Bloomberg — Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que una lucha de rápido movimiento sobre el esfuerzo de la administración Trump para bloquear miles de millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso puede seguir adelante cuando una gran parte de los fondos están a punto de expirar.
El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de DC tomó medidas el jueves por la noche para enviar el caso de nuevo a un juez de Washington para que considere si debe detener la congelación de fondos sobre nuevas bases legales antes de que finalice el año fiscal el 30 de septiembre.
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Aproximadamente la mitad de los US$30.000 millones en ayuda exterior que están en juego están a punto de expirar después de esa fecha si el Departamento de Estado y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional no se comprometen con planes sobre cómo pueden gastarse, lo que se conoce como obligar.
El Departamento de Justicia ha dicho que necesita la certeza de los tribunales estadounidenses sobre lo que debe hacer con el dinero antes del 2 de septiembre para poder cumplir los plazos de notificación al Congreso y de negociación de acuerdos con los gobiernos extranjeros antes de la fecha límite del 30 de septiembre.
Es probable que la administración vuelva a impugnar cualquier orden futura que le obligue a utilizar un dinero que el presidente Donald Trump quiere recortar. Su administración ha cerrado de hecho la USAID y ha reducido drásticamente los programas de ayuda en todo el mundo.
Un portavoz del Departamento de Justicia y los abogados de los impugnadores no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
El caso de la financiación volverá ante el juez de distrito estadounidense Amir Ali, que anteriormente dictaminó que la negativa de la administración a gastar el dinero que el Congreso se había apropiado violaba los principios de separación de poderes de la Constitución.
Esta vez, varios jueces del Circuito del Distrito de Columbia escribieron en declaraciones separadas que Ali podría considerar si el bloqueo de la ayuda era inválido por otras razones, incluso en virtud de una ley que rige las acciones de las agencias conocida como Ley de Procedimiento Administrativo.
La administración había ganado la última ronda del caso, cuando un Circuito DC dividido en tres jueces dictaminó a principios de este mes que las demandas debían ser desestimadas porque las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas que las demandaron carecían de fundamentos jurídicos válidos. La opinión se centró en el análisis constitucional de Ali.
Pero esa decisión no entró en vigor inmediatamente. Los demandantes pidieron al pleno del Circuito de DC que reconsiderara el fallo. Mientras tanto, el Departamento de Justicia pidió al Tribunal Supremo de EE.UU. que interviniera y dejara claro que la orden judicial original de Ali no podía ejecutarse, una orden que permitiría que el dinero caducara.
Parte de la acción del Circuito DC el jueves incluyó la publicación de una versión revisada de la opinión anterior que ganó el gobierno y que eliminaba el lenguaje que excluía la posibilidad de otro tipo de reclamaciones.
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La jueza del Circuito DC Florence Pan, nominada por el ex presidente Joe Biden, escribió en una opinión separada que seguía en desacuerdo con la decisión anterior de la mayoría a favor de la administración. Sin embargo, escribió, este resultado “puede ser la forma más eficiente” para que los demandantes traten de salvar los fondos de expirar el próximo mes.
El pleno también podría reconsiderar la cuestión constitucional más adelante, escribió.
El caso es Consejo de Salud Global contra Trump, 25-5097, Tribunal de Apelaciones de EEUU, Circuito DC.
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