Bloomberg — Texas y sus líderes republicanos pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que restableciera el mapa electoral del Congreso diseñado por el Partido Republicano, en un enfrentamiento que podría determinar qué partido controlará la Cámara de Representantes después de las elecciones de mitad de mandato del próximo año.
La solicitud de amparo se presentó días después de que un tribunal inferior dictaminara que el mapa, elaborado a petición del presidente Donald Trump, probablemente constituía una manipulación electoral racial inconstitucional. La decisión supuso un duro golpe para las esperanzas republicanas de obtener cinco nuevos escaños en Texas.
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Texas está tratando de bloquear el fallo del tribunal inferior mientras presenta una apelación ante el Tribunal Supremo. La concesión del recurso garantizaría probablemente que el nuevo mapa se utilice el próximo año cuando los republicanos intenten mantener o ampliar su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.
Texas informó a la Corte Suprema que el fallo “ha sumido las elecciones en el caos durante las últimas 72 horas”. Texas solicitó a la Corte Suprema que emitiera un fallo antes del 1 de diciembre, una semana antes de la fecha límite del 8 de diciembre para la presentación de candidaturas.
Según las prácticas habituales del tribunal, el asunto pasará al juez Samuel Alito, un conservador que se ocupa de los asuntos de emergencia de Texas. Alito puede actuar por su cuenta o remitir el asunto al pleno del tribunal de nueve miembros.
La inusual redistribución de distritos a mediados de la década en Texas desencadenó una lucha partidista en todo el país, impulsando a una docena de estados a redibujar sus mapas, o al menos a considerar la posibilidad de hacerlo. Los californianos votaron este mes para renovar las líneas de ese estado, cambiando potencialmente cinco escaños de la Cámara de Representantes al lado demócrata. El nuevo mapa de California está siendo impugnado en otro caso que podría llegar al Tribunal Supremo.
Mientras tanto, el alto tribunal delibera sobre un caso de Luisiana que podría limitar drásticamente el uso de la Ley del Derecho al Voto para crear distritos electorales predominantemente negros o hispanos. Un fallo a favor de los líderes republicanos de Luisiana eliminaría uno de los distritos congresuales de mayoría negra -y fuertemente demócrata- del estado y plantearía interrogantes sobre escaños similares en otros estados.
En el caso de Texas, un panel del tribunal federal de distrito dijo en una decisión de 2-1 el martes que los funcionarios estatales intentaron intencionadamente eliminar los llamados distritos de coalición -aquellos en los que dos o más razas minoritarias se combinan para constituir más del 50% de la población votante. El gobernador Greg Abbott convocó la redistribución de distritos dos días después de que el Departamento de Justicia enviara al estado una carta en la que afirmaba que los distritos de coalición eran inconstitucionales.
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“El gobernador ordenó explícitamente a la legislatura que redistribuyera los distritos en función de la raza”, escribió el juez de distrito estadounidense Jeffrey Brown, designado por Trump. El juez de distrito estadounidense David Guaderrama, designado por los demócratas, se unió a Brown en la mayoría.
El juez Jerry Smith, designado por el Partido Republicano para el Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos, emitió un duro voto particular disidente en el que afirmó que los principales beneficiarios de la decisión fueron el magnate liberal George Soros y el gobernador de California, Gavin Newsom, del Partido Demócrata. “Los claros perdedores son el pueblo de Texas y el estado de derecho”, escribió Smith.
Texas sostiene que revisó el mapa por razones políticas, no raciales. El Tribunal Supremo dictaminó en 2019 que los jueces federales no pueden desechar mapas por ser demasiado partidistas.
“Desde el principio, todos reconocieron que el propósito del esfuerzo de redistribución de distritos de Texas era la ventaja política republicana”, argumentó el estado.
El estado también argumenta que la decisión del tribunal inferior llegó demasiado tarde en el ciclo electoral para entrar en vigor. En una serie de decisiones de los últimos años, el Tribunal Supremo ha dicho que los jueces federales no deberían perturbar unas elecciones cambiando las normas electorales estatales en una fecha tardía.
El alto tribunal no ha detallado los parámetros exactos de ese principio, que ha llegado a conocerse como la doctrina Purcell debido a una decisión de 2006 con ese nombre.
Brown dijo en su dictamen que Purcell no era aplicable dado que la legislatura de Texas redibujó su mapa solo unas semanas antes de que se abriera el periodo de presentación de candidaturas.
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“Cualquier alteración que pudiera ocurrir aquí es atribuible a la legislatura, no al tribunal”, escribió Brown. “La legislatura —no el tribunal— estableció el calendario para esta orden judicial”.
El mapa está siendo impugnado por una coalición de grupos defensores del derecho al voto y de las minorías.
El caso es Abbott contra la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, 25a608.
Con la colaboración de Anna Edgerton, Madlin Mekelburg y Julie Fine.
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