La Casa Blanca ha elogiado la H.R. 1, además conocida como One Big Beautiful Bill Act (Ley fiscal), calificándola como una “pieza legislativa única en una generación” la cual pone a “Estados Unidos primero”.
La parte principal del debate público se ha enfocado en la reducción de impuestos para los ricos, el incremento de la deuda federal y los recortes masivos en el gasto de Medicaid.
Aunque igual de importante es lo que la ley supondrá para la posición de Estados Unidos a nivel mundial como defensor de los más desamparados del mundo, y su influencia de “poder blando” que ese esfuerzo ofrece.
La ley presupuestaria no supuso el primer ataque del presidente Trump al liderazgo humanitario de EE.UU. El mismo día en que tomó posesión, emitió dos órdenes ejecutivas relacionadas con los programas de refugiados del país.
Una, titulada “Reevaluación y realineación de la ayuda exterior de Estados Unidos”, señala que “la industria y la burocracia de la ayuda exterior” no estaban en sintonía con los intereses estadounidenses y actuaban de forma contraria a los valores de la nación.
Pedía una pausa de 90 días en la ayuda al desarrollo y una revisión de los programas vinculados para garantizar su “efectividad y coherencia” con la política exterior de los EE.UU.
El otro, “Realinear el Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU.”, afirma que el país no podría recibir refugiados sin poner en riesgo su acceso a los recursos financiados por los contribuyentes.
La actual administración ha suspendido indefinidamente el Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU., que ayuda a reubicar a los refugiados junto con grupos patrocinadores privados; constituye uno de los programas humanitarios y asociaciones público-privadas más exitosos de la historia de la nación.
Además, ha excluido a más de 22.000 personas cuya admisión ya había sido aprobada, incluidos afganos que habían colaborado con Estados Unidos durante la guerra en su país.
A finales de marzo, la Casa Blanca ya había cancelado de forma precipitada 5.341 programas de ayuda exterior estadounidense, es decir, el 86%, aun cuando el Congreso, el cual tiene el poder del dinero en el gobierno federal, había previamente autorizado su financiación.
Académicos de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston estiman que la pérdida de ayuda de EE.UU. ha provocado 176.000 muertes durante este periodo, y es posible que supere las 320.000 a finales del 2025.
Pese a ello, el ahorro que se origina por la eliminación de los programas de ayuda a los refugiados es insignificante, tan solo un porcentaje irrisorio del 1% del gasto estadounidense dedicado a asuntos internacionales.
The Lancet, una revista médica británica, informó el mes pasado que los recortes presupuestarios y el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), cuyos programas salvaron aproximadamente 91 millones de vidas en los últimos 20 años, podrían causar 14 millones de muertes en países de ingresos bajos y medios para el 2030.
El impacto de los recortes estadounidenses se sentirá durante generaciones, socavando la posibilidad de una política migratoria constructiva en el país y disminuyendo el poder y la reputación del país en el exterior.
Mientras tanto, China ha aprovechado la situación financiando su propia ayuda y programas humanitarios, en particular en la región estratégicamente vital del Indopacífico, así como en África y Sudamérica.
Trabajo con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS)/EE.UU., una rama de una organización no gubernamental con 45 años de antigüedad que ha ayudado a refugiados de 57 países.
Atiende a algunas de las personas más necesitadas del mundo, incluyendo niños no acompañados, personas con discapacidades graves y personas con enfermedades crónicas y terminales. Su labor, y la de ONG similares, ha promovido un mundo seguro y productivo que valora la vida y la dignidad humanas.
Feed the Future trabajó en 20 países para sacar a 23,4 millones de personas de la pobreza, aliviar el hambre en 5,2 millones de hogares y proteger a 3,4 millones de niños de la amenaza del retraso en el crecimiento causado por la desnutrición.
En el curso escolar 2024-2025,el JRS Chad atendió a 32.975 niños sudaneses en 21 campos de refugiados, ofreciéndoles apoyo educativo y, por extensión, protección infantil.
La Iniciativa contra la Malaria del Presidentede los EE.UU., lanzada durante el mandato de George W. Bush, ha ayudado a salvar 11,7 millones de vidas y ha evitado 2.100 millones de casos de malaria desde el año 2000, principalmente entre niños menores de 5 años en países africanos.
Las órdenes ejecutivas del presidente perjudicaron a cientos de ONG de este tipo, llevando a la quiebra programas humanitarios y de desarrollo que operan con márgenes mínimos y forzando el despido de personal en algunas de las comunidades más pobres del mundo.
El gobierno ofreció exenciones a los recortes si los beneficiarios podían demostrar que participaban en actividades “que salvan vidas” (en sentido estricto), pero nuestras solicitudes de exenciones no fueron atendidas, e incluso los programas que fueron cancelados y luego restablecidos sufrieron retrasos en la financiación y ya no recibirán anticipos que les permitan cubrir los costos iniciales.
Ahora, la legislación presupuestaria dificultará aún más la reactivación de la ayuda humanitaria y los programas para refugiados en los próximos años.
La Casa Blanca también ha instado al Congreso a cancelar retroactivamente más de US$9.400 millones en gastos autorizados por el Congreso, incluyendo US$1.300 millones de dos de los principales programas de asistencia a refugiados financiados por el Departamento de Estado.
El presidente eliminaría estas cuentas en 2026 y fusionaría los saldos no comprometidos en una nueva cuenta de Asistencia Humanitaria Internacional (IHA, por sus siglas en inglés). La Casa Blanca ha declarado que el nuevo fondo de la IHA solo financiará ayuda en caso de desastres cuando cumpla con los objetivos de política exterior del presidente.
Los recortes a las agencias de ayuda no solo están costando vidas, representan un ataque a las virtudes tradicionales de Estados Unidos.
La ley presupuestaria redirige US$170.000 millones a las agencias de control de inmigración de EE.UU., que ya representan dos terceras partes de todo el gasto federal en materia de aplicación de la ley.
Esto a pesar de que las entradas ilegales en la frontera sur han disminuido a mínimos casi históricos en los últimos 18 meses, lo que elimina la necesidad de asignaciones adicionales masivas para el muro, la detención, la tecnología, la dotación de personal y el despliegue militar.
Vivimos un momento peligroso en Estados Unidos y el mundo, y el Congreso y los tribunales deben intervenir con firmeza.
Un primer paso sería que los legisladores intensificaran sus esfuerzos y garantizaran que el gobierno devolviera este año los fondos aprobados por el Congreso a las agencias humanitarias. El pago por el trabajo contractualmente comprometido es un objetivo fundamental de las acciones legales interpuestas por una coalición de socios implementadores del gobierno en materia de asistencia exterior.
Un segundo paso sería garantizar que estas agencias puedan continuar su labor en el futuro, para que Estados Unidos siga liderando la labor de salvar vidas y promover un mundo más estable, pacífico y próspero.
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