¿Qué se obtiene al mezclar US$54 millones en petróleo crudo incautado, una supuesta insurrección y la disputa sobre la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela?
La respuesta: la decisión importante, aunque algo obviada, que tomó la semana pasada la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los EE.UU. en una demanda entre Citgo Petroleum Corp. y su aseguradora. (Para quienes pensaron que se trataba de un caso de Trump, no se llevan ningún punto; pero sigan atentos, ya llegaremos a eso).
El caso empieza de forma muy sencilla.
En 2019, Citgo adquirió unos 939.000 barriles de crudo de una filial de la petrolera estatal venezolana. Este crudo se cargó en un barco, conocido como el Gerd. Sin embargo, antes de que el Gerd saliera del puerto, EE.UU. impuso sanciones a diversas entidades del país, entre ellas la filial.
Entonces, Venezuela no permitió que el barco saliera de sus aguas. Citgo aportó una carta del fiscal general de Venezuela en la que se certificaba su propiedad sobre el petróleo, pero aun así se le negó la salida.
¿Por qué? Porque la disputa se originó en un momento en el que Maduro desafió al electorado y se mantuvo en el poder, aunque la Asamblea Nacional de Venezuela había declarado ilegítima su reelección y nombrado a Juan Guaidó, presidente de la legislatura, como presidente interino. El fiscal general en el que Citgo se apoyó era, por desgracia, un designado de Guaidó.
Y en esa época, como señala el tribunal, sucedían muchas cosas: los simpatizantes de Maduro arremetieron contra la Asamblea Nacional y sus miembros, incluso asaltando los edificios de la asamblea y agrediendo físicamente y encarcelando a políticos opositores. A medida que sus seguidores emprendían varios ataques de esta índole durante los años siguientes, Maduro usó su poder para detener y procesar a políticos de la oposición.
Entretanto, Citgo no recibió el petróleo. El enfrentamiento siguió hasta que los militares controlados por Maduro abordaron el Gerd y lo forzaron a navegar a otro puerto de Venezuela, donde se descargó la carga.
Por fortuna, o eso creía la empresa, había protegido su riesgo al hacer negocios con Venezuela adquiriendo un seguro contra pérdidas causadas por “guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o conflictos civiles derivados de ellas, o cualquier acto hostil por parte de o contra una potencia beligerante”, incluidos “captura, incautación, arresto, restricción o detención, derivados de”... bueno, cualquier cosa de esa primera lista.
Parece un caso sencillo, ¿verdad? Excepto que las aseguradoras de Citgo, técnicamente, las reaseguradoras, se negaron a pagar.
Citgo argumentó que la retención del Gerd por parte de Venezuela y el robo de su cargamento de más de 900.000 barriles de petróleo fueron consecuencia de los esfuerzos de Maduro por aferrarse al poder, y que dichos esfuerzos constituían una “insurrección” según los términos de la póliza, lo que significaba que la pérdida estaba cubierta.
Las aseguradoras no estuvieron de acuerdo. Citgo demandó y ganó una sentencia de US$54 millones.
La semana pasada, en una opinión del juez Denny Chin, un panel del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó ese fallo.
La opinión contiene abundante material interesante para profesores de derecho contractual como yo; incluso podría incluir el caso en mi programa el próximo año. Pero la parte verdaderamente intrigante de la decisión se refiere a qué constituye una insurrección.
El tribunal de primera instancia había evitado en gran medida el tema al sostener que el término era ambiguo y, por lo tanto, debía interpretarse en contra de las aseguradoras demandadas, quienes habían redactado la cláusula.
El juez Chin, sin embargo, abordó directamente el significado de “insurrección”. Basándose en precedentes relevantes, definió la insurrección como:
(1) Un levantamiento violento de un grupo o movimiento (2) que actúa con el propósito específico de derrocar al gobierno constituido y tomar sus poderes.
¿Era Maduro un insurrecto? Hubo mucha violencia. ¿Pero con qué fin? Aquí, el tribunal expuso los hechos, que evidentemente hablaban por sí solos:
Las pruebas eran irrefutables.
El objetivo de Maduro era permanecer en el poder en Venezuela una vez finalizado su mandato, a pesar de las acciones del gobierno legítimamente constituido.
Mientras sus partidarios asaltaban los edificios de la Asamblea Nacional y agredían físicamente a políticos de la oposición, Maduro encarcelaba a opositores, establecía una Asamblea Nacional Constituyente que se oponía a la Asamblea Nacional vigente y, en respuesta a las protestas en su país, declaraba:
“Iremos al combate. Jamás nos rendiremos. Lo que no se pudo lograr con votos, lo haremos con las armas. Liberaremos a nuestra nación con las armas”.
A esto se suma “el hecho de que Maduro posteriormente convocó elecciones anticipadas, las ganó, fue depuesto por la Asamblea Nacional y se negó a ceder el control sobre los instrumentos del poder estatal”, lo que llevó a la corte a concluir que el régimen de Maduro, no solo los actos violentos, sino el régimen mismo, constituía un “levantamiento que actuaba con el propósito específico de derrocar al gobierno constituido y tomar sus poderes”.
En resumen, la pérdida estuvo cubierta por el contrato de seguro porque un régimen insurgente se apoderó del petróleo de Citgo.
Todo esto nos lleva, como tantas cosas últimamente, a Donald Trump.
Supongo que ya es tarde para retomar el 6 de enero de 2021 y las complejidades de definirlo. Hablemos, en cambio, del presente. Tan recientemente como en la entrevista del domingo en 60 Minutes, el presidente Trump no ocultó su aversión por el régimen de Maduro.
En la actualidad está inmerso en un conflicto armado contra los cárteles de la droga que, según se alega, protege el dictador venezolano. Y aunque, con cautela, niega tener la intención de derrocar a Maduro, Trump ha dejado claro que espera la caída del régimen.
No obstante, Venezuela quizá sea un blanco demasiado fácil.
Entre los ocho millones de refugiados y la que podría ser la tasa de inflación más alta del mundo, hay pocos indicios de que el régimen esté haciendo algo bien. Es cierto que esas cifras alarmantes no justifican la injerencia en los asuntos internos de otra nación, por más odiosa que sea su gobernanza.
Aun así, para un presidente que parece decidido a forzar un cambio, resulta beneficioso que un tribunal federal declare, de forma clara y contundente, que el régimen en sí no es más que una insurrección continua.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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