Bloomberg — El gobierno de Ecuador y su incipiente industria minera se encaminan hacia una disputa legal por una controvertida tasa anunciada el mes pasado.
El sector minero considera que la medida actúa como un impuesto que obstaculizará las actividades de exploración. La Cámara Minera del Ecuador ya ha presentado una solicitud de anulación ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, el Gobierno sostiene que la tasa beneficiará al sector, al permitir recaudar fondos destinados a combatir la minería informal.
“Estoy esperando la audiencia para contar mi versión”, dijo la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, a la prensa.
El país sudamericano enfrenta una amenaza creciente de minería ilegal, que las autoridades vinculan al narcotráfico. En mayo, una banda armada masacró a 11 soldados que intentaban desmantelar un campamento de minería de oro ilegal en la Amazonía. Según el Gobierno, la nueva tasa permitirá recaudar US$229 millones anuales para financiar las operaciones del organismo regulador ARCOM.
Desde la industria advierten que algunas pequeñas empresas de exploración tendrían que pagar en tasas más de lo que valen en el mercado, lo que reduciría la posibilidad de desarrollar los abundantes yacimientos de oro y cobre del país. “Simplemente eliminaría a Ecuador del mapa de destinos de inversión en la región”, afirmó la presidenta de la Cámara Minera, María Eulalia Silva.
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El proceso legal podría extenderse hasta por dos años, aunque la Cámara Minera confía en que el cobro de la tasa se suspenda en cuestión de semanas.
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