Bloomberg — La administración Trump ha solicitado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que mantenga la congelación de los fondos de ayuda exterior, una medida que podría significar que al menos parte de los miles de millones de dólares en juego en la batalla legal expirarán a finales de este mes.
La solicitud de emergencia presentada el lunes ante los jueces se produce tras una serie de derrotas recientes de la administración en tribunales inferiores. A finales de la semana pasada, un tribunal federal de apelaciones votó por 2 a 1 a favor de mantener la orden de un juez de distrito de Washington que exige al Departamento de Estado y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que se comprometan a gastar la ayuda, un proceso conocido como “obligación”.
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Al menos US$10.500 millones expirarán a finales del año fiscal, el 30 de septiembre, si las agencias no adoptan como mínimo planes sobre cómo utilizarlos, según la solicitud presentada por el Departamento de Justicia ante el Tribunal Supremo.
Los abogados del gobierno afirmaron que la administración tiene previsto comprometer US$6.500 millones antes de la fecha límite, lo que convierte la orden judicial en una “molestia innecesaria”, pero señalaron que se debería permitir a Trump seguir adelante con sus esfuerzos por recuperar aproximadamente US$4.000 millones.
Las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas que presentaron la demanda respondieron inmediatamente ante el Tribunal Supremo oponiéndose incluso a una breve pausa de la orden del tribunal inferior, dada la inminencia de la fecha límite.
Se trata de la última disputa de alto riesgo que llega al alto tribunal sobre el poder del presidente Donald Trump y los funcionarios del poder ejecutivo para ejercer un mayor control sobre cómo se utiliza el dinero aprobado por el Congreso. Una orden del Tribunal Supremo, incluso una breve directiva a través del expediente de emergencia del tribunal, podría, como mínimo, indicar cómo se inclina la mayoría conservadora del tribunal sobre el fondo de la disputa.
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La acción de la semana pasada del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de Washington D. C. no fue una decisión definitiva sobre la legalidad de los esfuerzos de Trump y otros funcionarios estadounidenses para recortar los fondos de ayuda exterior, que forma parte de una iniciativa más amplia de su administración para desmantelar la USAID y reducir drásticamente la participación de EE.UU. en el extranjero.
El juez federal Amir Ali dictaminó el 3 de septiembre que la negativa de la administración a gastar la ayuda probablemente violaba una ley estadounidense que regula la forma en que las agencias federales toman decisiones. Ali, nombrado por el expresidente Joe Biden, había suspendido anteriormente el bloqueo de la financiación en virtud de los principios de separación de poderes de la Constitución, pero cambió a otras reclamaciones después de que un panel dividido del tribunal de apelaciones anulara esa orden judicial.
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Poco antes de que se hiciera pública la decisión de Ali, Trump pidió al Congreso que recuperara más de US$4.000 millones en ayuda exterior que expiraba este año, según los documentos judiciales. El Departamento de Justicia afirmó en documentos judiciales anteriores que tiene “toda la intención de obligar” a retirar los fondos que expiran y que Trump no ha propuesto al Congreso.
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