Bloomberg Línea — El repunte global de los precios del oro y el cobre, impulsado por la creciente demanda de minerales estratégicos para la transición energética y digital, está reconfigurando el mapa extractivo a escala mundial.
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Sin embargo, mientras las grandes economías buscan asegurar el suministro de recursos minerales, Centroamérica enfrenta un resurgimiento minero que amenaza con profundizar su vulnerabilidad social y ambiental.
Para Guatemala, Honduras y El Salvador, esa dinámica internacional está traduciéndose en la expansión de megaproyectos mineros con escasos beneficios locales, según constató un informe de diferentes militantes sociales, académicos y periodistas de Euskal Herria (País Vasco) y América Central, que analizaron los impactos de algunos de los megaproyectos mineros más significativos de la región.
“En este momento de incertidumbre económica, la gente está confiando en el oro como un depósito de valor, como una inversión segura”, dijo Gonzalo Fernández, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal), a Bloomberg Línea. “Eso también está haciendo que haya una cierta expectativa de ampliación de los megaproyectos de oro, pero no solo eso, sino que también la transición verde digital está demandando mucho mineral, níquel, cobre, aluminio, tierras raras y demás”.
El economista formó parte de la gira vasca sobre extractivismo minero en el Norte de Centroamérica, desarrollada en julio, para conocer los conflictos ecosociales vinculados a proyectos mineros, como la mina de oro Cerro Blanco y el proyecto Fénix de níquel, en Guatemala; la mina de óxido de hierro de Los Pinares/Ecotek y la expansión de iniciativas auríferas y de otros metales en Honduras; y el escenario en El Salvador tras la derogación de la ley que prohibía la minería metálica, que abre paso al retorno de proyectos como El Dorado.
El precio del desarrollo
En términos económicos, la minería metálica sigue representando un aporte menor al Producto Interno Bruto (PIB) de los tres países, generalmente por debajo del 2%. No obstante, su impacto territorial es desproporcionado.
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“A muchos megaproyectos los acompaña siempre un relato de desarrollo, progreso, mejora, inversión, empleo, pero que desgraciadamente si hay desarrollo es para unos pocos, es decir, en muchas ocasiones los ingresos que puedan obtener esas empresas se quedan en unas manos muy concretas, grandes empresas transnacionales, grandes familias que copan el poder económico de los países, pero realmente lo que ves en el propio territorio en el país es al contrario, son territorios más bien devastados”, dijo Fernández.
Los investigadores constataron que, en términos ambientales, “las afectaciones nocivas a los ecosistemas son ingentes y sistemáticas”, desde el impacto en términos de expropiación y contaminación de tierras y acuíferos, cuestión especialmente preocupante en El Salvador que sufre estrés hídrico, o de territorios como Honduras y Guatemala, donde sus grandes ríos son básicos para la sostenibilidad de la vida de las comunidades.
La situación se repite en el resto del Cinturón Centroamericano del Oro, una franja mineral desde Guatemala hasta Panamá, que ha sido considerado desde tiempos coloniales como un vasto territorio minero.
“Panamá y Nicaragua son dos de los países donde la minería ha tenido más fuerza, y en Nicaragua incluso se ha registrado un incremento exponencial en los últimos dos años, principalmente vinculado al oro. Si no existe una regulación clara ni un control efectivo sobre las empresas mineras, los efectos podrían ser similares a los observados en los países del norte de Centroamérica, aunque posiblemente a mayor escala, porque la apertura de la frontera minera es más grande en Nicaragua que en estos países”.
Gonzalo Fernández, investigador del Omal.
Al respecto, el medio Confidencial reportó que en los últimos dos años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha entregado más de 500.000 hectáreas de territorio nicaragüense para la explotación minera de empresas chinas.
Esa misma presión, especialmente por minerales estratégicos como el litio, se está intensificando en países como Argentina, Bolivia y Chile. Según Fernández, esta creciente demanda está ampliando la frontera minera en la región.
El debate sobre la minería
A la luz de estas problemáticas, el informe plantea que la minería en la región no puede evaluarse únicamente desde un prisma económico.
El debate, sugiere la investigación, requiere situarse dentro de los parámetros de una transición ecosocial justa, que implique no solo detener la expansión de megaproyectos bajo modelos extractivistas tradicionales, sino también establecer regulaciones que garanticen derechos de las comunidades, respeto a los territorios indígenas y rendición de cuentas de las empresas.
Entre las propuestas más concretas se incluyen la moratoria minera generalizada mientras no se cumplan estos criterios, la prohibición de la minería en territorios vulnerables y la regulación democrática de las actividades empresariales.
