Bloomberg Línea — El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) advierte que Bolivia atraviesa un deterioro macroeconómico profundo a pocos días de la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.
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El informe señala que el próximo gobierno recibirá un panorama fiscal, externo y financiero marcado por desequilibrios persistentes y restricciones severas. Las cifras fiscales muestran un déficit creciente, mientras las reservas internacionales están casi agotadas y las fuentes de financiamiento se han concentrado en mecanismos internos.
El documento, publicado esta semana, estima que el déficit del gobierno central, sin incluir empresas estatales, alcanzará el 14% del PIB en 2025. Si se suman las pérdidas operativas de las empresas públicas y se excluyen los subsidios, el desequilibrio consolidado se sitúa en torno al 20% del PIB.
“Este es uno de los mayores déficits en tiempos de paz en mercados emergentes y, críticamente, es estructural”, afirmó Jonathan Fortun, economista sénior del IIF. A pesar de señales esporádicas de reforma, los subsidios, especialmente los combustibles, continúan representando una parte significativa del gasto público.
Además, el documento destaca que la política fiscal se ha desvinculado del ciclo de las materias primas. La reducción de los ingresos por hidrocarburos, junto con un gasto endurecido en subsidios, transferencias y sueldos públicos, ha limitado el margen de maniobra.
“Incluso los escenarios optimistas de materias primas no pueden cerrar el desequilibrio, ya que la discrepancia subyacente refleja un sector público que ha superado permanentemente su base de ingresos”, sostuvo Fortun.
El sector exportador no muestra señales de reversión en el corto plazo. La canasta exportadora está dominada por materias primas como gas, minerales y productos agrícolas. La producción de gas natural, que en 2016 superaba los 55 millones de metros cúbicos diarios, cayó por debajo de 32 millones en 2023.
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La falta de inversión en exploración ha deteriorado la capacidad de cumplir contratos, lo que ha convertido al país en importador neto. La pérdida de divisas por esta vía se suma a la presión sobre las finanzas públicas.
El informe señala que el tamaño del déficit no es el problema central, sino la ausencia de mecanismos estables para cubrirlo. “La realidad fundamental es que el modelo de Bolivia ha llegado a su fin, y el próximo gobierno debe navegar una economía ya profundamente en crisis”, concluyó Fortun.
Riesgos sistémicos
Con el acceso a los mercados internacionales restringido, el Tesoro ha recurrido a los bancos nacionales y al sistema previsional centralizado bajo la Gestora Pública. Más del 60% de la deuda pública interna está en manos de entidades estatales.
“Esto excluye el crédito privado, eleva los riesgos sistémicos en el sector financiero y erosiona el propio fondo de ahorro destinado a proteger a los hogares”, señaló Fortun.
La deuda interna se ha duplicado en una década y el Banco Central ha intensificado su papel en el financiamiento del déficit a través de la compra directa de bonos y la monetización de oro. Estas operaciones han inyectado liquidez, generando presiones sobre los precios. “La modesta recuperación reciente se explica enteramente por las compras de oro monetizadas por el banco central”, explicó Fortun.
Con este panorama, el informe proyecta que la paridad cambiaria del boliviano se romperá en el plazo de un año, ya sea por una salida administrada o una depreciación desordenada.
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“El mercado, por ahora, opera con base en las expectativas. Los diferenciales se han reducido desde la primera vuelta electoral, reflejando la esperanza de que un gobierno posterior al MAS restaure la credibilidad de las políticas. Pero los fundamentos cuentan otra historia”, indicó Fortun.
El IIF advierte además que “los subsidios a los combustibles siguen siendo el mayor pasivo fiscal, y su eliminación pondrá a prueba la resiliencia tanto de las instituciones como de la sociedad”. El documento prevé que el próximo gobierno enfrentará un Congreso fragmentado, organizaciones sindicales activas y grupos cívicos con capacidad de movilización. “En este contexto, la consolidación fiscal casi con certeza desencadenará protestas sociales”, sostuvo Fortun.
Para el analista, el resultado electoral importa, "pero el trasfondo más profundo es que quien gobierne a continuación heredará un sistema ya en una fase avanzada de deterioro” y ahora “no se trata de si llegará el ajuste, sino de cuán rápido y cuán disruptivo será”.
Bajo escenarios de reforma parcial de subsidios y ajuste controlado del tipo de cambio, el IIF proyecta un crecimiento de 0,4% en 2025 y una contracción de 0,5% en 2026. Sin embargo, Fortun advierte que “no habrá una narrativa de recuperación limpia, solo la elección entre un dolor inmediato o una erosión gradual”.
