La fuerza laboral de Estados Unidos cuenta ahora con 1,2 millones de trabajadores menos, como consecuencia de la campaña más severa y agresiva jamás emprendida para expulsar a los inmigrantes de ese país.
El presidente Donald Trump prometió que librar al país de los inmigrantes ilegales o no deseados marcaría el inicio de una época de oro. La deportación de millones de inmigrantes se traduciría en más empleo, salarios más elevados, menos delincuencia y más viviendas.
Pero el hecho es que EE.UU. necesita a esos trabajadores. Los legisladores y gobernadores republicanos tienen que entender esa realidad económica básica, incluso si Trump no lo hace. La mano de obra inmigrante estimula la productividad, la creación de empresas y cubre la escasez de mano de obra en una nación que está envejeciendo.
Trump solo ha avanzado una décima parte de su objetivo de 10 millones de deportaciones o más, pero las consecuencias ya están siendo evidentes.
Las cosechas se pudren en los campos de California y Texas ante la falta de trabajadores que las recojan. La Asociación General de Contratistas de EE.UU. (AGC, por sus siglas en inglés) informó en el mes de agosto que la falta de mano de obra es actualmente uno de los principales motivos de retraso en los proyectos, y el 92% de las compañías asegura que tiene dificultades para contratar personal.
El 28% de los encuestados declaró haber sido afectados por las medidas de control de la inmigración.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) actualmente deporta a unas 1.500 personas diarias y, hasta ahora, ha deportado a unas 180.000 bajo el mandato de Trump.
El número asciende a 332.000 si se tienen en cuenta las expulsiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la zona o cerca de la frontera, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Stephanie Kramer, del Pew Research Center, que usó datos preliminares del censo para el cálculo de los 1,2 millones de trabajadores desaparecidos, señaló que no está claro cuántos más abandonaron el país de forma voluntaria, pero afirmó que “no pensamos que las cifras preliminares... estén tan alejadas de la realidad como para que el descenso no sea real”.
Los funcionarios de la administración Trump podrían considerar estas cifras crecientes un éxito. Pero los republicanos preocupados por la economía (y su propio futuro político) no deberían hacerlo.
Es hora de elaborar un mensaje más matizado y desapasionado que reconozca tanto las contribuciones de los inmigrantes a este país como la necesidad de fronteras seguras. Ambos lados de la ecuación han sido ignorados durante demasiado tiempo, mientras los partidos de este país se enfrentan por posturas extremas que no benefician a nadie.
Ya estamos viendo los efectos a corto plazo. Pero a largo plazo, a medida que EE.UU. se vuelve un lugar más hostil e implacable con inmigrantes, estudiantes extranjeros, turistas y emprendedores, la población de este país se reducirá y envejecerá, convirtiéndose en una pirámide invertida, con menos trabajadores jóvenes que sustentan a un número creciente de jubilados en la cima.
El estadounidense promedio ronda los 40 años y uno de cada cinco estadounidenses tiene más de 65.
Ya no podemos depender únicamente de una fuerza laboral nacida en Estados Unidos. El crecimiento de esa población se ha desacelerado durante más de 20 años y ahora está en descenso.
Según David Bier, director de estudios de inmigración del Cato Institute, EE.UU. tiene 35 millones de trabajadores menos de lo que la Administración del Seguro Social estima que se necesitará en la década de 2030 para sustentar ese programa. En la última década, afirmó, el aumento neto de trabajadores fue de 7 millones, la mayoría inmigrantes.
El análisis de Pew mostró que los inmigrantes representan casi el 20% de la fuerza laboral estadounidense. Se calcula que el 45% de los trabajadores agrícolas, pesqueros y forestales son inmigrantes, junto con el 30% de los trabajadores de la construcción y el 24% de los trabajadores del sector servicios.
En el sector de la salud, los inmigrantes representan casi un tercio de los auxiliares de salud a domicilio y más de una quinta parte de los trabajadores de residencias de ancianos.
En su mayoría, se trata de trabajadores jóvenes, con décadas de productividad por delante. Una nación que envejece necesita esa vitalidad.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), en un análisis de 2024 sobre el aumento migratorio ocurrido durante el gobierno de Biden, concluyó que la inmigración impulsó el crecimiento del PIB, suplió la escasez de mano de obra e impulsó el gasto de los consumidores.
La CBO proyectó que este aumento añadiría US$1,2 billones a las arcas federales durante la próxima década y aumentaría el PIB nominal en US$8,9 billones.
Sin duda, también hubo desventajas. La CBO concluyó que se esperaba que el aumento tuviera un efecto distinto en los presupuestos estatales y locales, con un aumento de los costos en educación, salud y vivienda que superaría cualquier ingreso compensatorio.
Y ahí es donde el gobierno de Biden se equivocó. Biden buscaba una recuperación sólida tras la pandemia. Consideró la inmigración como un impulso. Los cruces fronterizos aumentaron drásticamente. Facilitó el acceso de ciertos grupos de inmigrantes a un estatus legal temporal, incluyendo una importante ampliación de los programas existentes de ayuda humanitaria.
Y funcionó. Un análisis de 2024 realizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas concluyó que el aumento sin precedentes resultante impulsó el crecimiento del empleo y la producción. Para cuando Biden dejó el cargo, la recuperación económica estadounidense lideraba el mundo.
Pero los métodos de Biden también propiciaron la particular xenofobia de Trump. Su retórica fue excesiva, pero no cabe duda de que aprovechó la creciente frustración en los estados fronterizos y otras zonas que debían lidiar con la repentina y alta concentración de nuevos inmigrantes.
La continua intransigencia de los republicanos respecto a una reforma integral dejó un sistema obsoleto, difícil de manejar e inadecuado para los patrones migratorios modernos.
Una solución parcial podría ser la legislación propuesta por el representante republicano de Wisconsin, Derrick Van Orden, que establecería un proceso legal para que los trabajadores agrícolas indocumentados puedan acceder a la legalidad laboral.
Su alcance es modesto, y ambas partes encontrarán mucho que objetar, pero el proyecto de ley de Orden es encomiable porque reconoce una necesidad genuina y, lo que es más importante, saca a los trabajadores indocumentados de la sombra, brindándoles las protecciones de las que hoy carecen. Presentado en julio , el proyecto de ley no ha tenido audiencias ni cuenta con copatrocinadores.
Lo que comenzó con el legítimo deseo de los votantes de expulsar a los criminales y asegurar las fronteras estadounidenses se ha transformado en una campaña cada vez más cruel y de mayor envergadura.
Estamos cruzando una línea en este país, una línea con implicaciones tanto morales como económicas.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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