Uno de los numerosos enigmas de la actual política exterior de Estados Unidos se encuentra en el hemisferio occidental, y más concretamente en el Caribe, cerca de Venezuela y Colombia.
Con un enorme costo, la administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo una formidable demostración de fuerza militar en estas aguas. Buques de guerra, aviones de combate, unidades de operaciones especiales y unos 10.000 soldados están listos para... bueno, ¿para qué exactamente?
¿Invadir Venezuela? ¿Derrocar a su dictador? ¿Seguir bombardeando pequeñas embarcaciones que transportan civiles? ¿Declarar la victoria y volver a casa?
Como resumió Evan Cooper, del Stimson Center de Washington: “La agresión estadounidense en el Caribe tiene pocas ventajas, al tiempo que amenaza con convertir a EE.UU. en un paria y exacerbar las condiciones que conducen al tráfico de drogas y la migración”.
¿En qué está pensando la Casa Blanca?
Consideremos uno por uno sus objetivos declarados, comenzando por la narrativa de que los ataques y el incremento del despliegue militar son elementos de una guerra de autodefensa contra el narcoterrorismo.
Estados Unidos tiene una enorme epidemia de drogas. Sin embargo, la causa (aparte de la demanda interna) es principalmente el suministro de fentanilo, que entra en EE.UU. desde México (con precursores químicos fabricados en gran parte en China), y de cocaína, que procede casi en su totalidad de Colombia a través de rutas en el Pacífico.
Venezuela no es un país de origen primario, ni el Caribe es una arteria importante para el tráfico hacia Estados Unidos.
Si son cuestionables los fines, también lo son los medios.
Hace ya dos meses que EE.UU. bombardea pequeñas embarcaciones, desde lanchas rápidas hasta semisumergibles, matando hasta ahora a más de 30 personas y sosteniendo que todos ellos eran narcoterroristas y, por lo tanto, “combatientes ilegales” que, al igual que los soldados enemigos, son objetivos legítimos.
El Gobierno todavía no ha presentado ninguna prueba que respalde esta afirmación.
Al contrario, el superviviente de uno de esos ataques estadounidenses acaba de ser puesto en libertad por las autoridades de su país natal, Ecuador, por falta de pruebas que apuntaran a la comisión de un delito.
Estados Unidos lo había repatriado a él y a otro superviviente con conspicua rapidez, presumiblemente para evitar tener que presentar cargos ante un tribunal estadounidense, lo que podría haber evidenciado la ausencia de un proceso justo y rechazado la narrativa de la Administración de que EE.UU. está involucrado en un “conflicto armado”.
Tantas preguntas. ¿Por qué no deberían ser interceptadas por la Guardia Costera las embarcaciones sospechosas de transportar drogas, como antes?
Si realmente existen pruebas de una operación a gran escala contra EE.UU. que se asemeja a un conflicto armado, ¿por qué no presentarlas al Congreso y dejar que los legisladores autoricen el uso de la fuerza militar, como hicieron después del 11 de septiembre de 2001?
¿Y qué hay del derecho internacional? ¿Sigue siendo válido para la administración Trump? Y, por último, ¿realmente necesita Estados Unidos una armada tan grande para estas operaciones?
Mientras tanto, las consecuencias se extienden. Si bien los ataques pretendían presionar a Nicolás Maduro, el tirano de Venezuela, también están involucrando a otros países en la confrontación.
Entre las víctimas se encuentran ciudadanos de Trinidad y Tobago, Ecuador y Colombia. Este último país es nominalmente un supuesto aliado principal de Estados Unidos fuera de la OTAN y ha colaborado con él durante mucho tiempo en la lucha contra la exportación de cocaína. Esos días han terminado.
Gustavo Petro, presidente izquierdista de Colombia, ha declarado que una de las víctimas colombianas, Alejandro Carranza, era un “pescador de toda la vida” y acusó a EE.UU. no solo de violar la soberanía de su país, sino también de cometer “asesinato”.
Trump (quien ya le había revocado la visa a Petro después de que el colombiano pronunciara un discurso confrontativo en la ONU) respondió como suele hacerlo. Amenazando con nuevos aranceles y recortando aún más la ayuda a Colombia (ya la había recortado en tres cuartas partes a iniciosd e este año). Llamó a Petro un “narcotraficante” con “una nueva forma de hablar con EE.UU.”
Trump también ha descertificado a Colombia como socio en la lucha contra el tráfico de cocaína.
En respuesta a esta medida y a los nuevos aranceles y recortes a la ayuda, muchos productores colombianos probablemente abandonarán el cultivo de café y cacao y volverán al cultivo de coca. En todo caso, la epidemia de drogas en Estados Unidos empeorará, no mejorará.
¿En qué universo es esta una buena política?
Por otra parte, quizás la narrativa de la administración Trump sobre la lucha contra el narcoterrorismo haya sido siempre más una excusa para un cambio de régimen en Venezuela.
Se sabe que el asesor de seguridad nacional y secretario de Estado de Trump, Marco Rubio (de origen cubano), quiere la salida de Nicolás Maduro y la entrada de una líder de la oposición democrática, probablemente María Corina Machado, a pesar de que esta última ganó el Premio Nobel de la Paz por poco más que Trump.
Estados Unidos incluso ofrece una recompensa por la captura de Maduro, que recientemente ha duplicado a US$50 millones.
La CIA ya está realizando operaciones encubiertas dentro de Venezuela, y aviones y bombarderos estadounidenses han estado sobrevolando la costa venezolana. La pregunta ahora es qué harán las flotillas estadounidenses a continuación.
Trump podría estar esperando que la demostración de poderío estadounidense impulse a los líderes militares venezolanos a alzarse contra Maduro, en cuyo caso EE.UU. no tendría que hacer mucho. Pero Maduro ha estado tomando medidas enérgicas y parece tener el control, mientras que Machado permanece oculta.
Trump también podría ordenar ataques estadounidenses en Venezuela, e incluso una posible invasión. Eso constituiría un acto de guerra y una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Pondría a gran parte del hemisferio, y del mundo, en contra de Estados Unidos.
Después de eso, Washington podrá olvidarse de sermonear a Rusia por violar la soberanía de Ucrania, a China por intimidar a Filipinas, o a cualquier otro agresor o rebelde.
Una invasión también podría ser más difícil de lo que la Casa Blanca parece asumir, ya que Venezuela cuenta con sofisticadas armas antiaéreas y de defensa aérea. Además, alberga diversas organizaciones paramilitares y milicias, muchas de ellas bien armadas y entrenadas.
Si Estados Unidos entrara con todas sus fuerzas, el país podría convertirse en una Libia (es decir, en un caos) o en un Afganistán (un atolladero). En el peor de los casos, Venezuela podría convertirse precisamente en el tipo de “guerra eterna” que Trump prometió evitar a sus seguidores de MAGA (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande).
Incluso si no se lograra eso, millones de refugiados venezolanos huirían a países vecinos y luego al norte, hacia la frontera con Estados Unidos.
Un momento, ¿no era la otra promesa de Trump a MAGA enviar a los migrantes a casa y mantenerlos fuera, no provocar una nueva migración masiva? Venezuela también es un importante productor de petróleo, por lo que el precio de ese producto se dispararía, y con él la inflación que Trump prometió solucionar.
Incluso si Trump no ataca ni invade Venezuela y la movilización es solo una fachada, su campaña de presión podría ser contraproducente.
Maduro puede ser un paria en la política mundial. Pero, como argumenta Cooper de Stimson, la persistente intimidación estadounidense podría, perversamente, ganarse la solidaridad internacional de Maduro, ya que acusa a Estados Unidos de imperialismo y EE.UU. le da la razón.
Además, si Machado apoya con demasiado entusiasmo una intervención armada estadounidense, incluso sus propios partidarios en Venezuela podrían volverse en su contra. En resumen, Trump podría terminar fortaleciendo a Maduro en lugar de debilitarlo.
La pregunta que se cierne sobre todo esto es: ¿Por qué?
Como en otras áreas de la política exterior, la administración parece no tener un plan coherente que considere diferentes escenarios, sino que oscila entre las opiniones de facciones rivales, con Trump a la cabeza, quien dicta las reglas.
La actual política estadounidense en el Caribe es un desastre, y un desastre que podría empeorar.
La política menos mala ahora es retirar gradualmente la mayoría de las tropas de la región y reanudar la lucha contra el narcotráfico dentro de los límites del derecho internacional y nacional.
Si eso nos obliga a todos, en Estados Unidos y en el extranjero, a fingir que Trump se ha apuntado otra victoria como pacificador, aplaudámoslo hasta que nos duelan las manos.
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