Ciudad de México — El contrabando de combustibles sin el pago de los impuestos debidos, delito conocido como huachicol fiscal, se ha convertido en uno de los problemas económicos más relevantes que el Gobierno de México intenta resolver en sus fronteras.
Este dolor de cabeza oscila de US$5.200 a US$8.700 millones anuales, más de la mitad del presupuesto de inversión de la endeudada empresa estatal Pemex para este año.
La problemática nació a partir de una ambiciosa oportunidad de inversión orquestada por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018): abrir la importación de combustibles a las empresas privadas, y crear un mercado de competencia tras el fin del monopolio de Pemex con su reforma energética de 2013.
Pero algunos operadores involucrados en ese mercado rebasaron fácilmente la escasa vigilancia operativa del Estado a una actividad que apenas estaba en pañales y cuya nueva legislación energética tenía vacíos.
“No es válido que mientras la mayoría de los mexicanos cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, hay estos sistemas de elusión tan burdos y tan ofensivos para los contribuyentes del país”, dijo en entrevista con Bloomberg Línea el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.
El huachicol fiscal consiste en crear un esquema para la introducir energéticos a México con una fracción arancelaria distinta. Es decir, se simula la importación de combustibles como si fueran otros productos, principalmente lubricantes, alcoholes y aditivos, para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel.
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El origen del problema
Los cambios a la Constitución mexicana en materia de energía, impulsados por Peña Nieto, permitieron al sector privado la importación de combustibles a partir de abril 2016, una actividad que era exclusiva de Pemex, y que también se convirtió en una oportunidad para la evasión de impuestos.
Actualmente, las importaciones representan poco más del 50% de la demanda de gasolinas que sobrepasa los 700.000 barriles diarios.
México ya enfrentaba el problema del robo de combustible tradicional a ductos y pipas, incluso en refinerías, conocido como huachicol, pero el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador sumó a la discusión pública el problema de la evasión fiscal en la importación de combustibles.
López Obrador, líder moral del actual Gobierno, emprendió una fuerte campaña para que las empresas estuvieran al día en el pago de sus impuestos, una política que lo enfrentó con uno de los hombres más ricos del país, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
La falta de presupuesto y personal para verificar el mayor número posible de los cargamentos que ingresan por las aduanas permiten a los contrabandistas utilizar al menos cuatro formas de ingresar el combustible: disfrazarlo con otra fracción arancelaria como lubricantes o alcoholes; declaración de un menor volumen importado; falsificación de documentos y contrabando puro sin registro, detalla Alejandro Montufar, CEO de la consultora PetroIntelligence.
La importación ilegal se vuelve atractiva cuando los precios de los combustibles caen y el Gobierno retira los subsidios como ocurrió durante la pandemia del Covid-19 en 2020, pero pierde brillo cuando los precios se disparan, como sucedió con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania en 2022 y las autoridades se ven forzadas a subsidiar los precios para contener la inflación.
Durante el ejercicio fiscal 2021, México observó un incremento en las importaciones de lubricantes superiores al 79% de la demanda legítima, sin que exista algún sustento en la actividad económica, señaló el brazo fiscal de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un reporte.
“Estos productos no se encuentran sujetos al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que son usados como medio de evasión para la introducción de combustibles", añadió la autoridad en otro documento.
La afectación económica por el huachicol fiscal asciende a MXN$106.674 millones (US$5.260 millones) anuales, equivalente al 10% del valor del mercado nacional de combustibles en México, de acuerdo con una estimación de Verifigas, una empresa evaluadora de controles volumétricos de combustibles en el país y que tiene como clientes a marcas gasolineras como BP, Pemex, Repsol y Shell.
PetroIntelligence tiene un cálculo más elevado: MXN$177.170 millones (US$8.700 millones) anuales de acuerdo con datos del SAT que consideran que el contrabando fiscal equivale al 30% del total de los combustibles vendido en las gasolineras en México.
La autoridad fiscal entregó reportes públicos hasta 2022 con cifras sobre el contrabando de combustibles. La entidad no respondió a la solicitud de información sobre el monto actualizado sobre el contrabando de combustibles ni a las medidas implementadas, realizada por Bloomberg Línea.
El secretario de Hacienda comentó que es difícil estimar el impacto económico del contrabando de combustibles porque se trata de una cifra sombra —un dato que está fuera de la economía formal y regulada—, pero dijo que se aplicarán controles y el problema irá disminuyendo.
Primeros esfuerzos
La Secretaría de Energía terminó, revocó o caducó 1.866 permisos de importación y exportación por el uso indebido, término del periodo o incumplimiento de las obligaciones, luego de identificar que 80% de los permisos no era utilizado por sus titulares, según su informe de labores 2021, presentado en septiembre de ese año.
Ese mismo año, en noviembre, una asociación civil compuesta por la industria energética, el gobierno estatal y la academia de Nuevo León señaló a la compañía Kansas City Southern, hoy Canadian Pacific Kansas City, de complicidad en el contrabando de combustible, aunque la compañía negó los señalamientos.
Un año después, en 2022, el Gobierno implementó un subsidio complementario adicional para contener una escalada inflacionaria que coincidió con una reducción del robo y contrabando de petrolíferos.
“Presumiblemente es la razón principal de la reducción pues, al no requerir el pago del IEPS en la importación, además de la devolución del estímulo complementario por litro en ventas de primera mano, se suprimen los incentivos contra la actividad de contrabando”, detalló el SAT en un reporte.
Cuando los precios comenzaron a estabilizarse y el problema regresó en octubre de 2023, la Secretaría de Energía emitió un decreto para restringir temporalmente las importaciones de múltiples derivados del petróleo, como lubricantes y alcoholes, con el objetivo de cerrar huecos a los contrabandistas.
Más recaudación y medidas enérgicas
El Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha tomado medidas enérgicas contra el huachicol fiscal porque persigue una mayor recaudación de impuestos, la cual aumentó 20% anual en el primer trimestre de 2025, en un entorno económico volátil por la incertidumbre que ha provocado su principal socio comercial, Estados Unidos.
La tendencia de recaudación va en ascenso. De 2023 a 2024, la recaudación de IEPS a gasolinas y diésel fue de MXN$403.583 millones, un crecimiento anual de 63%, según datos de Hacienda.
El 31 de marzo de 2025, la Secretaría de Marina junto con otras autoridades federales informaron el decomiso “histórico” de 10 millones de litros de diésel, armas y vehículos en un buque que arribó al puerto de Tamaulipas presuntamente como carga de aditivos para aceites lubricantes.
Pero los accionistas de la empresa encargada de la importación, Intanza SA de CV, están vinculados a Francisco Javier Antonio Martínez a través de otra compañía, Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure, cuya parte accionaria no reporta en su declaración patrimonial el alto funcionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional, quien trabajó en la Aduana de Matamoros y en proyectos aduanales del SAT, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, una organización no gubernamental.
Intanza, detalla la investigación, reclamó en tribunales mexicanos que el navío incautado llevaba 20 millones de litros de supuesto aditivo importado desde Texas, el doble de la cifra reportada por las autoridades mexicanas.
La Marina dijo en un comunicado que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar la cantidad y el destino del combustible importado, agregó la organización.
Bloomberg Línea consultó Asipona Tampico sobre el tema, pero no obtuvo respuesta inmediata.
El problema persiste
El contrabando de petrolíferos persiste aún con múltiples operativos y medidas que incluso han interrumpido las operaciones legales de empresas privadas.
El nueve de abril pasado, la empresa estadounidense Valero, principal importadora privada de gasolina y diésel en México, estuvo impedida para ingresar combustibles al país luego de que el SAT suspendió a la compañía del padrón de importadores por una supuesta falta de permiso, situación que la empresa calificó como un “error”. Dos semanas después, Valero pudo continuar con sus importaciones.
Bloomberg reportó una parálisis en los envíos de combustible desde Texas a México ante una intensa vigilancia sobre posibles cargamentos ilegales de combustible que entrarían a México, el 15 de abril.
Dos personas con conocimiento directo del tema contaron a Bloomberg Línea que las inspecciones se endurecieron en aduanas de Tamaulipas, Baja California y Chihuahua con laboratorios móviles de Pemex haciendo análisis de los combustibles transportados en las pipas.
Bloomberg Línea consultó al Secretaría de Energía, encargada de otorgar los permisos, y a Pemex sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.
Para Gabriel Rosas Navarro, director de operaciones de Verifigas, los operativos del Gobierno mexicano y las fuerzas armadas contra el contrabando han funcionado en un plazo inmediato, pero también es necesario el combate cruzado institucional.
Menciona, por ejemplo, que la Procuraduría Federal del Consumidor puede revisar el precio de las estaciones gasolineras, de dónde viene el combsutible que comercializan y quién se lo está vendiendo en un entorno de mercado.
Otro punto es la trazabilidad de los combustibles de las autoridades y los organismos de inspección, lo cual requiere de una asignación presupuestal mayor, en medio de un proceso de transición entre los extintos reguladores, la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) y la transferencia de más responsabilidades regulatorias a la Sener en materia de hidrocarburos.
“La inversión hacia las dependencias y organismos de certificación se tiene que fortalecer y mejorar el tema regulatorio”, agregó Navarro.
Mientras el Gobierno continua con el combate al contrabando de gasolina y diésel, Sheinbaum y su equipo mantienen la promesa heredada de López Obrador por la autosuficiencia en combustibles fósiles, golpeada por múltiples retrasos y un presupuesto limitado que han desdibujado el cumplimiento del objetivo para que su administración pueda controlar la oferta de combustibles en el país, pero dejando un espacio para la inversión privada.
Con información de Zenyazen Flores y Jimena Tolama.
