Bloomberg — La administración Trump se enfrenta a un nuevo desafío legal con su acuerdo con El Salvador para enviar a migrantes -y potencialmente a ciudadanos estadounidenses- a una megacárcel tristemente célebre por sus condiciones peligrosas e insalubres.
El caso, presentado ante un tribunal federal en Washington, es el primero que apunta directamente al acuerdo del Departamento de Estado de pagar millones de dólares para alojar a personas detenidas en Estados Unidos en el sistema penitenciario de El Salvador, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT.
Los grupos de defensa de los inmigrantes alegan que el acuerdo viola las leyes estadounidenses y secciones de la Constitución que protegen a las personas en Estados Unidos, incluso a las que carecen de estatus legal. La administración Trump ha enviado al menos a varios cientos de inmigrantes al CECOT, incluidos venezolanos designados como miembros de bandas elegibles para una expulsión rápida en virtud del uso por parte del presidente Donald Trump de una ley de poderes en tiempo de guerra raramente invocada.
“Desaparecer personas en sitios negros extranjeros es antiestadounidense”, dijo en un comunicado Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, uno de los grupos que presentó el caso. “No es política de inmigración: es un abuso de poder típico de regímenes autocráticos y una violación directa de la Constitución de Estados Unidos, de la ley federal y de los derechos humanos”.
Un portavoz del Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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Un juez federal de Washington dictaminó esta semana en un caso separado que las autoridades estadounidenses probablemente violaron los derechos de los venezolanos enviados al CECOT en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros a mediados de marzo y ordenó a la administración que encontrara una forma de dar a esos migrantes la oportunidad de impugnar su expulsión.
Las organizaciones de derechos humanos han condenado las condiciones del sistema penitenciario de El Salvador y, en concreto, dentro del CECOT. La última demanda señala que el Departamento de Estado también lo hizo en un informe de 2023 anterior al regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.
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Los grupos de defensa argumentan que el acuerdo del Departamento de Estado con El Salvador es ilegal en varios frentes, incluyendo que niega a los migrantes el debido proceso y el derecho a un abogado, utiliza fondos federales que el Congreso no ha apropiado, equivale a un “castigo cruel e inusual” y no protege a los ciudadanos estadounidenses de ser detenidos indefinidamente en violación de sus derechos.
El caso es Robert F. Kennedy Human Rights contra el Departamento de Estado, 25-cv-1774, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Columbia.
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