Bloomberg — La administración Trump pidió al tribunal de comercio de Estados Unidos que rechace una demanda de pequeñas empresas que desafían los aranceles del presidente, argumentando que los jueces no tienen la autoridad para revisar la emergencia nacional que invocó para justificar los gravámenes.
Las empresas están cuestionando indebidamente la veracidad de la afirmación del presidente Donald Trump de una emergencia nacional, “invitando a una segunda evaluación judicial del juicio del presidente”, dijo el Departamento de Justicia en una presentación a última hora del martes en el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU.
Trump intenta eludir las acusaciones de que su guerra comercial se basa en una falsa emergencia y, por tanto, es ilegal. El republicano de 78 años emitió los aranceles tras afirmar en una orden ejecutiva que los déficits comerciales de EE.UU. se habían convertido en una gran amenaza para la seguridad nacional y la preparación militar.
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“El Congreso se designó a sí mismo -no al poder judicial- como el órgano encargado de supervisar las declaraciones de emergencia y la idoneidad de la respuesta del presidente”, afirmó el Gobierno.
La presentación se produce mientras Wall Street sigue tambaleándose por los gravámenes de Trump, así como por una serie de retrasos. Se espera que las interrupciones del suministro afecten a los consumidores estadounidenses en los próximos meses, sobre todo después de que EE.UU. elevara los gravámenes a China hasta el 145%.
¿Se avecina un enfrentamiento?
La demanda es una de las varias presentadas por grupos conservadores de defensa legal en nombre de las pequeñas empresas. Una medida cautelar supondría un importante revés para una de las políticas económicas emblemáticas de Trump y podría desencadenar otro enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial.
La demanda contra Trump y su administración se presentó a principios de este mes en respuesta a sus órdenes ejecutivas del “Día de la Liberación” por las que se establecían los aranceles. Las empresas argumentan que su uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles es inconstitucional y que la emergencia que declaró “es producto de su propia imaginación”.
La demanda refuerza la postura de Trump sobre el uso de la ley de emergencia, alegando su preocupación de que los déficits comerciales estadounidenses hayan comprometido la preparación militar y la postura de seguridad nacional del país. Cualquier intervención judicial en el asunto socavaría la capacidad del presidente para utilizar sus poderes en asuntos exteriores para proteger la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, según la demanda.
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El tribunal especializado en comercio de Nueva York ha asignado el desafío arancelario a un panel de tres jueces que incluye un juez nombrado por Trump, otro por Barack Obama y otro por Ronald Reagan. El panel rechazó la semana pasada una solicitud de las cinco pequeñas empresas representadas por el Liberty Justice Center para detener inmediatamente los aranceles de Trump, diciendo que las empresas no demostraron que los gravámenes les causarían un “daño inmediato e irreparable”.
Aun así, las empresas han pedido ahora una medida cautelar más duradera contra los aranceles y que se dicte una sentencia a su favor sin necesidad de juicio.
Un grupo de fiscales generales estatales demócratas también ha presentado una demanda ante el mismo tribunal. Un juez pidió a los estados que respondieran a la demanda del gobierno en la demanda de las pequeñas empresas antes del 7 de mayo, aunque no están obligados a hacerlo. La administración debe responder antes del 12 de mayo.
La administración está intentando transferir otros casos que fueron presentados en tribunales federales de distrito al Tribunal de Comercio Internacional, argumentando que este tiene “jurisdicción exclusiva” sobre las disputas arancelarias.
‘Opiniones personales’
EE.UU. dijo que la demanda de las empresas se basa en sus “opiniones personales sobre teoría económica” apoyadas en su concepción de un “consenso económico dominante”.
“Pero si eso es así es precisamente el tipo de juicio encomendado a las ramas políticas del gobierno”, dijo EEUU.
Y el gobierno dijo que el daño que los demandantes alegan por los aranceles es demasiado especulativo porque aún no han pagado los gravámenes.
Los abogados del Departamento de Justicia también argumentaron que si el tribunal de comercio concede una medida cautelar contra la administración, esta debería limitarse para que solo se aplique a los demandantes en el caso y no en todo el país. EE.UU. instó al tribunal a exigir a las empresas el pago de fianzas equivalentes al importe de los aranceles potenciales para poder continuar con su demanda si el caso sigue adelante.
El caso es V.O.S. Selections contra Donald J. Trump, 25-cv-00066, Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. (Manhattan).
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