Buenos Aires — Una operación de contrabando de grandes dimensiones quedó al descubierto en la frontera que separa a Argentina de Bolivia, luego de que fuerzas federales argentinas detectaran un sistema clandestino de exportación de aceite de soja valuado en más de US$2 millones. La maniobra, que incluía la utilización de mangueras tendidas entre ambos países, terminó el viernes, 4 de julio con cuatro personas detenidas y un gendarme herido de bala.
El hecho ocurrió en la localidad salteña de Salvador Mazza, un punto crítico en el mapa del contrabando regional. Desde allí, según los investigadores, partía el aceite argentino que atravesaba la frontera hacia la ciudad boliviana de Pocitos, sin pasar por los controles aduaneros.
El operativo sucedió en la misma semana que el Gobierno argentino puso fin a la rebaja temporaria de aranceles a las exportaciones de soja y maíz. Desde el 1 de julio, las retenciones al aceite de soja pasaron de 24,5% a 31%.
La Justicia argentina formalizó en las últimas horas las imputaciones contra los sospechosos, según informó el medio boliviano El Deber. La acusación principal recayó sobre un hombre identificado como F.S.G., a quien se lo señala como el organizador de la operación y autor mediato del contrabando. Además, enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado, tras haber disparado contra un oficial de Gendarmería en medio de un allanamiento.
El operativo que puso fin a la maniobra se desplegó el viernes pasado, cuando agentes de Gendarmería interceptaron un camión cisterna cargado con más de 30.000 litros de aceite de soja en un predio próximo a la línea limítrofe. En simultáneo, otro grupo de efectivos allanó domicilios vinculados a la banda.
Fue en ese contexto donde se produjo el momento más violento. Al intentar ingresar a la vivienda del presunto líder de la organización, los uniformados fueron recibidos a tiros. El atacante utilizó un arma de 9 milímetros y alcanzó a un comandante en el antebrazo izquierdo. El impacto atravesó el brazo y quedó incrustado en el chaleco del efectivo, que logró sobrevivir sin lesiones de gravedad.
De acuerdo a la investigación, la operatoria ilegal funcionaba al menos desde 2022. La banda adquiría aceite —tanto neutro como refinado— en plantas de la provincia de Santa Fe, valiéndose de documentación a nombre de una empresa ficticia. Luego, los camiones cisterna trasladaban el producto hasta Salvador Mazza, donde era almacenado y redistribuido en vehículos más pequeños.
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En un terreno fronterizo conocido como “El Chorro”, los acusados conectaban mangueras de gran longitud que atravesaban la frontera y permitían el traspaso directo del aceite hacia el lado boliviano, burlando los controles estatales.
Los datos que salieron a la luz durante la audiencia judicial evidencian la magnitud económica del esquema. Según estimaciones de la AFIP y la Dirección de Rentas de Salta, el contrabando le habría reportado a la organización al menos 2,4 millones de dólares en ingresos ilegales. Al mismo tiempo, el Estado argentino dejó de percibir alrededor de 720.000 dólares en concepto de derechos de exportación.
Los fiscales del caso, Eduardo Villalba y Mariana Gamba Cremaschi, subrayaron el nivel de planificación y la peligrosidad de los involucrados, al solicitar la prisión preventiva para los cuatro imputados. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar al pedido y ordenó nuevas diligencias para desmantelar por completo la red.
Las tareas de inteligencia que permitieron identificar el mecanismo de contrabando fueron desarrolladas por Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas, en un trabajo conjunto que se extendió por varios meses.
Con este golpe, las autoridades buscan frenar una de las rutas ilegales que, desde hace años, permiten el paso irregular de mercaderías desde el norte argentino hacia Bolivia, en un circuito que combina beneficios millonarios para los contrabandistas y pérdidas económicas significativas para el fisco.
Retenciones a las exportaciones de aceite de soja en Argentina
El Gobierno resolvió dejar afuera a la soja y el maíz de la prórroga de baja de retenciones, lo que implica desde el 1° un aumento en los derechos de exportación para esos productos. En el caso del complejo soja, la alícuota sube de 24,5% a 31% para harina y aceite, y de 26% a 33% para el poroto.
La decisión generó malestar en las entidades del agro, que reclamaron por el impacto en dos de los principales cultivos del país. En cambio, el Ejecutivo sí extendió la rebaja para el trigo y otros productos.
