Bloomberg — Panamá está evaluando la posibilidad de cancelar su contrato con la empresa con sede en Hong Kong que opera los puertos cercanos al Canal de Panamá, según personas con conocimiento de la situación, una concesión potencial para desactivar las amenazas del presidente Donald Trump sobre contrarrestar la influencia de China en torno a la vía acuática clave.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino está revisando la posibilidad de cancelar los contratos en manos de Hutchison Ports PPC, una subsidiaria del conglomerado CK Hutchison Holdings Ltd., según las personas, que pidieron no ser identificadas dada la sensibilidad comercial y política del asunto.
Advirtieron que no se ha tomado ninguna decisión y que el gobierno procedería de una manera destinada a evitar demandas y seguir el debido proceso. La oficina presidencial de Panamá no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, y Hutchison Ports no respondió a una solicitud de comentarios.
Si se concretara esa medida, sería un gran regalo para Trump, quien dice que China tiene demasiado control sobre el canal y no descarta apoderarse de él por la fuerza. Hutchison Ports opera dos de los cinco puertos adyacentes al Canal de Panamá, uno en cada lado. China ha erosionado de manera constante la autonomía de Hong Kong en los últimos años.
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el domingo a las autoridades panameñas durante una visita que deben tomarse medidas para frenar lo que calificó de influencia “inaceptable” de China sobre el canal construido por Estados Unidos, que fue cedido a Panamá en 1999 en virtud de un tratado firmado dos décadas antes por el presidente Jimmy Carter. Hutchison ha gestionado los puertos panameños de Balboa y Cristóbal en virtud de una concesión que se firmó por primera vez en 1997 y que, en 2021, se prorrogó hasta 2047.
No es la única acción relativa a los puertos. Dos abogados presentaron el lunes una demanda contra el contrato de Hutchison, alegando que viola la Constitución del país. Uno de los abogados, Norman Castro, dijo que la concesión contiene exenciones fiscales excesivas y cede grandes extensiones de tierra a la empresa portuaria, violando la garantía constitucional de anteponer el bien público a los intereses privados.
Los bonos panameños en dólares extendieron sus ganancias el martes, subiendo cerca de medio centavo por dólar en toda la curva ante las expectativas de que se evite la presión de EE.UU. sobre la economía. Los pagarés subieron el lunes después de que el país ofreciera a Rubio paso libre para los buques de guerra estadounidenses a través del canal y dijera que se retirará del programa de préstamos insignia de China, la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Rubio ha dicho que Pekín podría utilizar los puertos como punto de escala para operaciones militares en caso de conflicto.
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La evaluación de la administración Trump supone un giro respecto a conclusiones anteriores del Departamento de Estado. En 1999, un funcionario del Departamento de Estado testificó ante el Comité de Servicios Armados del Senado que EE.UU. había concluido que la operación de los puertos por parte de Hutchison “no representa una amenaza para las operaciones del canal u otros intereses de EE.UU. en Panamá”.
“En su mayor parte, las operaciones de Hutchison se limitan a la carga y descarga y al almacenamiento de contenedores de carga”, testificó entonces el embajador Lino Gutiérrez. “También están desarrollando instalaciones portuarias, con miras a hacer de Cristóbal el centro de sus operaciones en el Océano Pacífico”.
Alrededor del 75% de la carga que transita por el Canal de Panamá tiene como origen o destino Estados Unidos, lo que le convierte con diferencia en el mayor beneficiario de la ruta. El canal aportó casi US$5.000 millones en el año fiscal 2024, es decir, alrededor del 4% del producto interior bruto de Panamá.
Con la colaboración de Michael McDonald y María Elena Vizcaíno.
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