Bloomberg Línea — El peso del salario mínimo en América Latina varía ampliamente entre países, con Brasil concentrando a cerca de un tercio de sus trabajadores bajo esta remuneración base y Perú con un impacto marginal por la alta informalidad laboral.
En Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, entre el 30% y el 35% de la población ocupada recibe el salario mínimo de R$1.518 (US$281) en la actualidad, dijo a Bloomberg Línea Cristina Helena Pinto de Mello, profesora de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.
En el país, el salario mínimo sirve como base para varios cálculos del Gobierno brasileño, incluidos los de la seguridad social, e incluso sentencias judiciales, como las de pensión alimenticia, lo utilizan como referencia para fijar montos equivalentes.
Destacó que el ajuste al salario mínimo es uno de los factores que contribuye a mejorar la distribución de la renta en el país, al mismo tiempo que sirve como referencia en negociaciones laborales. “Pasa a ser una referencia para los trabajadores”, dijo.
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Sin embargo, su valor actual está “corroído por la inflación”, por lo que el desafío es que este refleje una remuneración digna, ligada a las necesidades básicas definidas en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) establecidos por Naciones Unidas.
Sin embargo, comenta que hay resistencia a subirlo porque puede presionar el déficit y la deuda pública. “Hay cierta reticencia a aumentar el salario mínimo, porque no sólo se incrementan las prestaciones que reciben las personas, sino también los gastos del gobierno”.
En México, durante los años 80 y 90 el salario mínimo sufrió una caída real por las condiciones inflacionarias adversas, y en los primeros 15 años del siglo XXI los aumentos no compensaron totalmente esa pérdida de poder adquisitivo, según Carlos Ramírez, socio codirector de Integralia y Consultores.
Tras la reforma de 2015-2016, el salario mínimo quedó desvinculado de la indexación de precios, lo que permitió aumentos superiores a la inflación durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y, sobre todo, Andrés López Obrador (2018-2024).
Este generó también incrementos en otros salarios ante su “efecto faro” con beneficios claros para los trabajadores, pero también provocó efectos en inflación, menor crecimiento del empleo formal y caída de la productividad laboral durante la administración de López Obrador, apuntó Ramírez.
“Ha sido una política que ha tenido importantes efectos positivos sobre el salario de los trabajadores”, expuso Ramírez. “Políticamente, tuvo un efecto muy importante en las votaciones del 2024 y, por tanto, (Claudia) Sheinbaum lo quiere replicar, pero ya cada vez es más visible los efectos negativos de seguir aumentando el salario mínimo sin aumentos correspondientes en productividad”.
En la actualidad, apuntó, el salario mínimo mexicano (de MXN$278,80 o unos US$15 diarios para 2025) representa el segundo más alto de la OCDE como proporción del salario medio.
En el país, el 38,9% de la población laboral o el equivalente a 23,1 millones gana este ingreso mínimo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Carlos Ramírez señala que los aumentos del salario mínimo no estarían ayudando a reducir la informalidad laboral. “México tiene hoy un 55% de su población laboral en la informalidad (aquellas actividades que no tienen protección de la Seguridad Social)”, dijo Carlos Ramírez.
Sheinbaum dijo en su conferencia matutina del viernes 12 de septiembre que el objetivo que tiene en su gobierno es que en 2030 un salario mínimo alcance para comprar 2,5 canasta básicas. “Este es el objetivo y lo vamos a alcanzar”, afirmó. Con el salario mínimo vigente en 2025 -apuntó- alcanza para comprar 1,7 canastas básicas.
Si se materializa un incremento de 12%, como lo ha manifestado Sheinbaum, el salario mínimo general rondaría los MXN$310 diarios para 2026 (unos US$16,7), de acuerdo con un cálculo de Bloomberg Línea.
El contexto especial de Argentina
En el contexto actual de su economía, en Argentina los precios están determinados más por el tipo de cambio y dinámicas sectoriales que por los salarios.
En el país, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) indica el ingreso base que un empleado registrado en la economía formal puede percibir por su trabajo (en octubre 2025 ascendía a US$225 mensuales, por debajo Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).
“A pesar de que la inflación se desaceleró sustancialmente, la definición de precios está determinada esencialmente por tipo de cambio (precio del dólar) y la dinámica interna particular de cada sector de actividad (ajustes inerciales acotados a la dinámica actual, por stocks, entre otros)”, dijo Martín Calveira, profesor de Macroeconomía de la Universidad Austral, en Argentina.
Por lo tanto, “en este contexto los salarios no comprenden la variable más determinante de los demás precios de la economía, al menos en el corto plazo”, apuntó.
En todo caso, dice que debido a que el SMVM se ajusta periódicamente, de acuerdo principalmente a la inflación, tiene relevancia no sólo en la población que lo percibe sino en aquellos trabajadores que ejercen su actividad en sectores donde las negociaciones salariales tienen un espacio restringido o son poco frecuentes.
El peso del salario mínimo en Chile
En Chile, entre el 14% y el 20% de la fuerza laboral recibe el salario mínimo, por lo que cualquier ajuste afecta directamente a cientos de miles de hogares, dijo Renato Campos, analista de la firma GH Trading.
En el país funciona como un precio base que influye en otros sueldos, arriendos, servicios y costos de pymes, convirtiéndose en un factor relevante para la inflación y la estructura de costos.
Según el analista, la depreciación del peso chileno golpea con más fuerza a quienes viven con este ingreso, pues destinan la mayor parte a bienes esenciales afectados por la inflación importada.
En este contexto, el desafío para 2026 será equilibrar competitividad, estabilidad laboral y poder adquisitivo en medio de un entorno económico incierto. “Lo que ocurra con el tipo de cambio y con las decisiones sobre el salario mínimo serán variables centrales para entender la salud económica del país en los próximos años”.
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El panorama en los países andinos
En el caso de Colombia, de las 24 millones de personas económicamente activas, 3,3 millones reciben un salario mínimo. Además, 10 millones de colombianos tienen ingresos inferiores a un salario mínimo, de acuerdo con cifras oficiales.
El analista Gregorio Gandini explica que uno de los desafíos es que en el país la mayoría de la fuerza laboral es informal (entre el 55% y el 60%) y no se beneficia directamente de los aumentos del salario mínimo.
Aun así, el salario mínimo impacta la economía porque sirve como referencia para precios y pagos indexados. Si el ajuste del salario mínimo supera ampliamente la inflación, puede generar presiones.
En Perú, se calcula que más del 70% de los trabajadores son informales, por lo que no reciben el salario mínimo y suelen percibir incluso menos, explica Carlos Parodi, economista y profesor de la Universidad del Pacífico.
“Dicho esto, el impacto del salario mínimo se reduce. El número de personas que recibe salario mínimo bordea, según diversos estimados, en torno de 150.000 personas más o menos y el número de personas que trabajan en el Perú asciende a 25 millones”, explicó Parodi.
Advierte que un aumento desmedido del salario mínimo puede impactar a las mypes (micro y pequeñas empresas), donde se concentra la mayoría de los trabajadores que ganan el mínimo.
Parodi enfatiza que los sueldos sólo pueden subir de forma sostenible si crece la productividad y si aumentan las ventas de las empresas, lo cual depende de una recuperación económica más amplia.
En Ecuador, el salario mínimo es un precio referencial, particularmente para los contratos formales en el sector público y privado.
Asimismo, constituye una referencia legal para múltiples costos de trámites, tasas o sanciones indexadas con este referente.
“El gran dilema en el país respecto de los ajustes al SBU (Salario Básico Unificado) es que no responden necesariamente a cambios en la estructura de productividad o mayor dinámica económica, sino, por el contrario, con frecuencia a la discrecionalidad política”.
En Ecuador, solamente 3,28 millones de personas o un 37% de la Población Económica Activa (PEA) tienen empleo adecuado.
Este grupo incluye a personas que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y trabajan 40 horas o más a la semana, o aquellas que ganan igual o más del mínimo trabajando menos horas, pero sin desear trabajar tiempo adicional.
Para cerca del 67% de la PEA, el salario mínimo no constituye un referente concreto para sus ingresos y demandas salariales.
En Bolivia, a falta de cifras oficiales, el economista, investigador y docente universitario Luis Fernando Romero Torrejón calcula que entre el 10% y 20% de los trabajadores ganan el salario mínimo o están muy cerca de él. “El salario mínimo influye, pero no domina la estructura de precios en Bolivia. Sirve más como señal política y referencia general, que como ancla real de costos”, apuntó.
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