Bloomberg — La administración del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que revierta su decisión de bloquear la deportación de venezolanos a una prisión notoria en El Salvador, argumentando que la orden temprana fue demasiado amplia y prematura.
En un escrito de 15 páginas, el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, dijo que los abogados de los detenidos se equivocaron al recurrir a los jueces sin dar tiempo a que los tribunales inferiores fallaran sobre las denuncias de que los hombres no habían recibido una oportunidad adecuada para impugnar su deportación en los tribunales.
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“Los tribunales inferiores no han encontrado hechos cruciales en este caso”, dijo Sauer, el principal abogado de la administración ante la Corte Suprema. “No ha habido una investigación sobre el momento, la naturaleza y la forma del aviso que el gobierno ha dado” a los detenidos.
La Corte Suprema intervino alrededor de la 1 a.m. del sábado en Washington después de que los detenidos presentaran solicitudes urgentes en cuatro tribunales para bloquear su deportación desde el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas. Los abogados de los hombres dijeron que los estaban subiendo a autobuses y les dijeron que serían deportados tan pronto como el viernes por la tarde. Los detenidos alegaron que se les dio un aviso, escrito solo en inglés, que no explicaba cómo podían impugnar su deportación ni cuánto tiempo tenían para hacerlo.
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La orden de la Corte Suprema prohíbe por ahora al gobierno utilizar una ley de tiempos de guerra para expulsar a los presuntos miembros de pandillas venezolanas. La corte dijo que la pausa aplica “hasta nuevo aviso de este tribunal”, lo que indica que los jueces tomarán medidas adicionales ahora que la administración Trump ha presentado su respuesta.
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito discrepaban, con Alito diciendo que emitirá una opinión sobre el asunto más adelante.
Este enfrentamiento marca una nueva escalada en la campaña de Trump para eludir al poder judicial federal. El mes pasado, Trump envió a más de 200 presuntos miembros de pandillas a la prisión salvadoreña, incluso cuando un juez ordenó verbalmente que dos aviones regresaran.
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La Corte Suprema dijo el 7 de abril que los acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua deben tener un “tiempo razonable” para impugnar su deportación en un tribunal federal. Muchos de los detenidos dicen que no son miembros de pandillas y sostienen que Trump no puede deportarlos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley que anteriormente solo se había utilizado en tiempos de guerra. La Corte Suprema aún no ha resuelto si el uso de esa ley por parte de Trump es legal.
Sauer dijo que, al menos, el tribunal debería aclarar que su orden no impide al gobierno deportar a personas utilizando otras herramientas legales, incluidas las leyes de inmigración del país.
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