La última vez en que Pemex produjo tan poco crudo, era presidente de EE.UU. Jimmy Carter y no existía el walkman.
La petrolera nacional mexicana extrajo en el mes de diciembre 1,35 millones de barriles al día de sus yacimientos, lo que supuso un descenso del 13% respecto al 2023 y la producción mensual más baja desde noviembre de 1978.
Aunque se sumen la producción de sus condensados y las participaciones en sociedades, el balance lleva a la misma conclusión: se trata de una compañía enferma que dista mucho de haber sido salvada, a pese a las aseveraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en reiteradas ocasiones alardeó de cómo su gobierno había “rescatado” a Pemex.
A medida que su sucesora, Claudia Sheinbaum, finaliza los detalles de su estrategia en materia de energía, la tentación de continuar con un planteamiento de mano blanda es comprensible: el gobierno de izquierda de AMLO ha fijado límites políticos claros a la compañía, entre ellos la necesidad de limitar los incrementos en el precio de los combustibles, ser parte de los esfuerzos de bienestar de México y mantenerse totalmente en manos del Estado.
El nacionalismo en el ámbito de la energía fue uno de los puntales de la administración saliente; alterar drásticamente ese mandato impondría a Sheinbaum elevados costes políticos que no está dispuesta a pagar.
Pero, para desgracia de Petróleos Mexicanos, como formalmente se conoce a Pemex, los ajustes progresivos y las mejoras en la gestión no serán suficientes. Para solucionar de una vez por todas el problema de su campeona nacional, México deberá introducir cambios drásticos.
Por mencionar algunos: la desinversión de activos, cerrar refinerías, conceder más espacio a las empresas privadas en la exploración petrolera, recortar plantilla y conseguir que el gobierno federal absorba una parte considerable de su deuda de casi US$100.000 millones.
Puede que ahora esto suene políticamente imposible, pero consideremos la alternativa: invertir miles de millones de dólares que México no tiene bajo la ilusión de que los cambios cosméticos solucionarán mágicamente las cosas.
AMLO gastó aproximadamente US$80.000 millones en apoyar a Pemex durante sus seis años en el poder mediante exenciones fiscales e inyecciones de capital, y sin embargo, la empresa no ha salido del hoyo. ¿Qué mejor prueba se puede necesitar de que Pemex necesita desesperadamente una nueva estrategia audaz?
Para ser justos, la llegada de Sheinbaum en octubre ha traído algo de aire fresco y un equipo más competente encabezado por la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez. Son operadores serios que conocen bien la industria, incluso si son parte del marco nacionalista del partido gobernante Morena.
Observadores cercanos de Pemex me han hablado de sus esfuerzos por racionalizar las operaciones y solucionar los muchos problemas que dejó la administración de AMLO, incluyendo aproximadamente US$20.000 millones en facturas impagas a proveedores.
Pero los desafíos y las distorsiones son enormes: en 2023, Pemex tenía 128.616 empleados en total, incluidas sus empresas subsidiarias, alrededor de un 7% más que el año anterior y la plantilla más grande desde 2016.
En comparación, la brasileña Petróleo Brasileiro SA, Petrobras, informó menos de 47.000 empleados en total.
Las siete refinerías de la empresa mexicana en el país procesaron 905.600 barriles de petróleo crudo por día en 2024, la mayor cantidad desde 2016, pero utilizando menos de la mitad de su capacidad. La tasa de utilización anual de las refinerías de Petrobras fue ligeramente superior al 93% el año pasado.
Se pueden seguir con las comparaciones, pero los beneficios que tiene el modelo mixto de Petrobras sobre Pemex, totalmente controlada por el Estado, son abrumadores.
Entre las nuevas propuestas del gobierno, la compañía buscará empresas conjuntas con firmas privadas de energía para ayudar en la extracción de petróleo y la producción de energía limpia, petroquímica y fertilizantes. Este paso positivo es probablemente lo más lejos que Sheinbaum puede llegar políticamente ahora sin generar resistencia dentro de Morena.
Pero, ¿qué tan interesadas estarán las compañías petroleras privadas en asociarse con Pemex cuando el Estado mantiene la ventaja en los contratos y la compañía tiene problemas para pagar a sus proveedores?
Si a eso le sumamos la eliminación de los reguladores autónomos, que dejará las decisiones técnicas más vulnerables a la política, es poco probable que México enfrente una repentina oleada de interés de los inversionistas.
“No está claro qué tan atractivo sería esto”, dice Oscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del centro de estudios IMCO, con sede en Ciudad de México. “Las cesiones de empresas pueden ser políticamente factibles, pero no resuelven el gran problema de Pemex”.
Para impulsar la producción y estabilizar su situación financiera, la industria petrolera demanda enormes inversiones y tiempo para desarrollar proyectos, dos cosas de las que Pemex no dispone.
Mientras tanto, la bomba de la deuda sigue funcionando: Pemex enfrenta casi US$30.000 millones en pagos de bonos entre 2025 y 2027, mientras sigue perdiendo dinero. Y eso sin considerar el impacto potencial de los aranceles del 25% a las exportaciones de crudo a Estados Unidos, como amenazó el presidente Donald Trump.
“Las métricas operativas de la compañía continúan deteriorándose, lo que podría requerir un mayor apoyo gubernamental”, escribió Alejandra Andrade , analista de crédito de JPMorgan Chase & Co., en una nota de investigación la semana pasada, rebajando su recomendación sobre los bonos del productor a neutral. “Reconocemos el respaldo gubernamental de Pemex, pero también reconocemos el empeoramiento de la situación y la falta de una respuesta tangible”.
Por eso, ya no hay tiempo para los analgésicos. Pemex necesita una cirugía mayor para dejar de ser una amenaza para el futuro de México.
La idea de que el gobierno federal absorba parte de su deuda es controvertida: puede terminar contaminando las cuentas fiscales del país y desencadenar nuevas rebajas en la calificación de su deuda soberana. Pero es el camino a seguir si, y sólo si, el gobierno finalmente está dispuesto a pagar los costos políticos de una postura más agresiva.
Las horribles cifras de producción de Pemex aún ofrecen un rayo de esperanza: le dan a Sheinbaum evidencia concreta de que la situación de la empresa es crítica.
¿Convertirá la presidenta estos resultados perjudiciales en una oportunidad política para hacer algo drástico? Una respuesta positiva sería tan grande como la deuda de Pemex.
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