Bloomberg — Washington DC está solicitando a un tribunal federal que bloquee de inmediato el intento de la administración Trump de asumir el control de la fuerza policial de la ciudad, argumentando que la medida es ilegal y pone en riesgo la seguridad pública.
La demanda presentada este viernes por el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, se produce tras una escalada de tensiones entre las autoridades de la ciudad y el Departamento de Justicia por las acciones del presidente Donald Trump para tomar control del Departamento de Policía Metropolitana y desplegar cientos de tropas de la Guardia Nacional en la capital del país.
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La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, alegaba que Trump se excedió en la autoridad otorgada por el Congreso al tomar esas medidas. Las autoridades de la ciudad también pidieron este viernes a un juez que impida que el gobierno federal asuma el control de la policía metropolitana o emita nuevas órdenes. Una audiencia sobre el tema está fijada para las 2:00 p.m. hora local.
“Las acciones ilegales de la administración son una afrenta a la dignidad y la autonomía de los 700.000 estadounidenses que consideran DC su hogar”, declaró Schwalb en un comunicado emitido por la Fiscalía General de Washington. “Estamos luchando para detenerlo”.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
“La administración Trump tiene la autoridad legal para afirmar el control sobre la policía de DC, lo cual es necesario debido a la emergencia que ha surgido en la capital de nuestra nación como resultado de un liderazgo fallido”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.
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Trump citó una “emergencia criminal” al ejercer poderes presidenciales raramente utilizados para aumentar la presencia federal en los asuntos locales de Washington, a pesar de que los datos recientes -incluidos los del Departamento de Justicia- muestran un acusado descenso de los índices de criminalidad.
Más de 1.750 personas, incluidos miembros de la Guardia Nacional de Washington DC, participaron en una operación nocturna como parte de la orden ejecutiva de Trump, dijo un funcionario de la Casa Blanca. El barrido de varias agencias por Washington condujo a 33 arrestos, casi la mitad de ellos de personas en el país ilegalmente, dijo el funcionario.
Las tensiones entre los funcionarios de la ciudad y la fiscal general Pam Bondi estallaron el jueves cuando la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, y Schwalb rechazaron una orden de Bondi que despojaría a la jefa del Departamento de Policía Metropolitana de su autoridad y pondría a la agencia bajo control federal.
La directiva de Bondi nombraba al jefe de la Agencia Antidroga, Terrence Cole, “comisario de policía de emergencia”, lo que le otorgaba plenos poderes de jefe de policía de la ciudad. La misiva ordena a los líderes policiales de Washington que busquen la aprobación de Cole antes de emitir directivas, anula varias órdenes del departamento y ordena a los agentes que apliquen plenamente las leyes contra el bloqueo de calles y la ocupación de espacios públicos.
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En su orden, Bondi criticó las políticas de santuario de la ciudad por proteger a los delincuentes que están ilegalmente en EE.UU. “de las consecuencias de la ley federal”. La demanda del fiscal general de Washington DC advertía de que la orden de Bondi trastocaría la estructura de mando de la policía local y “sembraría el caos entre los más de 3.100 agentes que prestan servicio en el Distrito, poniendo en peligro la seguridad tanto del público como de los agentes del orden”.
Washington tiene una relación única con el gobierno federal. El Congreso aprobó una ley en 1973, conocida como Ley de Autonomía, que faculta a la ciudad para elegir a sus propios dirigentes y gestionar sus asuntos cotidianos. Pero el distrito sigue estando sujeto a la supervisión del Congreso, sus jueces locales son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado de EE.UU., y la fiscalía de EE.UU. se encarga de gran parte de los procesos locales.
La ley de autonomía incluye una sección que permite al presidente ejercer el control de la fuerza policial de la ciudad si se dan “condiciones especiales de carácter de emergencia”. La toma de control puede durar hasta 30 días, momento en el que solo puede continuar si el Congreso vota para aprobar la prórroga.
El presidente también controla la fuerza de reserva de la Guardia Nacional de la ciudad, otra dinámica que la diferencia de los estados.
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La demanda de Washington alegaba que Trump no tiene autoridad para “tomar por sí mismo el mando y el control de la fuerza policial”, sino que solo puede exigir al alcalde que ofrezca ayuda de la policía en “determinadas circunstancias de emergencia”. La ciudad también argumentó que el uso por parte de Trump del aumento de la delincuencia como motivo para hacer valer su autoridad era tan arrollador que “socavaría la decisión del Congreso de transferir el control de la gobernanza cotidiana de la ciudad a líderes elegidos y responsables a nivel local.”
Bowser apoya la estadidad para el distrito y se ha opuesto a los llamamientos republicanos para derogar la ley de autonomía y federalizar la ciudad. Aún así, ella ha tratado de evitar una relación agresivamente adversaria con la Casa Blanca durante el segundo mandato de Trump.
Bowser dijo que su administración ha cumplido con el requisito de la Ley de Autonomía de DC de proporcionar servicios policiales para fines federales durante una emergencia declarada, pero añadió: “No hay ningún estatuto que transmita la autoridad del personal del Distrito a un funcionario federal”.
Schwalb ha adoptado un enfoque de confrontación, publicando una declaración en la que califica las acciones de Trump de “sin precedentes, innecesarias e ilegales”. Envió una carta a la jefa de policía de Washington, Pamela Smith, fechada el 14 de agosto, diciendo que, en su opinión, la orden de Bondi “es ilegal, y que usted no está legalmente obligada a seguirla.”
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