Bloomberg — En las frías horas previas al amanecer en La Paz, Elizabeth Sánchez hacía fila frente a una tienda estatal con la esperanza de conseguir dos botellas de aceite vegetal.
“Fui la primera de la fila, desde antes de las 3 a.m.”, dijo Sánchez, de 51 años. “A las 4:30 a.m. y había más de 40 personas en la fila, el límite máximo por día para adquirir aceite”.
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El miércoles fue una de las cuarenta personas que consiguieron comprar este producto básico de cocina. Como en Bolivia las tiendas del Estado limitan actualmente la venta a dos litros por persona y al mes, tuvo que dar la vuelta a la esquina y hacer fila en una tienda minorista, donde el aceite es más caro y de peor calidad.
Sánchez, así como millones de bolivianos, se encuentran atrapados en una crisis económica que se profundiza y que se inició en 2023, cuando el banco central virtualmente gastó todas sus reservas de divisas para sostener la paridad con el dólar de EE.UU.
Esto condujo a una caída de las importaciones, un repunte de la inflación sin precedentes desde 1991, la escasez de productos básicos, desde el combustible hasta el petróleo, y violentas protestas con resultados mortales.
Es un golpe duro para una nación que hasta hace dos años contaba con una inflación menor a la germana o la japonesa.
A dos meses de las elecciones presidenciales, las protestas sacuden La Paz diariamente, mientras que los bloqueos en zonas rurales agravan el desabastecimiento en las ciudades. La semana pasada, manifestantes marcharon por el centro golpeando ollas vacías para denunciar la falta de alimentos básicos.
“La economía se ha derrumbado”, dijo Carlos Bolaños, líder de una asociación de pequeñas empresas. “La gente está pensando en emigrar”.
Los bloqueos de carreteras y las manifestaciones se intensificaron esta semana, con los partidarios del expresidente Evo Morales buscando presionar a las autoridades para que le permitan participar en las elecciones de agosto. El exlíder socialista dirigió la nación andina desde 2006 hasta 2019, pero un tribunal le prohibió postularse.
Un representante del Gobierno afirmó que al menos cuatro policías murieron entre este miércoles y el jueves en Llallagua, una ciudad minera al norte de Potosí, en medio de enfrentamientos con manifestantes.
Según los medios locales, las instalaciones policiales fueron saqueadas y la infraestructura vial resultó dañada por explosiones de dinamita. Los bloqueos de carreteras también han agravado la escasez de productos básicos.
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Según una encuesta reciente, la aprobación del presidente Luis Arce cayó al 7,4%. Su partido socialista se encuentra dividido y él no se presentará a la reelección.
Aunque la oposición lidera las encuestas, su apoyo está fragmentado entre varios candidatos. Los mejor posicionados son el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, con 19,1% y 18,4% de respaldo, respectivamente.
“La situación económica, política y social está en niveles críticos”, afirmó Luis Fernando Romero, presidente de la Asociación de Economistas de Tarija. Advirtió que los países vecinos podrían comenzar a implementar políticas restrictivas para evitar “un éxodo de bolivianos en los siguientes meses”.
El modelo se desmorona
Cuando las exportaciones de gas natural comenzaron a caer hace una década, Bolivia no contuvo su déficit fiscal ni invirtió en nueva exploración, confiando en que su abundante litio generaría un nuevo auge. Pero la esperada bonanza no llegó, y el país aún no produce volúmenes significativos de este metal clave para baterías.
En los mercados de La Paz, los precios de diversos productos se han duplicado en los últimos meses, según más de una docena de comerciantes. Con la inflación al alza, muchos bolivianos han empezado a saltarse comidas o reemplazar el pan por alternativas caseras más económicas.
“Vine a EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) por harina y aceite para cocinar buñuelos en lugar del pan que no se encuentra en las tiendas”, dijo Marianela Flores, de 39 años. “Pero no hay nada. Ni siquiera me dicen a qué hora tengo que venir para conseguir algo”.
La inflación anual alcanzó 18,46% en mayo, frente al 3,52% de hace un año. Analistas sostienen que la cifra real podría ser mayor, debido a que el índice oficial está sesgado por productos fuertemente subvencionados.
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“La mayoría de los productos han subido en un 50% y un 100%”, señaló Romero. “Eso te muestra que las cifras oficiales no reflejan la realidad”.
Aunque los niveles siguen lejos de los registrados en Venezuela o Argentina, para los bolivianos el aumento es drástico, acostumbrados a décadas de subsidios y controles de precios en bienes esenciales como pan, carne, gasolina y diésel.
El alza indica que el modelo de subsidios vigente en Bolivia se tambalea. Las reservas, antes abundantes, permitieron mantener combustibles baratos, un beneficio que muchos asumían como un derecho. Pero ese compromiso ahora es insostenible.
La producción de gas natural alcanzó su máximo entre 2014 y 2015 con 60 millones de metros cúbicos diarios. Hoy, tras años de control estatal y escasa inversión extranjera, se ha reducido a solo 28 millones. A medida que la oferta disminuye y los costos aumentan, la carga de las subvenciones se ha vuelto insostenible.
Varios conductores entrevistados en filas de gasolineras señalaron que eliminar los subsidios podría ayudar a normalizar la situación. La semana pasada, trabajadores del transporte público marcharon en La Paz, amenazando con huelgas de hambre y boicots si no hay mejoras.
Julio Gabriel Coronel, taxista, esperó toda la noche en una estación solo para ver agotarse el combustible a dos autos de distancia. “¿Quién va a pagar por mi día perdido?”, se lamentó, cubierto con mantas para soportar el frío.
Conductores particulares también están racionando el uso del auto. “Algunos se han quedado sin gasolina en la fila”, dijo Dani Torrez, de 37 años. “Nosotros vamos a esperar a que llegue la siguiente cisterna porque no tenemos ni para volver a casa”.
Empresas se tambalean
La crisis ha impactado a toda la economía, desde grandes industrias hasta pequeños negocios.
La Cámara Nacional de Industrias proyecta que el PIB industrial caerá por debajo del ya débil crecimiento del año pasado, entre 1% y 1,5%.
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Eddy Jarro, de 50 años, canceló un contrato para proveer uniformes a una minera estatal por el encarecimiento de los insumos. De tener cinco empleados a tiempo completo, pasó a ver su taller prácticamente paralizado.
“Estoy pensando en vender mi automóvil o mis máquinas de coser”, dijo. “Debo dinero a dos bancos. Quizás tenga que dejar Bolivia de nuevo, tal vez irme a Argentina. Escuché que ahí tienen dólares”.
El sistema sanitario también sufre. Muchos insumos médicos, que son importados, escasean. En el Hospital General de La Paz, Carlos Mamani, de 35 años, llevaba seis días esperando que lo operaran por falta de sosa cáustica, necesaria para la anestesia. Según los médicos, su precio se ha vuelto inasumible para el presupuesto del hospital.
El personal evitó comentarios oficiales, citando restricciones del Ministerio de Salud. No obstante, el Defensor del Pueblo informó en mayo que el 60% de los centros de salud del país enfrenta escasez crítica.
La industria farmacéutica también está en crisis. Los bancos han restringido las transferencias y el estatal Banco Unión no ha entregado las divisas necesarias para importar medicamentos.
“El Gobierno nos ha entregado menos del 10% de los dólares que necesitamos”, denunció Javier Lupo, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana. Algunos importadores deben acudir al mercado negro y pagar un tipo de cambio más alto.
De cara al futuro, Romero advirtió que el próximo gobierno tendrá como principal tarea estabilizar la economía antes de proponer reformas estructurales.
“Yo pienso que el gobierno que asuma el poder en noviembre va a ser solo de transición”, afirmó. “Su trabajo será estabilizar la economía y arreglar las cosas para que en el próximo gobierno de 2030 se piense en un crecimiento sostenible de la economía”.
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