Bloomberg Línea — El debate sobre el ajuste del salario mínimo en Colombia para 2026 se ha convertido en uno de los factores más sensibles para las proyecciones macroeconómicas. Aunque el Gobierno insiste en que incrementos por encima de lo recomendado no generan inflación, los analistas advierten que la magnitud de la próxima alza podría ser la principal amenaza para el IPC.
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“Existe una alta probabilidad de un aumento desbordado”, dice Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, quien recuerda que, en la más reciente rueda de prensa tras la junta de política monetaria, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, “no tuvo la menor pena de decir vamos a aumentar el salario un montón porque no hay ningún impacto en inflación”.
Para 2025, el salario mínimo subió 11% (incluyendo el auxilio de transporte), después de que la inflación de 2024 cerrara en 5,2%. La negociación para definir el incremento del próximo año se dará en diciembre como antesala de las elecciones a Congreso y a la Presidencia de 2026.
Wilson Tovar, director de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores, advirtió que “el Gobierno no está respetando los lineamientos técnicos que deberían orientar el incremento del salario mínimo”. Señaló que, aunque no sería el único en las últimas dos décadas en apartarse de esas recomendaciones, la decisión refuerza la idea de que las determinaciones en esta materia “responden más a intereses políticos que a fundamentos económicos”.
El dilema entre inflación y poder adquisitivo
El aumento del salario mínimo siempre genera tensiones entre la necesidad de proteger el ingreso de los hogares y el riesgo de desajustes macroeconómicos.
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Para 2026, los economistas coinciden en que la magnitud de la subida podría tener efectos directos sobre el costo de vida.
“Uno pensaría que, si sólo es por inflación y productividad, el aumento del salario mínimo debería situarse cerca del 8% o algo por el estilo”, explicó David Cubides, economista del Banco de Occidente. Sin embargo, coincide con Pérez en que “después de los comentarios del gobierno, la expectativa ha venido subiendo”.
Según Cubides, si el ajuste supera los dos dígitos, el impacto sobre los precios podría sentirse desde la primera parte de 2026. “Un 12% podría darle algo de presión a la inflación en la primera parte del año por el componente indexado”, añadió.
De acuerdo Tovar un incremento del 12% o más tendría serias implicaciones no solo sobre la inflación, sino también en la capacidad del sector formal para generar empleo. Explicó que un ajuste de esa magnitud presionaría los costos laborales, ampliaría la informalidad y limitaría la contratación en un momento en el que la economía requiere fortalecer la productividad.
Riesgos de presiones persistentes
Los modelos de Banco de Bogotá muestran que un aumento de 12,4% llevaría el salario mínimo a cerca de COP$1,6 millones. “Nosotros en nuestros modelos, al incorporar el ajuste salarial del 12% nos da que la inflación podría ser mayor al 4,5% al cierre del 2026”, afirmó Pérez.
Aunque el banco trabaja con un escenario base de incremento cercano al 11%, que daría una inflación de 4,2% en 2026, el sesgo es al alza. “El sesgo y la expectativa es al alza, porque todos los gobiernos en el último año, obviamente con objetivos políticos, pasan en un ajuste salarial mayor que el que hicieron en los tres primeros años de gobierno”, agregó.
Tovar aseguró que, bajo los cálculos de la firma, un aumento del 12% llevaría a que la inflación de 2026 se ubique en torno al 4,30%, frente a un escenario base que proyectaba 3,60%. Esto implicaría que el país complete cinco años sin lograr que el IPC retorne al rango meta del Banco de la República.
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El efecto multiplicador sobre precios
Más allá del debate político, la evidencia empírica también respalda la alerta de los analistas. “Los incrementos reales del salario mínimo, aunque aumentan la capacidad adquisitiva de algunos hogares, generan presiones sobre los precios”, señaló Felipe Campos, gerente de Estrategia e Inversión de Alianza Valores. Dice que la evidencia muestra que un aumento de un punto porcentual real en el salario mínimo “se traduce en cerca de 0,20 puntos porcentuales adicionales de inflación”.
En ese sentido, un incremento real de 4% podría sumar hasta 0,8 puntos porcentuales al IPC, complicando la convergencia a la meta del 3%. “Si el aumento real supera el 4,5%, el Banco tendría menos espacio para seguir reduciendo tasas de interés como lo ha venido haciendo en 2025 y esto sería un obstáculo para la recuperación del crecimiento económico”, añadió Campos.
Más presiones por cuenta fiscal y de impuestos
Las advertencias no se limitan al terreno salarial. El impacto de la política fiscal también entra en juego. “El salario mínimo técnicamente debería aumentar teniendo en cuenta la inflación esperada y la productividad; cualquier incremento por encima de ese nivel podría afectar la creación de empleo, la inflación y las tasas de interés”, comentó Juan David Ballén, jefe de estrategia de Aval Casa de Bolsa. Además, dice que es importante considerar que la ley de financiamiento “impactaría el IVA en bienes y servicios, lo que se sumaría a las presiones inflacionarias”.
Según Ballén, bajo este escenario, la inflación que cerraría en 2025 alrededor de 5% podría repuntar hasta 5,5% o incluso 6% en 2026.
“En cuanto a la tasa de política monetaria, por este mismo motivo y debido a los desafíos fiscales del país, en 2025 se mantendría estable en 9,25%, y en 2026, en el mejor de los casos, podría reducirse sólo hasta 8,50%”, agregó.
Una negociación cargada de política
El proceso de concertación del salario mínimo ha tenido históricamente un peso político significativo, pero en 2026 las tensiones parecen amplificarse.
El gobierno de Gustavo Petro, que enfrenta su último año de mandato, llega a la mesa de negociación con la presión de sindicatos y sectores de opinión que esperan un aumento superior a los años previos.
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Los analistas coinciden en que, si el Gobierno decide decretar el aumento de manera unilateral, la probabilidad de un incremento por encima del 12% se dispara.
“Nosotros inicialmente estamos trabajando con un salario mínimo más cercano a ese nivel, 10%-11%, pero efectivamente un 12% podría darle algo de presión a la inflación en la primera parte del año”, recalcó Cubides.
Perspectiva hacia 2026
En un entorno de inflación que sigue por encima de la meta y con un Banco de la República que necesita espacio para bajar las tasas, la definición del salario mínimo se convierte en una pieza central del rompecabezas económico.
El consenso entre los analistas es claro: mientras más elevado sea el ajuste, más difícil será que el IPC regrese al rango objetivo y con ello, que bajen las tasas.
Aunque el Gobierno sostiene que la relación entre salarios e inflación es limitada, las cifras y los modelos de los centros de investigación apuntan en la dirección contraria.
La pregunta de fondo es hasta qué punto la presión política terminará pesando más que la prudencia macroeconómica. Si la decisión final se inclina hacia un aumento más alto de lo esperado, Colombia podría enfrentar en 2026 un nuevo episodio de desajuste inflacionario que prolongue las altas tasas de interés y retrase la recuperación del crecimiento económico.
“Claramente no sería nada amigable esta medida con el sector empresarial”, afirmó Tovar, al advertir que el Gobierno ya ha mostrado en su manejo de las finanzas públicas una falta de compromiso con la sostenibilidad a largo plazo. En su concepto, un ajuste desbordado del salario mínimo enviaría señales equivocadas sobre la disciplina macroeconómica del país.
