Bloomberg Línea — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú rechazó este sábado las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el expresidente Pedro Castillo es víctima de persecución política.
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Desde Lima se sostiene que el exmandatario intentó un golpe de Estado en diciembre de 2022 y recordó a la gobernante mexicana que enfrenta un proceso legal dentro del marco constitucional.
“Presentar el caso como una persecución política es una afirmación falsa e inaceptable”, señaló la Cancillería en un comunicado. La entidad advirtió que la posición de Sheinbaum contradice el principio de no intervención en asuntos internos y representa un desconocimiento total de la realidad peruana.
Un golpe fallido y sus consecuencias
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo sorprendió al país al anunciar la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reorganización de instituciones como el Poder Judicial y la Fiscalía.
Su mensaje televisado fue interpretado de inmediato como un intento de golpe de Estado. Minutos después, las Fuerzas Armadas y la Policía se desmarcaron de la medida, y el Congreso aprobó su destitución por incapacidad moral.
Castillo fue detenido ese mismo día, y desde entonces enfrenta un proceso judicial por rebelión y conspiración. El gobierno peruano insiste en que su situación jurídica no responde a una persecución, sino a delitos cometidos en flagrancia.
Para el gobierno peruano, esa diferencia es clave: mientras Sheinbaum plantea un caso de victimización política, la narrativa oficial sostiene que se trata de un acto sancionado en estricto respeto al debido proceso.
La postura de México
Las declaraciones de Claudia Sheinbaum marcan continuidad con la línea política de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer momento respaldó a Castillo y criticó su destitución.
En esta ocasión, la mandataria recibió en Palacio Nacional al abogado Guido Croxatto, representante legal del exmandatario peruano, y expresó su solidaridad.
Sheinbaum pidió a la Organización de las Naciones Unidas intervenir para garantizar los derechos humanos de Castillo. “La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, dijo la presidenta mexicana, en un mensaje que buscó ampliar el tema más allá de la coyuntura peruana y presentarlo como una causa regional.
Relaciones tensas desde 2022
El respaldo de México a Castillo no es nuevo. En diciembre de 2022, tras la destitución del expresidente, el gobierno de López Obrador concedió asilo político a su familia, lo que desató un choque inmediato con Lima. El Congreso peruano llegó a aprobar mociones de rechazo a la “injerencia extranjera”, y la Cancillería retiró a su embajador en Ciudad de México.
La tensión diplomática se ha mantenido en el tiempo, alimentada por declaraciones cruzadas entre los gobiernos de ambos países. Mientras México enmarca el caso como un ejemplo de hostigamiento político, Perú insiste en que se trata de una defensa institucional frente a un quiebre democrático.
Un frente diplomático dividido en América Latina
El caso Castillo se ha convertido en un punto de división en la diplomacia regional. Países como México, Colombia, Bolivia y Argentina han expresado en distintos momentos solidaridad con el exmandatario peruano, mientras otros han evitado pronunciamientos directos o han respaldado las instituciones de Lima.
El gobierno de Dina Boluarte ha hecho de la defensa de la soberanía una bandera en política exterior. Desde su perspectiva, aceptar el discurso de persecución política significaría legitimar un golpe de Estado fallido. Por ello, cada declaración que contradice esa narrativa se convierte en un motivo de confrontación diplomática.
El papel de la ONU y la OEA
La Cancillería peruana recordó que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó en diciembre de 2022 cualquier intento de subvertir el orden democrático en Perú.
También destacó que la Carta de la Organización de Estados Americanos establece el respeto a la soberanía y la no intervención en asuntos internos como principios fundamentales.
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Con ese marco, Lima busca aislar la postura mexicana y presentarla como ideologizada. “Resulta extraño que se desconozca la posición clara de la comunidad internacional frente a un quiebre del orden democrático”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado.
