Bloomberg — La administración Trump busca adjudicar un contrato por hasta US$25 millones para realizar pruebas de ADN a familias en proceso de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
La iniciativa coincide con un fuerte aumento en las detenciones de inmigrantes dentro del país, incluyendo personas en audiencias judiciales, estudiantes de secundaria y familias con hijos ciudadanos estadounidenses, grupos que históricamente no habían sido blanco del ICE. El miércoles, CNN informó que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la agencia ha separado a unos 500 niños de sus hogares mediante llamados “controles de bienestar”.
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A mediados de mayo, la agencia firmó un contrato con SNA International LLC, empresa fundada tras los atentados del 11 de septiembre para identificar restos humanos en catástrofes. El 23 de mayo, Bode Cellmark Forensics Inc. presentó una protesta ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) impugnando la adjudicación, que no fue abierta a otros competidores. ICE suspendió la ejecución del contrato el 27 de mayo tras la queja, según un comunicado.
Defensores de derechos civiles temen que dar al ICE la capacidad de realizar pruebas de ADN a familias facilite la separación de niños de sus cuidadores. La semana pasada, el senador Jon Ossoff, un demócrata de Georgia, expresó “grave preocupación” en una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por incidentes recientes de separaciones.
“Al basarse en lazos sanguíneos, es muy probable que se separen cuidadores, como padrinos y madrinas, de los niños”, señaló Matthew Guariglia, analista sénior de la Electronic Frontier Foundation. Esta organización ya demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por no revelar datos sobre sus pruebas rápidas de ADN en la frontera. “Las familias son mucho más complejas de lo que este régimen quiere hacer creer”.
Alertas
Guariglia y otros activistas advierten que los datos genéticos recolectados podrían utilizarse para otros fines, como investigaciones penales. La semana pasada, Wired informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha analizado ADN de cientos de miles de personas, incluidos 133.539 menores, entre octubre de 2020 y finales de 2024, y que estos datos se almacenan indefinidamente en un sistema creado originalmente para delincuentes violentos.
“Lo que realmente quieren hacer es construir una enorme base de datos genéticos”, dijo Guariglia.
Tras confirmar la suspensión del contrato, un portavoz del ICE no respondió preguntas sobre si las pruebas podrían derivar en separaciones familiares o si sus resultados podrían ser impugnados. Un vocero de SNA International declinó hacer comentarios y remitió las consultas al ICE.
En su sitio web, la SNA afirma estar “liderando la implementación del ADN rápido para prevenir la trata de personas, promover la inmigración legal, reunir familias tras desastres e identificar amenazas a la nación”. Bode no respondió a solicitudes de comentarios.
ICE asignó US$6,2 millones al contrato con SNA, pero el valor total podría llegar a US$25 millones, según los términos. La protesta de Bode ante la GAO no es pública. La decisión se espera para el 2 de septiembre.
No es la primera vez que ICE contrata a privados para realizar pruebas rápidas de ADN a familias inmigrantes. En mayo de 2019, durante la primera presidencia de Trump, la agencia lanzó un programa piloto para verificar vínculos familiares, luego extendido con un contrato de US$5,2 millones a Bode, entonces filial de Labcorp Holdings Inc. (LH). En ese momento, ICE afirmaba que el ADN servía para detectar “relaciones fraudulentas” durante detenciones, tras informes de trata de menores.
En 2021, ICE transfirió el programa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que desplegó pruebas rápidas en 18 lugares del país. Ese año, una evaluación de privacidad del DHS estableció que los adultos debían dar su consentimiento informado en formularios disponibles en español, portugués y otros idiomas. La administración Biden puso fin al uso de pruebas de ADN para verificación familiar en 2023.
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Un informe del Centro de Derecho, Privacidad y Tecnología de Georgetown reveló que muchas personas entrevistadas no sabían que se les tomaba ADN o creían que se trataba de una prueba de covid-19. Otras aceptaron “bajo amenaza de enjuiciamiento penal”, según el documento. Esta semana, el centro demandó al DHS por no responder a una solicitud de información pública sobre la recolección y conservación de muestras genéticas de no ciudadanos.
“La recopilación masiva de estos datos deja la puerta abierta al abuso”, advirtió Emerald Tse, autora del informe. “No deberían conservar esas muestras de ADN indefinidamente”.
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