Bloomberg Línea — El juicio oral contra el expresidente peruano Pedro Castillo, de 55 años, inició en la mañana del martes con cuarenta minutos de retraso, en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, casi 27 meses después de haber intentado perpetrar un golpe de Estado en Perú al querer disolver el Congreso que se aprestaba a iniciarle un proceso político.
Desde entonces, el mandatario ha permanecido bajo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, conocido como el lugar de reclusión de expresidentes peruanos, donde también han sido encarcelados exmandatarios como Alberto Fujimori y Ollanta Humala.
Al inicio de la jornada, el otrora mandatario se rehusó a hacer parte del juicio y dijo que le había quitado el poder a su abogado de representarlo. También se negó a aceptar un abogado de la defensa pública, y finalmente ingresó a la sala de audiencias con poco más de 40 minutos de retraso.
El 7 de diciembre de 2022, cuando ni siquiera completaba año y medio en la Presidencia, Pedro Castillo anunció que disolvería el Congreso de la República, un acto que no sucedía desde el autogolpe del fallecido Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. También informó que instauraría un Gobierno temporal y convocaría a unas elecciones parlamentarias en el menor plazo.
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El anuncio fue brindado en medio de un juicio político en su contra y un proceso de vacancia presidencial al que iba a ser sometido ese día. No obstante, tan pronto se conoció lo que el mandatario pretendía, el Congreso adelantó la sesión del Parlamento y la votación para destituirlo, que llegó a buen término con 101 votos a favor.
Entretanto, las Fuerzas Armadas no acataron el llamado de Pedro Castillo y lo capturaron cuando se dirigía a embajada de México en Lima. Y Dina Boluarte, en ese entonces vicepresidenta de Perú, lo reemplazó en su cargo, aunque su mandato ha sido de los más impopulares.
Fiscalía pide 34 años de cárcel para Pedro Castillo
En ese contexto, Pedro Castillo está el banquillo de los acusados este 4 de marzo, compareciendo ante la por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública. De ser hallado culpable, podría ser condenado a 34 años de cárcel y debería pagar más de 65 millones de soles (US$17,6 millones), siempre que la justicia atienda la solicitud de la Fiscalía.
Pero no solo Castillo podría ser condenado, también seis presuntos cómplices: Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros; Aníbal Torres, exministro de Justicia, y Willy Huerta, exministro del Interior, además de los exoficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez.
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“Para los otros acusados, la Fiscalía pide 25 y 15 años de cárcel, así como una reparación civil ascendente a 64 millones de soles que deberán pagarse de forma conjunta entre los que fueran sentenciados”, sostuvo el Poder Judicial de Perú en un comunicado.
Durante la etapa de investigación fueron admitidas un total de 65 pruebas documentales y la declaración de más de 69 testigos, así como pericias forenses, grafotécnicas y otras, que deberá evaluar la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
