Bloomberg — Un tribunal de apelaciones de EE.UU. denegó una moción de emergencia presentada por la administración Trump para detener los esfuerzos de un juez federal por facilitar el regreso de un hombre de Maryland deportado por error a una prisión de su país natal, El Salvador. La corte también dijo que la conducta del Departamento de Justicia era un atentado al “sentido de la libertad” de los estadounidenses.
En un dictamen contundente, un tribunal de apelación dijo que el Departamento de Justicia debe acatar la orden de la jueza federal Paula Xinis de que presente pruebas exhaustivas sobre por qué no ha solicitado el regreso de Kilmar Abrego García. Este fue deportado el 15 de marzo a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión a su país natal.
“El gobierno reivindica el derecho a recluir a residentes de este país en prisiones extranjeras sin un proceso justo, que es la base de nuestro orden constitucional”, escribió el jueves el juez Harvie Wilkinson, del Tribunal de Apelación del 4.º Circuito de EE.UU. “En esencia, afirma que, dado que ha cedido la custodia, no hay nada que pueda hacer. Esto debería ser impactante no solo para los jueces, sino también para el sentido de la libertad que todos los estadounidenses, incluso aquellos alejados de los tribunales, aún aprecian”.
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El 10 de abril, el Tribunal Supremo dictaminó que la administración Trump, que admitió que Abrego García fue deportado por un error administrativo, debe tomar medidas para “facilitar” su liberación de la custodia salvadoreña y su regreso a EE.UU. El alto tribunal confirmó en gran medida la orden anterior de Xinis de hacerlo.
Abogados del Departamento de Justicia han escrito que Xinis se extralimitó en su autoridad, que no se extiende a los asuntos exteriores. El presidente Donald Trump y otros miembros de su administración afirman que Abrego García es miembro de la pandilla MS-13. En su apelación del miércoles, EE.UU. afirmó que Xinis está actuando “al servicio de un miembro de una organización terrorista extranjera sin derecho válido a estar en Estados Unidos”.
Sin embargo, Wilkinson escribió que, independientemente de si Abrego García es miembro de la MS-13 o no, tiene derecho a un proceso legal con todas las garantías. También advirtió que la Administración Trump debe respetar la autoridad de los jueces.
“Si hoy el Ejecutivo reclama el derecho a deportar sin el debido proceso y sin tener en cuenta las órdenes judiciales, ¿qué garantía habrá mañana de que no deportará a ciudadanos estadounidenses y luego se negará a asumir la responsabilidad de traerlos de vuelta a casa?”, escribió Wilkinson. “¿Y qué garantía habrá de que el Ejecutivo no ejercerá sus amplios poderes discrecionales sobre sus enemigos políticos?”.
Wilkinson, autor de la opinión 3-0, fue nombrado juez del tribunal por el expresidente Ronald Reagan.
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Abrego García llegó a EE.UU. en 2011 para vivir con su familia y no tiene antecedentes penales ni en EE.UU. ni en El Salvador, según sus abogados. Vivía legalmente en Maryland antes de ser enviado el mes pasado con unos 250 presuntos miembros de pandillas al famoso Centro de Confinamiento por Terrorismo de El Salvador.
Un juez de inmigración dictaminó en 2019 que Abrego García no podía ser enviado a El Salvador porque se enfrentaba a una extorsión de una banda.
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