Bloomberg Línea — Con siete sentencias de muerte firmadas por el gobernador Ron DeSantis en lo que de 2025, Florida está en camino de establecer un récord para el número de ejecuciones en un año, según registros de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, por sus siglas en inglés), una organización no partidista de individuos y grupos unidos para abolir la Pena de Muerte en el estado.
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Esa cifra representa la mayor cantidad avalada por un gobernador de Florida desde 1984 y 2014, cuando Bob Graham y el actual senador Rick Scott, firmaron, respectivamente, ocho ejecuciones.
El aumento de ejecuciones se da en medio de lo que los críticos sostienen que es una expansión inconstitucional de la pena de muerte en Florida por parte del gobernador republicano y los legisladores estatales.
En 2023, DeSantis firmó leyes que hacen que ciertos casos de violación infantil sean elegibles para la pena de muerte y permiten que jurados no unánimes recomienden sentencias de muerte.
Además, se está a la espera de su firma de un proyecto de ley aprobado por la Legislatura controlada por los republicanos que convertiría ciertos delitos de tráfico sexual en delitos capitales.
Varias de esas leyes violan precedentes de larga data de la Corte Suprema de Estados Unidos, como el el caso Kennedy v. Louisiana, en la que se dictaminó que el castigo máximo “no debe ampliarse a los casos en que no se haya quitado la vida a la víctima”, según explica el medio especializado Axios.
Asimismo, el 13 de febrero, DeSantis promulgó otro proyecto de ley que ordena la pena de muerte para los inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales.
¿Qué dice la ley?
Las SB 2-C y SB 4-C establecen varias sanciones penales nuevas, incluyendo una disposición en la SB 4-C que requiere que los tribunales impongan la pena de muerte a cualquier inmigrante indocumentado “que sea condenado o declarado culpable de un delito capital”, como asesinato en primer grado, en Florida.
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En la práctica, si un inmigrante indocumentado es condenado por asesinato en primer grado en Florida, bajo la nueva ley SB 4-C, el juez estaría obligado a imponerle la pena de muerte, independientemente de otras circunstancias, siempre que no sea anulada en los tribunales.
Sin embargo, se espera que esta disposición sea impugnada en los tribunales, en virtud del caso Woodson v. North Carolina (1976), que sostiene que la pena de muerte obligatoria para las personas condenadas por asesinato en primer grado violaba la Octava Enmienda.
La SB 4-C también convierte en delito menor de primer grado que los inmigrantes indocumentados de 18 años de edad o más ingresen o intenten ingresar a Florida “a sabiendas”. Las SB 2-C y SB 4-C aumentan las penas de todos los delitos menores cometidos por inmigrantes indocumentados.
Bajo la SB 2-C, los inmigrantes indocumentados que votan o ayudan a los no ciudadanos a votar pueden ser acusados de un delito grave de tercer grado.
Proyectos similares que se discuten en Texas
En paralelo, en Texas, legisladores republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado han presentado proyectos de ley que permitirían al Gobierno federal solicitar la pena de muerte para los inmigrantes indocumentados condenados por asesinar a ciudadanos estadounidenses.
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Las propuestas se producen en respuesta a una serie de asesinatos de alto perfil presuntamente cometidos por inmigrantes indocumentados, incluido el de Jocelyn Nungaray en Houston, por el que dos venezolanos en situación irregular han sido acusados. Este caso, entre otros, ha sido citado con frecuencia por líderes republicanos como ejemplo de lo que consideran fallos sistémicos en la política migratoria.
Las leyes propuestas formalizarían la orden ejecutiva de Trump de “restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública”, que ordenó al Departamento de Justicia buscar la pena capital para todos los delitos federales que involucren a inmigrantes indocumentados acusados de asesinato o asesinato de agentes de la ley.
