Al haber expirado la financiación, estar estancados los nuevos proyectos de ley de asignaciones presupuestarias y no haber avances en cuanto a una solución provisional, el Congreso ha permitido por decimoquinta vez desde 1981 que el Gobierno federal cierre sus puertas. No esperen que esta ronda resulte más edificante que las anteriores.
Los republicanos aspiran a ampliar los niveles de gasto vigentes hasta noviembre, tal como lo establece un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes el 19 de septiembre.
Para respaldar una medida similar en el Senado y así superar un obstruccionismo parlamentario, los demócratas han formulado una lista de exigencias políticas (en materia de salud y otros ámbitos), sobre las que los republicanos se han negado hasta la fecha a comprometerse.
Después de una semana, las dos partes siguen muy distanciadas. Ambas deberían reconocer la importancia de minimizar el daño causado por este innecesario estancamiento y volver al trabajo.
Los demócratas tendrían muchas razones para evitar este conflicto. Como es habitual, la opinión pública se ha opuesto de manera contundente al cierre del gobierno.
A lo largo de la historia, los partidos que han planteado estas exigencias casi siempre han cargado con la culpa del caos generado. Y con sus propias filas divididas en cuanto a lo que pretenden obtener con esta estrategia, los demócratas se arriesgan a sufrir algo más que las habituales repercusiones políticas.
Además, este cierre podría ser mucho más perjudicial que cualquier otro.
El mes pasado, la Oficina de Administración y Presupuesto difundió un memorándum en el que se ordenaba a las agencias que consideraran el despido permanente de numerosos empleados que, en circunstancias normales, habrían sido suspendidos hasta que se llegara a un acuerdo.
Si bien el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ha calificado el memorándum como “un intento de intimidación”, él y sus colegas harían bien en asumir que se trata de una medida totalmente sincera.
Con un mercado laboral ya debilitado, no es el mejor momento para despidos masivos en el gobierno.
Bloomberg Economics estima que un cierre de tres semanas podría elevar la tasa de desempleo hasta en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 4,7%; si el gobierno cumple con sus amenazas, la tasa podría mantenerse en el 4,5%, en lugar de disminuir como es habitual tras la reapertura del gobierno.
Cada semana de cierre podría reducir en 0,2 puntos porcentuales el crecimiento anualizado del PIB real del trimestre.
Eso sin mencionar el daño generalizado que se ha causado al público.
El tráfico aéreo ya está empezando a disminuir debido a la escasez de personal. Las tropas en servicio activo podrían perder su próximo sueldo.
Dependiendo de la duración del cierre, los contribuyentes pueden esperar un empeoramiento de las interrupciones en las inspecciones regulatorias, la recopilación de datos esenciales, los permisos y certificaciones de exportación, ciertos préstamos y beneficios, los contratos gubernamentales y más. Tan solo la industria turística podría perder US$1.000 millones a la semana.
En condiciones menos tensas, los objetivos políticos de los demócratas podrían ser razonables.
Esperan extender los créditos fiscales para la compra de seguros en los mercados de la Ley de Atención Médica Asequible, revertir los recortes a Medicaid incluidos en el proyecto de ley de reconciliación promulgado en julio y restringir la capacidad de la Casa Blanca para retrasar el gasto autorizado por el Congreso. Aun así, es poco probable que este cierre los acerque a alguno de estos objetivos.
Lo que provocará es un caos innecesario.
Quizás, si el sufrimiento se extiende lo suficiente esta vez, ambos partidos se sientan impulsados a reformar el deficiente sistema presupuestario estadounidense; por ejemplo, activando automáticamente resoluciones continuas cada vez que se venzan los fondos.
Incluso podrían empezar a ver la conveniencia de aprobar a tiempo los proyectos de ley de asignaciones regulares.
Lamentablemente, eso es para otro momento.
Por ahora, los demócratas deberían acordar un proyecto de ley provisional para reactivar la economía. Los republicanos, incluido el presidente, deberían comprometerse a negociar de buena fe sobre el impasse en la atención médica.
Todos los involucrados deberían estar de acuerdo con que nadie gana con una gobernanza basada en crisis episódicas.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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