Ciudad de México — El Gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra cuatro personas y 13 empresas mexicanas que vincula con un fraude de tiempos compartidos en México liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales considerados como terroristas por ese país.
El Departamento del Tesoro estadounidense señaló en un comunicado que este tipo de fraude, así como el robo de combustible se han convertido en algunas fuentes de ingreso alternativas para financiar las operaciones del CJNG, señalado de “inundar” a la nación de fentanilo.
“Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de estos cárteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los adultos mayores estadounidenses mediante el fraude de tiempo compartido”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.
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El Tesoro señaló que los cárteles mexicanos han apuntado a adultos mayores estadounidenses que poseen tiempos compartidos en México a través de call centers para cometer diversas estafas, en el caso de Puerto Vallarta, el CJNG ha controlado estas actividades desde 2012.
La acción fue resultado de la cooperación bilateral en la que participaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano, señaló la dependencia.
Las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro bloquean los bienes e intereses de las personas designadas en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos de ese país y prohíben que personas y empresas estadounidenses realicen cualquier transacción con ellas.
Las órdenes se dan en medio del escrutinio de Estados Unidos sobre México por el tráfico de fentanilo, un potente opioide que comenzó a generar adicción en la población estadounidense impulsado engañosamente por farmacéuticas como Purdue Pharma. En junio, el Tesoro emitió órdenes contra los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector por considerarlos preocupación en materia de lavado de dinero relacionada al tráfico de opioides.
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En el comunicado, el Tesoro indicó que las acciones se tomaron de conformidad con las órdenes ejecutivas 14059, que combate la proliferación de drogas ilícitas y 13224, que combate a terroristas y quienes les apoyan, lo que marca un precedente en el que el CJNG es tratado como un actor trasnacional híbrido, lo que amplifica el alcance de las sanciones, escribió en una nota Alejandro Lozada, responsable de la práctica de cumplimiento regulatorio de la firma de consultoría y contabilidad Crowe.
“Las sanciones OFAC, en este contexto, no son solo un golpe económico. Son un mensaje político y operativo: cualquier actividad comercial —incluso las que se consideran alejadas del crimen organizado—puede ser objeto de acción internacional si se detecta un nexo financiero con redes criminales”, escribió en la nota.
Estados Unidos identificó a Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño como miembros del CJNG involucrados en el fraude, así como a Michael Ibarra Díaz Jr, un empresario de la industria turística.
Las sanciones también se aplicaron a 13 empresas de la red de Ibarra, dedicadas a los tiempos compartidos, agencias de viajes, operadores de tours, contabilidad o de servicios automotrices, Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, Corporativo Integral De La Costa, Corporativo Costa Norte, Sunmex Travel, TTR Go, Inmobiliaria Integral Del Puerto, KVY Bucerias, Servicios Inmobiliarios Ibadi, Fishing Are Us, Santamaria Cruise, Laminado Profesional Automotriz Elte y Consultorias Profesionales Almida.
Las empresas y personas sancionadas están basadas en o cerca de Puerto Vallarta, un destino de playa en el estado de Jalisco que según el Tesoro es un bastión estratégico para el CJNG.
