Bloomberg — La administración Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk tener acceso a información sensible de la Seguridad Social, intensificando una lucha por la privacidad que podría afectar a millones de personas.
La administración está desafiando la orden de un juez federal de primera instancia que bloquea al DOGE el acceso total a la información de identificación personal en la base de datos de la Administración de la Seguridad Social. La orden de la juez de distrito estadounidense Ellen Lipton Hollander también exige a las personas afiliadas a la DOGE que “destruyan y borren” los datos que ya han adquirido.
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El gobierno dijo el viernes que el Tribunal Supremo debería levantar la orden de la juez con sede en Baltimore, restaurando el acceso de DOGE, mientras el Departamento de Justicia presenta una apelación. El equipo de Musk quiere tener acceso a los datos como parte del plan del presidente Donald Trump para eliminar lo que él afirma que son gastos superfluos en todo el gobierno federal.
Las órdenes de los tribunales inferiores habían impedido a la administración “llevar a cabo objetivos políticos clave en una importante agencia federal durante más de un mes”, escribió el procurador general de EE.UU., D. John Sauer, en la solicitud de emergencia.
“El gobierno no puede eliminar el despilfarro y el fraude si los tribunales de distrito impiden que el propio personal de la agencia con experiencia y la misión designada de poner freno a dicho despilfarro y fraude realice su trabajo”, escribió Sauer.
El Tribunal de Apelación del 4º Circuito de EE.UU. mantuvo la prohibición del DOGE en vigor el miércoles en una votación de 9-6. Escribiendo para siete miembros de la mayoría, el juez Robert Bruce King señaló las conclusiones de Hollander de que Trump pide a la Corte Suprema que DOGE tenga acceso a los datos de la Seguridad Social y podía realizar su trabajo en gran medida con datos anónimos y aleatorios.
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Los datos en disputa incluyen números de la Seguridad Social, direcciones, certificados de nacimiento y matrimonio, registros fiscales y de ingresos, historial laboral e información bancaria y de tarjetas de crédito.
“Toda esta información personal altamente sensible ha sido entregada durante mucho tiempo a la SSA por el pueblo estadounidense con todas las razones para creer que la información estaría ferozmente protegida”, escribió King.
El caso es Administración de la Seguridad Social contra Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condados, AFL-CIO, 24A1063, Tribunal Supremo de EE.UU.
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