Bloomberg — Un tribunal de apelaciones de EE.UU. respalda la orden de un juez que prohíbe temporalmente a los agentes de inmigración de la zona de Los Ángeles utilizar perfiles raciales para detener e interrogar a personas, lo que supone otro golpe a la represión de la administración Trump contra los migrantes.
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Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos denegó el viernes la solicitud del gobierno de pausar una orden de restricción temporal emitida por un juez estadounidense el 11 de julio que, según funcionarios de la administración, está obstaculizando la aplicación de la ley.
La decisión unánime significa que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas seguirán teniendo prohibida una serie de actividades de elaboración de perfiles en su intento de rastrear la región de Los Ángeles en busca de inmigrantes indocumentados. Eso incluye interrogar a individuos en lugares donde los inmigrantes suelen buscar jornaleros, como los aparcamientos de Home Depot.
Se produjo en una demanda de un grupo de residentes del sur de California, trabajadores y grupos de defensa que criticaron los esfuerzos del presidente Donald Trump para detener y deportar a millones de migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no devolvieron de inmediato los mensajes en busca de comentarios sobre el fallo.
“El fallo de hoy envía un poderoso mensaje: el gobierno no puede excusar una conducta ilegal apoyándose en perfiles raciales como herramienta de aplicación de la ley de inmigración”, dijo en un comunicado Mark Rosenbaum, abogado de los demandantes.
El panel del tribunal de apelaciones estaba formado por un juez nombrado por el ex presidente Joe Biden y dos por Bill Clinton. En una audiencia celebrada el 28 de julio, pusieron repetidamente en duda el argumento de los abogados del gobierno de que ese tipo de perfiles es legalmente permisible cuando se combina con la inteligencia reciente y la experiencia general de los agentes.
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Las recientes redadas van más allá de la práctica habitual de los agentes del ICE de identificar a personas concretas que han sido señaladas para su expulsión y seguirles la pista para detenerlas y deportarlas. Los individuos y grupos que demandaron dicen que la práctica viola las protecciones constitucionales contra el registro y la incautación irrazonables.
La orden temporal fue emitida por el juez de distrito estadounidense Maame Ewusi-Mensah Frimpong en Los Ángeles. El juez designado por Biden prohibió a los agentes de la zona de Los Ángeles detener e interrogar a personas sin tener sospechas razonables de que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. La orden prohíbe a los agentes basar sus sospechas en la raza, la etnia, el hecho de hablar español, hablar inglés con acento, el tipo de trabajo que realizan o el lugar donde se encuentran.
Trump ha argumentado que sus tácticas se ajustan a la autoridad constitucional del presidente para llevar a cabo la política de inmigración y que los votantes le eligieron para que cumpliera su promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
Los demandantes también buscan una medida cautelar más duradera que bloquee la supuesta conducta mientras avanza la demanda, lo que podría llevar meses o más. Un fallo sobre esa petición probablemente desencadenará una nueva apelación y, en última instancia, podría ser resuelto por el Tribunal Supremo de EE.UU.
La orden temporal también exigía al gobierno que garantizara que los detenidos tuvieran acceso a abogados, aunque el Departamento de Justicia no recurrió ese aspecto de la decisión.
El caso es Vásquez Perdomo contra Noem, 25-4312; Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Noveno Circuito (San Francisco).
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