(Bloomberg) -- La mayor parte de la actividad ilegal que tiene lugar en los libros de contabilidad de las criptodivisas implica ahora a los tokens conocidos como stablecoins, según un informe publicado el jueves por un organismo intergubernamental que desarrolla políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Las conclusiones del nuevo informe del Grupo de Acción Financiera aterrizan justo cuando los legisladores y las empresas estadounidenses están presionando para que se distribuyan más ampliamente las stablecoins, criptofichas que están vinculadas al dólar o a alguna otra moneda nacional.
El grupo de trabajo, que reúne a funcionarios de la mayoría de los países más grandes del mundo, descubrió que una amplia gama de actores ilícitos -incluidos terroristas, narcotraficantes y piratas informáticos norcoreanos- han intensificado su uso de stablecoins desde el último informe del grupo sobre activos digitales en 2024.
La llamada “Ley Genius”, aprobada recientemente por el Senado estadounidense, pretende normalizar las stablecoins sometiéndolas a un régimen regulador más estandarizado y riguroso que el que han tenido hasta ahora. Esto ha llevado a numerosas empresas a impulsar iniciativas que permitirían a los consumidores acceder a las stablecoins e integrarlas en la industria financiera tradicional.
El emisor del token USDC, Circle Internet Group Inc, salió a bolsa a principios de junio y el precio de sus acciones se ha multiplicado por más de seis desde entonces. Una empresa vinculada a la familia del presidente Donald Trump, World Liberty Financial Inc, ha lanzado su propio proyecto de stablecoin.
Algunos críticos de las stablecoins han dicho que los tokens son un pobre sustituto de las monedas estándar y que es poco probable que ganen tracción fuera de la criptoindustria. A principios de esta semana, un informe del Banco de Pagos Internacionales afirmaba que los tokens “pueden llegar a desempeñar un papel subsidiario en el interior del sistema financiero si se regulan adecuadamente”.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, en su informe, dijo que si las stablecoins adquieren un uso más generalizado en las llamadas “carteras no alojadas”, fuera del alcance de las instituciones financieras, potencialmente facilitará a los delincuentes eludir la detección en formas que “podrían amplificar los riesgos de financiación ilícita.”
“La reducción percibida de la volatilidad, la eficacia de las transacciones con bajos costes y la abundante liquidez del mercado, que hacen que las stablecoins resulten atractivas para muchos consumidores y empresas, también atraen a los delincuentes que buscan maximizar sus beneficios y reducir sus costes”, señala el informe.
El informe destacaba el uso por parte de actores ilícitos de la mayor stablecoin, USDT de Tether Holdings, en el libro mayor vinculado a la criptodivisa Tron. El informe también señaló un “repunte significativo” en el uso de otros activos digitales en fraudes y estafas, y dijo que un participante de la industria había estimado que “hubo aproximadamente US$51.000 millones en actividad ilícita en la cadena relacionada con fraudes y estafas en 2024.” Tether no respondió a una solicitud de comentarios.
Aunque la supervisión gubernamental de los activos digitales ha mejorado, siguen existiendo “grandes lagunas” a la hora de garantizar que no acaben siendo utilizados por terroristas y delincuentes, según el informe. En él se pedía a los gobiernos que aumentaran y mejoraran la concesión de licencias y el registro de las empresas de activos virtuales y se señalaban los retos que sigue planteando la identificación de las personas y organizaciones que gestionan aplicaciones descentralizadas de blockchain, que ofrecen de todo, desde préstamos hasta juegos de azar.
El grupo de trabajo, un organismo de establecimiento de normas que no tiene poderes legales de ejecución, comenzó a recomendar normas para que los gobiernos las apliquen a los activos digitales en 2019. Su objetivo es publicar un informe sobre las stablecoins a principios del próximo año y tiene previsto proponer nuevas medidas que los gobiernos puedan adoptar para protegerse de las actividades ilegales.
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