El aplazamiento por parte de la Casa Blanca de los llamados aranceles recíprocos hasta inicios del próximo mes despertó en muchos la esperanza de que su nueva y agresiva política comercial se moderaría. Aparentemente, los mercados financieros habían protestado y la Administración había aprendido la lección. Los eventuales aranceles serían mucho más bajos de lo amenazado y seguramente disminuirían la incertidumbre.
No hubo tanta suerte.
La semana pasada, la Administración anunciaba un arancel del 50% sobre el cobre, un arancel general sobre las importaciones brasileñas y un nuevo impuesto del 25% sobre las mercancías provenientes de Japón y Corea del Sur, de acuerdo con el calendario anunciado en abril.
El presidente Trump también ha intensificado su enfrentamiento con Canadá, al amenazar con imponer un arancel del 35% a los productos no incluidos en el acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá (T-MEC), y ha planteado la posibilidad de imponer aranceles generales del 15% o el 20% a todos los demás países.
La idea de que este cambio radical de la política económica no ocasionará grandes daños empieza a parecer delirante.
Las medidas ya anunciadas incrementan el arancel medio de EE.UU. (“la tasa efectiva”) del 2% al 17%, el más alto desde la década de 1930. Peor todavía, la nueva cifra ya no es un límite superior plausible. La administración parece estar pensando en los aranceles como un arma que puede desplegarse con cualquier fin.
Recordemos que el calendario de abril secuestró el principio de “reciprocidad”, la idea de que los socios comerciales deben tratar las exportaciones de los demás por igual, y lo reformuló como la afirmación de que las exportaciones e importaciones deben equilibrarse, país por país.
Desde esta perspectiva, quienes tienen grandes superávits comerciales con Estados Unidos están haciendo trampa y deberían enfrentar aranceles proporcionales al excedente. Sin duda, este razonamiento carece de sentido económico, pero al menos está relacionado con el comercio.
Estas últimas declaraciones demuestran que la política estadounidense ya no está sujeta a estas restricciones.
Brasil, por ejemplo, enfrentará un impuesto del 50%, a pesar de importar más de Estados Unidos que viceversa. En su carta anunciando la medida, el presidente afirmó que su objetivo era detener el juicio al expresidente Jair Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado.
Es cierto que este uso ilimitado de aranceles no es del todo nuevo.
La disputa del gobierno con Canadá, al igual que con México y China, se basa en parte en la queja de que su gobierno está haciendo muy poco para frenar el tráfico de fentanilo; se le ordenó a Colombia que aceptara vuelos de migrantes deportados o, de lo contrario, enfrentaría sanciones similares; y el gobierno ha declarado que considera los aranceles una respuesta legítima a los impuestos extranjeros a las empresas estadounidenses.
Aun así, la amenaza de la semana pasada contra Brasil representó una escalada notable, y no solo porque alineó a la Casa Blanca con un exlíder acusado de intentar anular unas elecciones. El gobierno está utilizando explícitamente los aranceles para interferir en los asuntos internos de otro país.
Dejando de lado la legalidad de estas imposiciones específicas, usar aranceles para promover objetivos ajenos al comercio es indudablemente peligroso. A corto plazo, esta intimidación podría forzar concesiones, pero con el riesgo de socavar la posición de EE.UU. en el mundo y, en última instancia, la condición de refugio seguro de los activos en dólares.
Saber que los acuerdos comerciales pueden ser anulados en cualquier momento y por cualquier motivo hace imposible predecir las perspectivas comerciales, lo que inevitablemente frena la inversión, el crecimiento y el nivel de vida estadounidense.
La fragmentación geopolítica no es un buen instrumento de política económica. Solo puede perjudicar los intereses de Estados Unidos. La Casa Blanca debe replantearse este enfoque antes de que se produzcan más daños.
Más concretamente, ya es hora de que los republicanos en el Congreso, muchos de los cuales comparten estas preocupaciones, recuerden su función constitucional y empiecen a alzar la voz.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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