La Casa Blanca ha exhibido extravagantes promesas de inversión, de doce cifras, provenientes de países extranjeros como prueba de que su ofensiva mundial en materia de aranceles está generando beneficios para los ciudadanos de Estados Unidos. No obstante, la presión por sí sola no conseguirá que esas promesas se traduzcan en fábricas en el terreno.
La redada migratoria llevada a cabo en una planta de baterías surcoreana en Georgia el pasado 4 de septiembre demuestra el desafío que esto supone.
Tan solo diez días antes, el presidente de Corea del Sur Lee Jae Myung había acudido a Washington para cimentar una tregua comercial, con la promesa de un fondo de US$350.000 millones para ayudar a las compañías a expandirse en EE.UU., incluyendo las de baterías, astilleros y automóviles; las compañías privadas de dicho país comprometieron otros US$150.000 millones.
No es de extrañar entonces que las imágenes de cientos de empleados coreanos esposados como delincuentes por presuntas violaciones de visado provocaran una enérgica reacción.
Al final, se les permitió a los trabajadores volar a casa sin formular cargos contra ellos; el trabajo que al menos algunos de ellos parecían estar realizando, instalar, calibrar y probar equipos avanzados, se permite con visados temporales en determinadas condiciones. En todo caso, la construcción se ha retrasado varios meses.
Los trabajadores visitantes de otros proyectos surcoreanos en EE.UU. fueron llamados de vuelta o se les dijo que no salieran de sus habitaciones de hotel.
En Corea del Sur, algunos se resisten a aceptar nuevas asignaciones en Estados Unidos. Lee advirtió que la redada “podría repercutir significativamente” en futuras inversiones surcoreanas.
Debería ser evidente por qué las redadas de inmigración, al parecer indiscriminadas, y en particular, el modo en que se humilla habitualmente a los detenidos, podrían disuadir a quien quisiera trabajar o invertir en EE.UU.
Y esa no es la única manera en que la administración está perjudicando el objetivo de una mayor relocalización.
Cancelar los subsidios a la energía limpia y los VE ha empujado a varias compañías a cancelar sus proyectos. Y lo que es aún más importante, el incremento de los aranceles ha encarecido el coste de insumos esenciales, lo que ha provocado que la actividad manufacturera se contrajese en agosto por sexto mes consecutivo.
Entre tanto, los rápidos cambios en las políticas dificultan aún más de lo habitual que las compañías planifiquen inversiones a largo plazo.
Los aranceles que la Casa Blanca declaró en virtud de poderes de emergencia podrían ser anulados por la Corte Suprema; es igualmente posible que sean reemplazados por algo peo.
En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente criticó las subvenciones de la Ley de Chips para los fabricantes de semiconductores a pesar del amplio apoyo bipartidista.
Considerando otros desafíos de larga data, desde la lentitud de los permisos hasta la falta de proveedores y trabajadores cualificados, crear obstáculos adicionales es, en el mejor de los casos, una falta de visión.
La administración no se equivoca necesariamente al intentar recuperar la manufactura avanzada en Estados Unidos, especialmente en tecnologías clave como los semiconductores.
Reconstruir la fuerza laboral calificada y los conocimientos de manufactura que requieren estas industrias podría ayudar a mitigar los riesgos en la cadena de suministro y las amenazas a la seguridad nacional.
Pero si la Casa Blanca se toma en serio la creación de fábricas y no solo conseguir promesas de inversión ostentosas, debería alinear sus políticas a ese fin.
Debería reducir los aranceles y cesar las amenazas de imponer más. Y redoblar los esfuerzos para agilizar los permisos e invertir en la ardua y lenta tarea de capacitar a los trabajadores para ocupar estos puestos.
Abrir las vías de visado para que las empresas extranjeras puedan contratar con mayor facilidad a expertos para establecer sus fábricas y capacitar a los trabajadores locales en su gestión sería de gran ayuda.
Más concretamente, la Casa Blanca debería reflexionar sobre la procedencia exacta de esos trabajadores si continúa su campaña de deportación innecesariamente agresiva.
La Asociación Nacional de Fabricantes predice una escasez de casi dos millones de trabajadores para 2033, en un sector que ya depende en gran medida de los inmigrantes. El dinero no es lo único que una administración más sensata debería aceptar del extranjero.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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