permitir que algunos acusados de pertenecer a bandas sean deportados a pesar de su fallo que los bloquea temporalmente, exigiendo respuestas sobre cuándo exactamente despegaron los aviones y por qué no dieron la vuelta. En su fallo del lunes, el juez dijo que la “inferencia más razonable” es que el gobierno “metió a la gente a toda prisa en esos aviones con la esperanza de eludir una orden judicial o quizá impedir que solicitaran la audiencia de habeas corpus a la que el gobierno reconoce ahora que tienen derecho”.
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Boasberg, sin embargo, dijo que la orden no impide a la administración Trump detener o deportar a presuntos miembros de la violenta banda Tren de Aragua en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad como miembros de una organización terrorista extranjera, o FTO.
“Los no ciudadanos que componen la clase ya están bajo custodia de Estados Unidos, y cualquier miembro real de Tren de Aragua ya está sujeto a deportación como miembro de una FTO, por lo que hay poco daño adicional al público al impedir temporalmente su expulsión”, escribió el juez.
Los abogados del Departamento de Justicia de EE.UU. han argumentado que la invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros no puede ser revisada por los tribunales, pero Boasberg dijo que no necesita resolver esa “espinosa cuestión” en esta etapa.
“Eso se debe a que es probable que los demandantes tengan éxito en otra teoría igualmente fundamental: antes de que puedan ser deportados, tienen derecho a audiencias individualizadas para determinar si la Ley se les aplica en absoluto”, dijo el juez.
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