Bloomberg — La administración Trump, decidida a recortar gastos en contratos gubernamentales, está ofreciendo pagar a los empleados federales hasta US$10.000 por ideas que conduzcan a ahorros verificados.
El Departamento del Tesoro, en un programa puesto en marcha el miércoles, pidió a los empleados de primera línea que presentaran propuestas para recortar o eliminar contratos en sus áreas. Si esas cancelaciones son aprobadas y verificadas por el Tesoro y la Administración de Servicios Generales, los empleados pueden recibir hasta el 1% del ahorro, con un tope de US$10.000 por acción contractual.
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Aunque el programa se limita actualmente a los empleados del Tesoro, el secretario Scott Bessent dijo que el modelo podría ampliarse a todo el gobierno.
“Estamos deseando trabajar con nuestros socios en toda la administración Trump para garantizar que cada dólar de los contribuyentes se gasta de forma inteligente y eficiente”, dijo en un comunicado.
La idea de aprovechar las ideas de los trabajadores federales para ahorrar dinero no es nueva. El expresidente Barack Obama también tenía un programa SAVE -su acrónimo significaba Asegurar el Valor y la Eficiencia de los Estadounidenses- que animaba a los empleados federales a presentar propuestas de ahorro.
No había recompensa en metálico -el único premio era una reunión con el presidente-, pero aun así la iniciativa produjo más de 38.000 ideas. Una de las ganadoras: poner fin al envío automático de copias impresas del Registro Federal a 8.000 empleados.
El nuevo programa está más centrado y se basa en la iniciativa de la GSA “Defender el gasto”, que instaba a las agencias a justificar el gasto en contratos de consultoría.
A principios de este año, la agencia central de contratación del gobierno procedió a rescindir los contratos “no esenciales” que solo producían informes o asesoramiento. También envió cartas a empresas como McKinsey & Co. y Boston Consulting Group exigiéndoles que demostraran que sus compromisos federales aportan un “auténtico valor” a los contribuyentes.
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El impulso al ahorro es un remanente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, cuyos esfuerzos se descentralizaron después de que el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, abandonara la iniciativa de la Casa Blanca en mayo.
El presidente Donald Trump firmó una orden en febrero que exige a las agencias revisar los pagos de contratos y subvenciones, ofrecer más transparencia en la contratación y congelar las tarjetas de crédito de los empleados a menos que estén específicamente autorizadas.
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